EL PAíS
A la Plaza de Mayo se podrá entrar sólo si hay permiso del Gobierno
El ministro del Interior dijo que cada marcha deberá pedir la “autorización correspondiente”. Las organizaciones contestaron que eso es “decretar el estado de sitio de hecho”.
Por Miguel Jorquera
El Gobierno consideró un éxito el impresionante despliegue policial que el viernes le cerró el paso a los manifestantes. Convencido de que esa es la estrategia adecuada para terminar con las protestas callejeras, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, avanzó un paso más en esa dirección al afirmar ayer que “cada movilización a Plaza de Mayo deberá pedir la autorización correspondiente”, aunque señaló que “no habrá restricciones en el derecho de reunión”. Los desocupados contestaron que el ministro “se toma la atribución de decretar el Estado de Sitio de hecho” y redoblaron la apuesta: convocaron a una “Marcha Federal” que el 16 de setiembre confluirá en el histórico paseo.
La Plaza de Mayo ha sido siempre caja de resonancia de los espontáneos u organizados reclamos políticos y sociales y de los festejos populares, de los que el propio partido oficialista fue uno de los protagonistas principales. Pero ahora el Gobierno intenta regular las marchas sobre el simbólico paseo. “Cada movilización a Plaza de Mayo deber pedir la autorización correspondiente”, dijo Fernández, que argumentó su decisión arremetiendo contra los denominados piqueteros duros: “Tomaron a la Plaza de Mayo como camping y produjeron todas las tropelías en un lugar que nos pertenece a todos”, en referencia al acampe que realizaron semanas atrás.
Con este mismo argumento, el titular de la cartera política justificó el gigante despliegue policial que el viernes le cerró el paso a la movilización de trabajadores no médicos del hospital Garrahan, profesores universitarios, estudiantes, piqueteros y partidos de izquierda, a pesar de que la tensión que se produjo entre manifestantes y policías por momentos provocó el temor, de ambos bandos, que la marcha terminara en un enfrentamiento. “Creímos oportuno y conveniente que ante la misma actitud, o por lo menos, el no haber depuesto la actitud anterior, no permitir que llegaran a la Plaza”, insistió el ministro en declaraciones periodísticas.
En una reunión realizada ayer por la mañana, unas 25 organizaciones piqueteras duras analizaron como sortear el anillo de seguridad con que el Gobierno paralizó sus movilizaciones. En un documento que lleva la firma de todo los participantes se acordó que “ante la falta de respuesta, continúa el plan de lucha y convocamos a una Marcha Federal el 16 de setiembre llamada desde diversos sectores del movimiento popular”. Una iniciativa que nació de las agrupaciones de estudiantes universitarios.
“Estaríamos dispuestos a la suspensión provisoria de las medidas para ver si hay algún encaminamiento del reclamo, que es el de millones de argentinos que no pueden vivir así”, expresó Gustavo Gimenez, coordinador del MST-Teresa Vive y firmante del documento. Con el objetivo de dejar sentado su actitud negociadora, los piqueteros enviarán el martes una carta documento para “obligar” al Gobierno a dar una respuesta.
“Frente al diálogo y a los reclamos que venimos sosteniendo, el Gobierno nos opone la descalificación y la mentira de un supuesto pacto desestabilizador y un descomunal despliegue represivo impidiendo manifestarnos en Plaza de Mayo como no lo hizo ningún gobierno después de la dictadura”, dice otros de loa párrafos del documento que apunta al gobierno. Néstor Pitrola, del Polo Obrero, también le contestó a Aníbal Fernández: “El ministro se toma atribuciones como la instalar el Estado de Sitio de hecho” y “decir que miles de familias fueron de camping a la Plaza es burlarse de los desocupados que reclaman necesidades tan elementales como decisivas para sus vidas”, afirmó ante Página/12.
Mientras los piqueteros comienzan los preparativos para su Marcha Federal, el Gobierno deberá afrontar otra prueba: el 9 de setiembre habrá otra manifestación a la Plaza, a la que adhieren decenas de organizaciones políticas y sociales opositoras, que reclamarán que no se permita pisar suelo argentino a George W. Bush.