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A instancias de Suez, el directorio de Aguas Argentinas propuso ayer a la asamblea de accionistas que tendrá lugar el jueves rescindir el contrato de concesión. La retirada llevaría no menos de noventa días, plazo imprescindible para hacer el traspaso de la decisiva gestión comercial y encontrar alguna nueva fórmula para resolver esta privatización. Ayer mismo, el Ministerio de Planificación respondió esa avanzada belicosa de la empresa con otro apriete, al anunciar que hará conocer a la Inspección General de Justicia, acreedores y a los propios accionistas la debilidad jurídica de aquel posible retiro unilateral: las causas que invocó la firma gala para rescindir por culpa del Estado en julio pasado no son válidas porque su reclamo resulta extemporáneo. Más allá de las chicanas legales, ambas partes enfrentan dificultades para concretar el divorcio. El Gobierno aún no resolvió un esquema de concesión sustituto, que incluya un nuevo operador-inversor, posiblemente bajo un acuerdo de gerenciamiento. Y la adjudicataria, además de su defolteada deuda financiera de casi 600 millones de dólares, debería afrontar otras multimillonarias demandas ante la Justicia argentina que encararon asociaciones de usuarios.
Aunque la situación no es totalmente irreversible, hoy el punto es que Aguas podría rescindir su contrato acusando al Estado de no haber impedido resolver la ecuación económico-financiera de la concesión y, por lo tanto, de poner en riesgo la prestación del servicio. En esos eventuales términos, se fundaría un reclamo indemnizatorio adicional al que Suez y Aguas de Barcelona ya plantearon ante el Ciadi, donde exigen un resarcimiento por los perjuicios que les habría ocasionado la pesificación y congelamiento de tarifas.
Aquella segunda embestida legal fue esbozada por la empresa en la nota que envió al gobierno argentino el 20 de julio pasado, advirtiéndole que si en el término de treinta días hábiles no se resolvían las cuestiones contractuales pendientes, podrían abandonar el servicio. En el texto, la empresa invoca hechos que van desde la demora en la renegociación a la resolución del Etoss de enero pasado, por la que los reguladores le avisan que, al expirar el acta acuerdo firmada en enero de 2004, quedaban en pie todas las obligaciones contractuales, incluidas multas por incumplimientos.
Pero según los técnicos oficiales, ya pasaron mucho más de los treinta días previstos en el contrato de adjudicación para hacer cualquier emplazamiento de aquella naturaleza, fundándolos en los supuestos “agravios” del Estado. Ahora Julio De Vido amenaza con dar a conocer a todas las partes interesadas en el tema –incluidos “fiscalizadores”, “el síndico contable de la empresa” y “socios minoritarios”– este criterio, que en su momento le hizo conocer a las autoridades locales de Aguas de inmediato.
Se trata del primer recurso para enfrentar otra demanda indemnizatoria de la empresa. El segundo y más contundente movimiento del Estado sería demandarla por sus incumplimientos contractuales, algunos de ellos ya detallados en un informe del año 2003. Si finalmente el reclamo estatal fuera exitoso, podría servir para contraponer a la indemnización que los principales accionistas de Aguas plantearon ante el Ciadi. En otros términos, una especie de neutralización o canje de una indemnización por otra.
Si pasado mañana la asamblea de accionistas convalida la idea de abandonar la concesión, se abriría una transición que podría llevar hasta un año, básicamente para terminar con el inventario de los activos cuya valuación es uno de los temas que no pudo cerrarse en la suspendida renegociación. Pero en no más de tres meses tendría que estar formalizado el traspaso de la información que permite gestionar comercialmente la empresa, algo que a juicio de algunos técnicos oficiales resulta decisivo. En caso de ser este el camino, Aguas Argentinas se llevaría sobre sus espaldas un pesado pasivo financiero y la contundente amenaza de engrosarlo con una serie de demandas judiciales que iniciaron ante los tribunales argentinos asociaciones de usuarios. Los reclamos son variados y multimillonarios. Desde un resarcimiento por baja presión del agua (250 millones de pesos) a supuestos errores en la medición de los usuarios no residenciales (900 millones de pesos). En la abortada revisión contractual, se especuló con promover acuerdos extrajudiciales que permitirían reducir drásticamente aquellos exorbitantes reclamos a montos muy inferiores, siempre con el aval del Etoss.
El Gobierno aún no tiene un socio o inversor sustituto. Pero especula con reformular la privatización, transformándola en un contrato de gerenciamiento al estilo de los que tienen los concesionarios de trenes urbanos o de rutas por peaje: un privado opera y maneja la caja y el Estado hace las inversiones sustanciales, en este caso, para expandir el servicio de aguas y cloacas. Pero aún para tomar este atajo, necesita de alguna empresa privada que se responsabilice por la operación de un servicio muy sensible y políticamente poco redituable. A ningún funcionario le seduce la idea de enfrentar cuestionamientos por una probable baja de presión en el agua, común en el verano.