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El Senado está en una encrucijada. Tiene que decidir si convierte en juez a un candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, pese a que fue considerado “no apto” para la toga en un examen psicológico durante el proceso de selección. Se trata de Domingo Montanaro quien, además, es cuestionado por organizaciones sociales por haber avalado la pena de muerte en ciertos casos y por supuestos abusos en su actuación como magistrado subrogante. Para el día de la audiencia pública, la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta citó a un representante del Consejo de la Magistratura y a los expertos encargados de los tests psicotécnicos para que expliquen “qué rigor científico tiene la evaluación que hacen”.
El nombre de Montanaro apareció en una lista de cincuenta candidatos a cargos en la Justicia elevada por el Ejecutivo al Senado a mitad de junio. El 22, el Ministerio de Justicia intentó despegarse de esa postulación puntual, pese a que la había avalado, con una nota al titular de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma, para aclararle que al aprobarla no sabían del bochazo en la prueba psicológica. El texto firmado por la secretaria de Justicia María José Rodríguez, al que tuvo acceso Página/12, señalaba diplomáticamente que Néstor Kirchner sí se había enterado de la situación antes de dar su visto bueno.
Montanaro se presentó en más de una decena de concursos desde que existe el Consejo de la Magistratura. Siempre obtuvo puntajes excelentes en las pruebas de conocimientos pero nunca logró un cargo. Las entrevistas públicas, que cuentan en la selección, le jugaron en contra. En una, los propios consejeros lo descartaron porque apoyó la pena de muerte para los delitos contra la administración pública. En otro proceso le volvieron a preguntar sobre el tema y dijo que “no había advertido que se habían constitucionalizado los pactos internacionales de derechos humanos, donde se propendía a eliminar la pena de muerte”.
Recién este año, el Consejo comenzó a implementar los tests psicológicos de manera obligatoria. Montanaro había sido ternado en un concurso anterior, para el Juzgado Correccional número 2 en el que actúa como subrogante. El resultado de “no apto” apareció en sus exámenes para la Cámara Federal de La Plata. Y los consejeros de la Comisión de Selección decidieron informarle al Gobierno que estaba analizando la designación. Pese a la advertencia, su pliego fue elegido por Kirchner y ahora es una brasa ardiente para el Senado.
En la Comisión de Acuerdos ganó fuerza en estos días la teoría de que el Ejecutivo propuso a Montanaro a propósito, para que los senadores lo reprueben y terminar así con el caso. El asunto genera polémica, por lo que el cuerpo decidió convocar para el día de la audiencia pública, 24 de agosto, a representantes de la Comisión de Selección del Consejo y del cuerpo de expertos que hace los estudios psicológicos de los aspirantes a juez, que son los mismos que actúan en la provincia de Buenos Aires. Los legisladores quieren escuchar con qué criterio se evalúa que alguien no está en condiciones de quedar al frente de un juzgado.
Montanaro enfrenta otras complicaciones que podrían afectar sus expectativas. Ante el Consejo ya fue objetado por organizaciones sociales y por la Unión de Empleados la Justicia (UEJN). Y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recibió fuertes denuncias por su actuación como magistrado suplente. La mayoría de estos planteos pasarían a formar parte de las impugnaciones ante el Senado que se presentarán esta semana:

- Montanaro fue cuestionado ante el cuerpo de consejeros por haber ordenado el desalojo de una veintena de personas en situación de emergencia habitacional que ocupaban predios abandonados y que, según disposiciones judiciales previas, estaban a la espera de una solución del gobierno porteño, con el que mantenían conversaciones para una salida pacífica. En los operativos hizo cinco detenciones, entre ellas la de una mujer portadora de VIH con su beba, que terminó presa en Ezeiza.

- La cooperativa 20 de Diciembre, que tiene un comedor comunitario para 140 personas y seis emprendimientos productivos (todo montado por la asamblea barrial de Parque Avellaneda) lo impugnó porque como juez subrogante ordenó el desalojo del centro comunitario y el procesamiento de los cooperativistas, pese a que tienen una actividad reconocida y con subsidios que recibe de los gobiernos porteño y nacional.

- El CELS también recibió denuncias por expulsiones abusivas y porque, cuando estuvo de turno en el fuero correccional, Montanaro dispuso más detenciones que las que se habían realizado en todo un mes.

- La UEJN ya lo había denunciado por violencia laboral, abuso de poder y posible mal desempeño. “Montanaro maltrata a su personal en el juzgado que subroga, con actitudes arbitrarias y gritos, a veces lindates con el insulto. Esto lo declaró hasta su propia secretaria ante la Cámara. Vamos a recurrir al Senado también, no deben designarlo”, dijo Julio Gómez Carrillo, secretario del gremio.