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El pasivo de 700 millones de dólares generado por Aguas Argentinas, deuda que el grupo francés Suez que controla la firma intenta transferir al Estado, es apenas una de las manifestaciones de un proceso de privatización cuyos resultados no concuerdan en absoluto con los objetivos explícitos que se propuso en 1993, en esencia, “la promoción de la universalización y mejoramiento de los servicios de agua potable y cloacas”. El fracaso no fue sólo económico. La gestión de Aguas Argentinas produjo también graves consecuencias sociales y ecológicas.
Entre los trabajos más exhaustivos sobre los resultados de la privatización de la ex Obras Sanitarias de la Nación (OSN) se encuentran los realizados por los investigadores de Flacso Karina Forcinito y Daniel Azpiazu. Una de estas investigaciones, publicada en 2004, es Recursos públicos, negocios privados: agua potable y saneamiento en el Area Metropolitana de Buenos Aires, trabajo que reseña las principales falencias de la gestión del grupo Suez.
De acuerdo con los objetivos de la privatización de la porción de OSN obtenida por Aguas Argentinas, reseñan los investigadores, la variable definitoria para ganar la licitación fue “el menor nivel tarifario base” destinado a financiar tanto la prestación del servicio como un plan de inversiones especificado para los primeros 10 años sobre los 30 de concesión. El resultado fue que entre mayo de 1993 hasta enero de 2002, las tarifas residenciales, gracias a sucesivas renegociaciones, se incrementaron el 88,2 por ciento frente a precios minoristas que crecieron el 7,3 por ciento. La tasa de rentabilidad promedio acumulada fue del 12,9 por ciento anual respecto a la facturación y del 15,4 por ciento en relación al patrimonio neto.
Las ganancias no se destinaron a inversiones. La firma controlada por capitales franceses no cumplió con el plan comprometido. Las inversiones realizadas, financiadas con endeudamiento externo –parte del cual habría alimentado también el negocio financiero interno–, se destinaron principalmente al segmento más redituable del negocio. Desde 1993 la cobertura del servicio de agua se expandió alrededor del 4 por ciento, mientras que el de cloacas decreció el 3 por ciento. Estos últimos datos fueron obtenidos por Forcinito y Azpiazu de la información del Indec, lo que revela las dificultades para acceder a la información de primera mano. Incluso los dos informes realizados por la actual gestión del Etoss, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, sobre el incumplimiento de las inversiones de Aguas tienen carácter “reservado”.
Desde una perspectiva social, el extraordinario aumento tarifario se repartió de manera diferencial entre la población. Para los sectores de menores ingresos, los que sólo pagan la factura mínima, el ajuste fue del 177 por ciento, mientras que para el 10 por ciento con facturación más alta fue del 44 por ciento, todo un logro en materia de distribución regresiva. En consecuencia, para el decil de menores recursos el pago del servicio, cuando lo tienen, representa el 9 por ciento del ingreso familiar medio. Para el de mayores ingresos, el 1,3.
Lejos de alcanzar los parámetros preestablecidos, la calidad de la prestación del servicio desmejoró notoriamente. Según un trabajo del Etoss, a partir de 2002 se detectaron cantidades de cianuros, nitratos, arsénicos y cloro, entre otras sustancias tóxicas, muy superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En el Gran Buenos Aires, el aumento en la provisión de agua y la disminución de las cloacas provocó aumentos en la altura de las napas freáticas e inundaciones de aguas servidas.