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La suerte de la concesión del servicio de agua potable y cloacas en la Capital Federal y el conurbano se define a miles de kilómetros de Buenos Aires. Y en las instancias actuales, casi sin participación de funcionarios del gobierno argentino. Más precisamente, el escenario de definiciones estará delimitado por un triángulo conformado por Madrid, Barcelona y París. La decisión del grupo Suez de impulsar la rescisión del contrato de Aguas Argentinas con el Estado no hizo más que dinamizar una operación ya conversada pero que recién empieza. Antonio Brufau, como representante del grupo catalán La Caixa, y Miguel Sebastián, principal asesor económico del gobierno socialista, son desde el último fin de semana los responsables de conversar con los directivos de Suez acerca de una salida “amigable”, que todavía no tiene un dibujo definitivo ni inversores dispuestos a poner plata.
“Si La Caixa no estuviera asociada en 50 y 50 (por ciento) con Suez en Aguas de Barcelona, el asunto estaría arreglado”, señaló una fuente cercana a las conversaciones desarrolladas en estos días. Aguas de Barcelona es una sociedad de capital compartido entre la francesa y la catalana, y es la razón social con la que operan unidas en Latinoamérica, pero también en Europa. Constituyen una asociación global estratégica mediante la cual el grupo catalán logró expandir sus negocios en el mundo a un área de servicios que le era totalmente ajena.
Compartir negocios no significa compartir posturas políticas. En particular, en el caso de La Caixa, influyente grupo financiero, industrial y de servicios convertido en soporte o “apoyo de retaguardia” del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Apoyo que en nada compromete a Suez. Menos aún si se trata de negocios, o relaciones políticas, que tienen lugar de este otro lado del Atlántico.
La conquista del gobierno español por parte del PSOE el año pasado –antes en manos del Partido Popular–, y la posterior captura de Repsol YPF por parte de La Caixa –antes controlada por empresarios vinculados al BBVA–, mejoró notablemente las relaciones de ambos, gobierno y grupo empresario, con las autoridades argentinas. Brufau, nombrado al frente de Repsol, se convirtió en un hombre clave para el gobierno de Kirchner, tanto por el control de sectores estratégicos como por su “comprensión” de las necesidades políticas del santacruceño. Sin embargo, la mayor disputa, la más despiadada, que debió afrontar el Gobierno en la renegociación con las privatizadas, la de Aguas Argentinas, encontró a Brufau en el medio de la batalla, pero sin capacidad de decisión.
Aguas de Barcelona es accionista de Aguas Argentinas con una participación del 25 por ciento, pero por la asociación global estratégica de La Caixa con Suez no puede hacer otra cosa que acompañar lo que la francesa decida en materia de continuidad en el negocio. Esta fue la explicación que recibió el gobierno argentino cuando intentó, ante su par español, que se diferenciaran la postura del accionista “español” –Agbar no lo es totalmente, en verdad– y del socio controlante francés. A cambio, recibió de Rodríguez Zapatero una propuesta: encargar a Miguel Sebastián, su asesor, y a Brufau, que gestionaran una solución al tema. Y un compromiso: que en esta tarea harían “lo imposible” para encontrar una salida.
El límite de la gestión está dado, justamente, por el inseparable matrimonio entre Suez y La Caixa, más allá de los intereses políticos de este último grupo. De allí la expresión ya mencionada de que sin esa sociedad “el asunto estaría arreglado”. Por lo tanto, la primera misión del tándem Brufau-Sebastián será buscar convencer a Suez de volver a la mesa de negociación. ¿Hay espacio para ello?, preguntó este diario a un funcionario cercano a estas conversaciones. “Espacio hay, pero se mide en milímetros”, fue la respuesta.
Si este camino se cierra, lo siguiente sería buscar que Suez otorgue una “dispensa” a su socio catalán para que siga en Aguas Argentinas después deque aquélla salga. Una solución que hoy parece imposible, a la luz del poder de fuego de las declaraciones de uno y otro lado –gobierno argentino y Suez–. Hoy los franceses no quieren ningún arreglo, pero tampoco irse callados. Sin embargo, quienes confiaron la negociación a Brufau computan dos datos a favor. A partir de la decisión que la asamblea de accionistas de Aguas Argentinas tome esta semana, se abre un período de 90 días para que el gobierno argentino responda, “un plazo suficiente para que pasen las elecciones y los ánimos se enfríen”. El otro dato es la confianza en la habilidad de Brufau para sacar un conejo de la galera: que haga “lo imposible”, como prometió el jefe de gobierno español.
De allí que se hayan abierto, en las últimas horas, tantas conjeturas: que Agbar quede como operadora con un tercero como inversor, que aparezca un pool de bancos con alguna ingeniería financiera que libere a Suez de la deuda con el BID, etc. Alternativas que, hasta ahora, no tienen nombre ni dinero que las respalden, y no pasan de ser borradores a considerar más adelante. Las conversaciones clave recién están por comenzar, y tendrán lugar muy lejos de Buenos Aires.