[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Después de pasar un año y dos meses presos, los quince manifestantes detenidos por protestar contra el Código Contravencional porteño recuperaron la libertad. El fiscal del tribunal oral Alejandro Alagia accedió a un pedido de los abogados defensores para cambiar la carátula de la causa; consideró que acusarlos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad había sido desproporcionado y que lo que corresponde, en todo caso, será juzgar si perturbaron el debate legislativo.
El tribunal oral ordenó los traslados desde las cárceles de Devoto y Ezeiza cerca de las siete de la tarde, luego de una larga negociación en la que los jueces intentaron ponerles a los presos como condición la firma de una probation. Pero no todos lo aceptaron, y los jueces dispusieron finalmente una excarcelación sin condiciones. De aquí al juicio oral quienes así lo quieran podrán hacer trabajos comunitarios para suspender el juicio, pero en principio la mayoría de los quince detenidos anticipó que no lo hará, ya que quieren demostrar su inocencia. “Nos armaron una causa con testimonios falsos de la policía. Yo no voy a aceptar la probation. Aunque así siga procesada, la voy a pelear hasta el final porque lo único que hice fue expresar mi opinión sobre una ley hecha contra los pobres”, dijo a Página/12 Marcela Sanagua.
El criterio es compartido por los abogados defensores, quienes plantean que el Estado deberá hacerse cargo de haberlos mantenido en prisión sin pruebas durante todo este tiempo.
De los quince presos, nueve son vendedores ambulantes, dos albañiles y uno anticuario. Hay además un transformista y dos mujeres en situación de prostitución. Fueron arrestados el 16 de julio del 2004, al término de la protesta frente a la Legislatura durante la que hubo incidentes. Como se recordará, ese día los diputados iban a discutir la sanción del nuevo código de convivencia para la ciudad de Buenos Aires, que endureció el trato hacia quienes trabajan en la calle; la norma restringió entre otras cosas las posibilidades de la venta ambulante, cambió las reglas para la oferta sexual, creó contravenciones que perjudican a los chicos de la calle y fijó una serie de limitaciones para manifestarse.
La mayor parte de los arrestados sostuvo desde el comienzo que no participó de los disturbios y que las pruebas en su contra consistieron en dichos de la policía. En el expediente judicial sólo cuatro o cinco aparecen en las grabaciones de video tirando piedras. Son imágenes que han mostrado su endeblez, ya que uno de los detenidos, Pablo Amitrano, ha probado que en los videos que se usaron en su contra no es él quien aparece, sino otra persona. La Federal lo confundió o lo acusó falsamente. Sin embargo la jueza Silvia Ramond procesó a los quince como autores de los delitos de coacción agravada (consideró que habían buscado atemorizar a los legisladores), privación ilegítima de la libertad (sostuvo que los diputados no habían podido salir del edificio por la protesta) y daños. La acusación de mayor gravedad fue la de coacción, ya que prevé una pena de entre 5 y 10 años e implicó que los presos fueran mantenidos tras las rejas.
Desde entonces hubo una serie de recursos judiciales que plantearon la falta de fundamento del fallo y su carácter abusivo. Acusar a quienes participan de una protesta de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad, plantearon los abogados defensores, implica una utilización abusiva del Código Penal para criminalizar la protesta. Estas quejas no tuvieron respuesta: en estos 14 meses habían sido rechazados cuatro pedidos de excarcelación similares al de ayer. Por este motivo, tres de los presos estaban cumpliendo una huelga de hambre desde hacía veinte días y habían debido ser hospitalizados.
La puerta para el cambio de carátula se abrió recién a principios de esta semana, facilitada por un hecho aparentemente fortuito: el fiscal natural del caso pidió una licencia médica. Fue reemplazado por Alejando Alagia, reconocido en el ámbito judicial por su perfil garantista.
El lunes, el defensor oficial Julián Langevin le pidió a Aliaga el cambio de carátula y una probation uno de los presos. El fiscal la concedió y el primer preso recuperó la libertad. Los defensores restantes solicitaron entonces el mismo cambio de carátula para sus patrocinados.
Los quince ex detenidos son Marcela Sanagua, Margarita Meira, María del Carmen Infrán, Antonio Medina, Eduardo Ruiz, Jorge Nieva, Eduardo Suriano, Fabián Scaramella, Carlos Santamaría, Horacio Ojeda, Jesús Calderón, Adolfo Sánchez, Pablo Amitrano, Héctor Gómez y César Gerez. Anoche, tras ser liberados, se reunieron en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre acompañados por los familiares y amigos que en estos meses tuvieron que aprender a la fuerza a reclamar en un contexto sumamente hostil, en el que prácticamente no fueron escuchados por ningún medio.
Vendedores ambulantes, prostitutas y desocupados, en todos los casos ya pobres en el momento en que fueron detenidos por manifestar, deberán hacer frente ahora a la precariedad extra que implica todo paso por la cárcel. “Sufrimos un atropello del Estado”, definió Jorge Nievas.
Las audiencias del juicio oral no tienen todavía fecha de inicio, aunque fuentes judiciales estimaron que es posible que se realicen cerca de fin de año.