EL PAíS › LOS INTERROGANTES JUDICIALES QUE ABRE LA DEROGACION DE LA LEY
Los banqueros por la liberación
La fenecida ley daba sustancia a unas 43 causas judiciales. Ahora queda en manos de los jueces el destino que tendrá cada una.
Por Fernando Cibeira
En los inicios del debate por la derogación de la Subversión Económica, el grupo de senadores rebeldes del PJ le pidió a la Cámara Federal un informe sobre las causas abiertas por esta ley. El sistema informático de la Cámara bajó un listado de 43 causas con algunos nombres sorprendentes: ex funcionarios como Domingo Cavallo, Pedro Pou y Carlos Bastos, empresas como Repsol YPF, bancos caídos como el Mayo y el BIR y hasta Alfredo Yabrán habían sido denunciados por la 20.840. Pero lo que realmente preocupó al FMI al nivel de condicionar su ayuda hasta que se derogue la norma fue que la jueza federal María Servini de Cubría le dictara prisión preventiva a los hermanos Rohm y que un juez de instrucción como Mariano Bergés hiciera desfilar por su juzgado a los banqueros más importantes del país. Ahora, con la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad otra, todo parece indicar que serán los propios jueces quienes decidirán la real importancia que tuvo la votación de ayer del Senado.
La ley de Subversión Económica fue aprobada en octubre de 1974 y estableció penas de 2 a 9 años de prisión y multas de 75.000 a cinco millones de pesos. Lo que penaba eran los delitos económicos cuyas consecuencias perjudicaran la economía nacional o la seguridad del Estado. La ley fue parcialmente derogada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en los artículos referidos a la subversión armada. Básicamente, los jueces la utilizaron para investigar la quiebra de bancos y de empresas como en el caso Konner Salgado. Lo cierto es que la ley estuvo durante años bastante fuera de circulación hasta que lo sucedido alrededor del corralito la devolvió a la primera plana.
Una reunión de banqueros en Buenos Aires encendió la luz roja en el FMI. El juez Bergés había citado a 20 directivos de seis bancos privados a los que investigaba por fraude. Por su despacho de Tribunales pasaron Eduardo Escasany, del Galicia; José Dagnino Pastore, del Sudameris; Peter Baumann, del Citibank; Manuel Sacerdote, del Boston; y Alan McDonald, del Scotiabank. Con algunos interrogatorios Bergés fue más que exhaustivo. Por ejemplo, Escasany salió enfurecido de Tribunales después de declarar durante más de once horas. En cuanto pudieron, los banqueros le expresaron sus miedos al FMI que, a partir de ahí, comenzó a unir la expresión “inseguridad jurídica” con “subversión económica”.
Al final, Bergés le dictó la falta de mérito a los banqueros y se declaró incompetente para seguir la investigación que derivó a la justicia federal. El juez le pidió al nuevo fuero que continúe la pesquisa a los banqueros, al ex presidente Fernando de la Rúa y a Cavallo, por los delitos de “evasión tributaria, subversión económica y lavado de dinero”. Hoy, esa causa descansa en el juzgado de Norberto Oyarbide.
La derogación que aprobó el Congreso incluyó una cláusula que establece que las causas abiertas en el fuero federal “continuarán sustanciándose ante el mismo fuero hasta que se dicte sentencia con autoridad de cosa juzgada”. Los alcances de esta cláusula se verán sobre la marcha. Rápidamente se producirá un caso testigo con la causa de los Rohm. Servini le dictó la prisión preventiva el 23 de enero a José “Puchi” Rohm (actualmente prófugo) y a su hermano Carlos (en prisión), presidente y vice del Banco General de Negocios (BNG). Además de presuntos organizadores de una asociación ilícita también les endilgó maniobras de subversión económica.
Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers la vieron venir y el 10 de mayo hicieron un dictamen advirtiendo a la jueza que “la derogación de la ley no acarreará el fin de la investigación” y que no se creará “un vacío de impunidad”. No obstante, ayer por la noche, algo eufórica por la actuación del Senado, la defensa de Carlos Rohm anunció que hoy mismo pediría la excarcelación del ex banquero. La decisión la tendrá que tomar Servini quien, siempre en privado, había advertido a los senadores que la consultaron sobre las posibles consecuencias. “Si la derogan, yo voy y lo suelto a Rohm en el Congreso y arréglense”, había amenazado. En eso, por lo menos, no cumplió.