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La situación política en Tierra del Fuego amenaza con volverse inflamable. Ayer, apenas un día después de asumir el Ejecutivo tras la suspensión del gobernador Jorge Colazo (radical-kirchnerista), el vice Hugo Cóccaro (peronista, cercano a Adolfo Rodríguez Saá) anunció que había conformado su gabinete y dispuso sus primeras medidas de gobierno. Los anuncios sonaron como un retorno a los ‘90: Cóccaro anticipó una reducción del gasto público y el despido de muchos “cargos políticos” –unos 600– de la administración provincial. En consonancia con sus primeras acciones de Gobierno, el gabinete de Cóccaro está integrado por varios dirigentes vinculados con el ex gobernador Carlos Manfredotti, uno de los aliados históricos de Carlos Menem. Los primeros en ser confirmados fueron el ministro de Coordinación, Enrique Vallejos; la ministra de Educación, Marisa Urdapilleta; el secretario de Seguridad, José Ojeda, y el jefe de Policía, Roberto Barbero. En la edición de ayer, Página/12 anticipó las designaciones de Vallejos y Barbero. Mientras Cóccaro comienza su gestión a toda velocidad, Colazo llegará mañana a Ushuauaia con la intención de reasumir el Gobierno. La situación preocupa a la Casa Rosada. “Estamos prestándole mucha atención. Nos preocupa mucho la institucionalidad”, insistió ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en diálogo con Página/12. El viernes, Colazo presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia. Con el patrocinio del ex camarista Ricardo Gil Lavedra, reclamó al máximo tribunal que resuelva si la suspensión por 60 días y el inicio del juicio político en su contra se corresponden con la Constitución provincial. Los colaboradores de Colazo confían en que el tribunal se expedirá mañana mismo, y que concluirá que la suspensión –que la Legislatura votó el viernes– es inconstitucional. “Lo que acusan no se encuadra en las causales de juicio político que fija la Constitución. Esto ha sido armado de manera totalmente irregular, han quedado muestras claras de ello”, acusó el vocero de Colazo, Eduardo Monchietti. En la Rosada sostienen que, más allá de sus características personales, Colazo fue destituido de forma irregular. “Le hicieron una suerte de golpe de Estado. No vamos a permitir que licenciosamente estén cambiando gobernadores porque sí”, advirtieron desde Balcarce 50.