EL PAíS › EL JUICIO POLITICO POR EL CASO CROMAÑON
El Día D para Aníbal Ibarra
Con los familiares de las víctimas del incendio en Cromañón redoblando sus presiones sobre los legisladores, la Comisión Acusadora decidirá hoy si da curso al juicio político contra el jefe de Gobierno porteño.
Por Santiago Rodríguez
La jornada de ayer en la Legislatura porteña estuvo signada por una guerra de nervios que promete aumentar en su intensidad hasta el momento mismo en que la Sala Acusadora decida finalmente hoy –salvo que haya cambios de último momento– si corresponde o no enjuiciar a Aníbal Ibarra por el incendio de República Cromañón. Mientras los familiares de las víctimas redoblaron su presión para que el jefe de Gobierno sea sometido a juicio político y un grupo de padres decidió, incluso, realizar una vigilia frente al edificio de Perú e Hipólito Yrigoyen, entre los legisladores continuaron las especulaciones sobre una posible postergación de la votación que sellará el futuro de Ibarra y se realizaron hasta el cansancio conteos sobre el número de votos a favor de una y otra posición. En medio de la pulseada quedó el gobierno nacional y cada movimiento fue seguido con atención desde el Ejecutivo local. Todo sigue indicando que el juicio político no prosperaría.
En simultáneo con las conjeturas, los legisladores terminaron de decidir los detalles operativos de un día que no será sencillo. Los 45 integrantes de la Sala Acusadora fueron convocados al recinto a las 15.30. No sólo se descuenta que la sesión empezará más tarde porque en la Legislatura nunca son puntuales, sino también que no todos los acusadores estarán presentes. Las ausencias no serán un dato menor: para enjuiciar a Ibarra hacen falta 30 votos, una mayoría especial establecida en la Constitución porteña que no desciende aunque que haya menos legisladores de los que corresponde sentados en sus bancas. Todo ausente, por lo tanto, jugará a favor de la continuidad del jefe de Gobierno en su cargo.
El conteo que hacían anoche los legisladores y sus asesores indicaba que a favor del juicio político votarían unos 26 acusadores, con lo cual el caso sería archivado definitivamente e Ibarra seguiría en su puesto hasta el término de su mandato en 2007. El mismo número manejaban en el Ejecutivo porteño y en la Casa Rosada. Los familiares de las víctimas, en cambio, aseguraban que sólo les faltaba un voto para enjuiciar a Ibarra. En caso de que eso ocurriese, el jefe de Gobierno sería automáticamente suspendido en sus funciones por el término de cuatro meses. En ese plazo la Sala Acusadora de la Legislatura, integrada por 15 miembros, debe resolver en ese plazo si corresponde destituirlo o no.
Otra cosa que nadie descarta es que se pueda llegar a suscitar algún incidente, si fracasa –como todo indica– el intento de enjuiciar a Ibarra. Unos 600 efectivos de la Policía Federal participarán del operativo de seguridad previsto para la ocasión. La Legislatura, de hecho, fue vallada ayer y una vez cerrado el perímetro los policías empezaron a controlar el ingreso. A la mayoría del personal legislativo se le dio asueto hoy y los legisladores debieron informar quiénes permanecerán en sus respectivos despachos. Según lo acordado un grupo de padres de las víctimas podrá ingresar al edificio.
Frente a la hipótesis cada vez más firme de que la Legislatura no le bajará el pulgar a Ibarra, los padres redoblaron su presión e insistieron en apuntar hacia la Casa Rosada y en particular contra Alberto Fernández. “El jefe de Gabinete ha instruido a sus legisladores kirchneristas, que lamentablemente son los que tienen la llave de esta elección; les ha dado la orden de que voten en contra del juicio político”, sostuvo el abogado José Iglesias. El gobierno nacional también fue blanco de la crítica de los familiares por haber sumado a sus filas a Eduardo Lorenzo Borocotó, uno de los acusadores que se supone que hoy faltará a la cita.
Fernández buscó despegarse y aclaró que es “prescindente”. Ibarra se sumó a la defensa del Gobierno y dijo que vincularlo a la decisión sobre su futuro “sería lo mismo que si yo dijera que hay un pacto entre la izquierda y el macrismo para hacer un golpe institucional”.
Las versiones sobre la postergación de la votación crecieron porque la ex macrista Sandra Bergenfeld anticipó que pedirá eso en el mismo recinto. Sin embargo, sólo los legisladores más cercanos a Mauricio Macri aceptaban anoche acompañar ese planteo.