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Los diputados kirchneristas Juan Manuel Irrazábal (Misiones), Susana Llambí (Neuquén) y Hugo Perié (Corrientes) acudieron ayer a la Justicia para presentar una denuncia penal contra Luis Barrionuevo por sus amenazas de desestabilizar al presidente Néstor Kirchner. En el mismo sentido, el abogado Ricardo Monner Sans pidió que se investigue si el dirigente de San Martín violó el Código Penal con sus dichos, pero lo hizo al solicitar que se amplíe una investigación que ya está abierta en el fuero federal.
El 26 de agosto, un día después de que Kirchner denunciara la existencia de un plan de desestabilización, Monner Sans requirió que se investigara si esas manifestaciones podían ser encuadradas en la figura de sedición. El planteo recayó en el juzgado de Claudio Bonadío, y el fiscal federal Jorge Di Lello habría pedido una serie de medidas a la Jefatura de Gabinete, según pudo saber Página/12. Ahora Monner Sans sostiene que “una cosa es el respeto por la huelga como derecho constitucional y otra diametralmente distinta es entender que hay alguien que pueda sentirse dueño de todo nucleamiento gremial a los fines de disparar una suerte de amenaza de alteración del orden constitucional argentino”.
El dirigente de la CGT había asegurado: “Ese hombre (por Kirchner) me va a necesitar a mí para llegar al 2007, la CGT estabiliza o desestabiliza, porque yo me paro en la central obrera y digo que vamos por más aumentos salariales y empezamos con las huelgas”.
Por su parte, los legisladores redactaron la denuncia contra el dirigente gastronómico por instigación a cometer delitos y el alzamiento en armas contra la Constitución y los poderes públicos. En su escrito puntualizaron que “los dichos del señor Barrionuevo tipifican una clara amenaza extorsiva dirigida al Presidente de la República y del explícito contenido de sus dichos inferimos que están encaminados a condicionar el ejercicio de la autoridad presidencial a sus deseos personales”. Agregaron que “la gravedad de las declaraciones que motivan esta denuncia se aprecia aún más, en tanto pretenden involucrar a una institución fundamental como es la Confederación General del Trabajo, en el rol de herramienta de chantaje político al servicio de los deseos de Barrionuevo, de cuyos dichos se deduce que visualiza como legítimo el ejercicio del derecho de huelga como instrumento de presión política”.
Aunque el escrito ya está redactado, los diputados no pudieron entregarlo ayer por el paro de los judiciales, pero aseguraron que lo harán la semana próxima.