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El Consejo Consultivo Nacional –organismo encargado de manejar y controlar los programas sociales– recomendó al Gobierno que universalice los planes Jefes de Hogar y el Familias. La sugerencia apunta a que estos programas –los dos más grandes paquetes de ayuda social del país– sean transformados en un derecho al que accedan todos aquellos jefes de hogar desocupados y las familias que estén por debajo de la línea de indigencia. En la actualidad, es el Estado quien se reserva para sí la decisión de quién puede recibir un plan. En su documento, el Consejo Consultivo criticó la consecuencia directa de este modelo, el clientelismo.
El plan Familias cubre a 250 mil hogares. El Jefes de Hogar tiene un millón quinientos mil beneficiarios; aunque fue creado inicialmente como un programa de acceso universal, es decir destinado a todos aquellos desocupados que fueran cabeza de hogar, su inscripción se cerró a los seis meses, a mediados del 2002. “Y desde entonces la masa de indigentes ha crecido en un alto grado”, dijo a Página/12 Luis Balbaryski, vocero del Consejo.
Hoy, los dos programas, sumados, no llegan a cubrir la población bajo la línea de indigencia, que es de casi seis millones de personas.
El ordenamiento de los planes sociales, sostuvo por esto el Consejo, debería garantizar “la incorporación de todas las familias que cumplan con los requisitos”, reabriendo la inscripción a los programas. Y asegurándoles (ésta fue una segunda recomendación) un ingreso que permita a todos los hogares superar la línea de indigencia.
El organismo evitó poner un número al monto que deberían tener hoy los planes, pero dio a entender que es necesario un aumento. En la actualidad, el Jefes de Hogar consiste de 150 pesos y el Familias llega a 200, cuando la cantidad de hijos es numerosa.
El Consejo está integrado por representantes de Cáritas, la Amia, la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, el Foro de Intendentes, la iglesia evangelista y el Gobierno. Hay en él dos organizaciones piqueteras: la Federación de Tierra y Vivienda (kirchnerista) y la Corriente Clasista y Combativa (vinculada al Partido Comunista Revolucionario). Está también la CGT, aunque sus integrantes no aparecen demasiado en las reuniones, que se realizan una vez por mes en el Ministerio de Trabajo. Además de un Consejo nacional, hay en el país 2000 municipales, de los cuales funcionan en realidad 500.
Los consejos tienen una historia con más publicidad que resultados. Fueron creados en 2002, en los inicios de la gestión de Eduardo Duhalde, y en su momento se los promocionó como espacios donde la “sociedad civil” debatiría para dar un uso productivo a los subsidios. El discurso oficial subrayó su conformación plural, con representantes piqueteros, del Estado, la industria, el comercio, la iglesia y las ONG. Pero luego no pasó gran cosa, y pronto fue evidente que los planes no eran controlados por los consejos ni mucho menos asignados por ellos.
Un año después de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, denunció tal situación. “El plan (Jefes de Hogar) nació en un país que estaba desordenado y sufrió los vicios de ese desorden, pero no puede seguir así”, consideró entonces la funcionaria, en un reproche a los intendentes y al uso clientelar que los aparatos partidarios del PJ y la UCR habían dado a los Consejos y a los subsidios. Ahora, es el Consejo quien denuncia que la situación no ha variado, en un cuestionamiento a la política social del Gobierno formulado en plena campaña electoral.
“La realidad es que la mayoría de los consejos están conformados por gente elegida por el propio poder político”, definió el representante de Cáritas Alejandro Di Paola, quien habló de “revertir esa lógica” para “evitar el clientelismo”.

Males conocidos:

El paper fue entregado en el mes de junio al Ejecutivo, sin que se haya conocido hasta ahora una respuesta oficial. El Gobierno ha defendido desde el comienzo de su gestión la implementación de programas focalizados. El argumento en rechazo a la universalización es que los subsidios “desincentivan la búsqueda de trabajo”. Como opción pretendidamente superadora, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el Manos a la Obra, un plan que apuntó a crear microemprendimientos y autoempleo. Tampoco en este caso su acceso fue universal, sino que quedó en manos de los equipos técnicos del área. Su implementación no ha tenido resultados a gran escala.
¿Cuánto ha servido el Jefes de Hogar para generar trabajo? El diagnóstico del Consejo es que poco. El documento sugiere:

- Permitir que los beneficiarios accedan a programas para la construcción de viviendas.

- Invertir en la formación de los oficios que el mercado requiere.

- Aumentar los incentivos a los empleadores para vencer la resistencia a incorporar beneficiarios de planes sociales.

- Dar, junto con el plan, microcréditos para emprendimientos productivos.
En relación con el plan Familias, también hay un listado de propuestas:

- Eliminar el tope al monto de 200 pesos como máximo.

- Hacerlo compatible con los programas de construcción de viviendas.

- Mantener su compatibilidad con programas de becas de estudio.

- Asignar la titularidad del beneficio a la persona que tenga a cargo el cuidado de los niños, sea hombre o mujer.
Por otra parte, hay dos consideraciones que retoman un viejo reclamo de las organizaciones sociales, para que la asistencia abarque de manera masiva a los adolescentes que no estudian ni trabajan, y para que los mayores de 70 años “sean automáticamente incorporados al sistema de pensiones no contributivas”.
El documento habla, finalmente, de la necesidad de tener un registro único de beneficiarios de planes sociales, cuyo acceso sea público. La creación del registro fue anunciada por el gobierno de Duhalde y luego por el de Kirchner. Pero a juzgar por la evaluación de los consejeros, no tiene aún los elementos que permitan un verdadero control de los programas.

Informe: Carolina Keve.