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La oposición porteña puso definitivamente en la mira a Aníbal Ibarra y aconsejó la apertura del juicio político en su contra por su presunta responsabilidad en el incendio de República Cromañón. La recomendación quedó formalmente planteada en el dictamen que presentaron los integrantes macristas y de izquierda de la Comisión Investigadora de la Legislatura que sigue el caso del boliche de Once, en el que se acusa al jefe de Gobierno por mal desempeño de sus funciones. Aunque tienen plazo hasta fines de noviembre, los legisladores decidieron que la Sala Acusadora se reúna el 13 de ese mes para votar si corresponde o no enjuiciar a Ibarra.
Los legisladores del macrismo y la izquierda controlan numéricamente la Comisión Investigadora encargada de conducir el proceso de juicio político abierto contra Ibarra. Su dictamen es, por lo tanto, el de mayoría.
“Ibarra no pudo desvirtuar con su descargo ninguna de las conclusiones a las que había arribado la comisión investigadora especial de Cromañón en relación con su negligencia y desidia en el control de los locales bailables”, explicó a Página/12 el macrista Martín Borrelli sobre los motivos que llevaron a los investigadores de la oposición a recomendar su enjuiciamiento. Además de ese legislador, firmaron el dictamen mayoritario los también macristas Marcelo Godoy y Alvaro González; su socio de Recrear Jorge San Martino; Jorge Enríquez; y Daniel Betti y Rubén Devoto, del Interbloque de Izquierda.
El dictamen tiene casi 200 fojas y reproduce en un formato apropiado para la ocasión lo que fue el informe final de la comisión especial de Cromañón, en el que se responsabilizó a Ibarra por el incendio del boliche. Una vez que el caso empezó a tratarse en la Comisión Investigadora, la oposición tomó como propio aquel informe, en función de sus conclusiones le imputó de entrada doce cargos al jefe de Gobierno.
Esas doce imputaciones se repiten ahora en el dictamen de la mayoría, que recomienda que Ibarra sea suspendido en su cargo y sometido a juicio político por mal desempeño en sus funciones. Dos de los cargos que se le hacen al jefe de Gobierno están vinculados con el manejo presuntamente ineficiente de la emergencia con posterioridad al incendio de Cromañón; uno está referido a la designación de funcionarios no idóneos, en particular de la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante; y los nueve restantes tienen relación con la tramitación de las habilitaciones y los controles realizados por la comuna. El macrismo y la izquierda sintetizaron que Ibarra incurrió en “mal desempeño, ineficaz política de habilitación, verificación y control de actividades comerciales e ineficiente asignación de recursos para control comunal”.
Ibarra reclamó en el marco de su defensa la nulidad de tres de las imputaciones, pero la oposición rechazó su planteo y ratificó los cargos en su dictamen. “Eso muestra que el macrismo tiene la decisión tomada de avanzar contra Ibarra. Desde el informe Cromañón hasta ahora no se ha modificado ninguna de las acusaciones y está claro que de nada sirvieron los testigos ni el descargo presentado por el jefe de Gobierno”, remarcaron desde el ibarrismo.
La posición ibarrista quedará reflejada en el dictamen absolutorio que presentará la oficialista Sandra Dosch. El borrador sobre el que vienen trabajando asesores de esa legisladora advierte sobre un intento “burdo e inmoral de golpe institucional” por parte de la oposición, a la que acusa de haber incurrido con ese afán en la “tergiversación de testimonios, el encubrimiento y la falsedad”.
El plazo para la presentación de dictámenes vence el próximo lunes a las once de la mañana. Los kirchneristas Diego Kravetz y Silvia La Ruffa presentarán uno propio que también recomendará la absolución. Aunque también es kirchnerista, Miguel Talento prepara otro por su cuenta, mientras que el legislador del ARI Fernando Melillo y Ariel Schifrin presentarán un dictamen acusatorio conjunto. La palabra final sobre el futuro de Ibarra la dará la Sala Acusadora y la fecha ya está puesta: el próximo 13 de noviembre.