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Jorge Olivera es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Paso de los Libres, una de los organismos querellantes en la causa en la que se investiga el funcionamiento del ex centro clandestino de detención que funcionó en La Polaca, una estancia de 40 hectáreas, sobre la vera del río Uruguay y a pocos kilómetros de la localidad correntina. En una conversación telefónica con Página/12, el abogado aseguró que el expediente que investiga la justicia federal hay datos que vinculan el accionar represivo del Ejército con la Gendarmería, aunque hasta ahora se desconocía que el relevado jefe de esa fuerza de seguridad, Pedro Pasteris, fue el responsable operativo del puente internacional que une Paso de los Libres con la brasileña de Uruguayana, donde fueron secuestrados varios militantes montoneros entre el año ‘79 y ‘82. Ahora pedirán la indagatoria de Pasteris y de Martín Balza.
–¿Ustedes sabían que el jefe de la Gendarmería fue el responsable del puente entre Paso de los Libres-Uruguayana durante el denominado Operativo Murciélago?
–Hasta ahora la investigación se había centrado en la información que surge del llamado informe Waern, donde los principales imputados son miembros del Ejército que pertenecieron al Destacamento de Inteligencia 123, que dependía del Batallón 601. Aunque dentro del expediente existen denuncias que vinculan a personal de Gendarmería en los secuestros.
–Según el informe Waern existía un “convenio” entre el Ejército y la Gendarmería para el accionar sobre el puente internacional.
–No podemos decir que era un “convenio” formal, pero existen testimonios sobre el procedimiento del que la Gendarmería no sería ajena. El puente internacional es jurisdicción de la Gendarmería, salvo en el río propiamente dicho que interviene la Prefectura. Allí se instalaban, según los relatos, en una cabina especial los servicios de inteligencia del Ejército con quienes llamaban “marcadores”, que identificaban a la gente que luego detenía Gendarmería para ser llevada a La Polaca u otros lugares. Indudablemente había un accionar conjunto en el que el resto de las fuerzas colaboraban o al menos conocían perfectamente.
–¿Existen otros datos en la causa que vinculen a la Gendarmería directamente con La Polaca?
–En la misma causa, existe la denuncia del secuestro en 1979 del contador público Carlos Figueredo, en la localidad de Alvear que fue llevado a La Polaca. En el secuestro, siempre según los testimonios, intervinieron dos gendarmes y un miembro del Ejército, todos identificados. Así que hay datos sobre el accionar conjunto, pero la causa es muy amplia y hasta ahora el juez se había centrado en los miembros del Ejército, no habíamos llegado hasta los gendarmes.
–¿Cómo está la causa actualmente?
–El juez Juan Angel Oliva tenía que expedirse sobre la situación procesal de cinco miembros del Ejército indagados, todos pertenecientes al Destacamento de Inteligencia 123. Entre ellos hay tres coroneles: Francisco Javier Molino, Antonio Simón y Jorge Félix Riú, además del teniente Filipo y el sargento Fernández.
–¿Qué van a hacer a partir de este dato que vincula a Pasteris con los secuestros?
–Le vamos a pedir al juez que lo cite a declarar. Está claro que si estuvo durante esos años al frente de la Sección Puentes que dependía del escuadrón de Gendarmería Nº 7 tiene mucho para decir. Hay dos casos, el del sacerdote Jorge Adur y Carlos Marcón, que fueron secuestrados en junio del ‘80 arriba del puente internacional cuando regresaban al país en micros y el operativo estuvo a cargo de Gendarmería, y este dato coincidiría con la fecha en la que él habría estado a cargo de ese lugar. Pero también vamos a pedir que se convoque a declarar a Martín Balza.