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A una semana de los incidentes en la estación Haedo de la línea Sarmiento, el Gobierno volvió a aumentar los subsidios para los concesionarios privados de trenes, incluida la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), cuestionada por la deficiente calidad del servicio prestado a los usuarios. Mediante la decisión administrativa 611, publicada ayer en el Boletín Oficial, se otorgan 208 millones adicionales en subsidios para trenes y subtes, con el argumento de “atender el reconocimiento de mayores costos de explotación en el rubro personal, el pago de deudas originadas en subsidios, diferencias de costos de explotación y deudas derivadas de la ejecución de los planes de inversión”. Así, hasta el 9 de noviembre, los subsidios a los concesionarios de trenes ascienden a 477 millones de pesos. Es decir, 1,5 millón de pesos por día.
El incendio de la estación Haedo, originado en una protesta de indignados usuarios aprovechada por vándalos y militantes de extrema izquierda, puso en la mira a TBA. La compañía es controlada por el Grupo Plaza, de los hermanos Cirigliano, empresarios de colectivos que desde 1995, gracias a sus vínculos con Menem, explotan la concesión de las líneas Mitre y Sarmiento.
Después de los disturbios, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, anunció que se abriría una investigación para determinar “si los inconvenientes que se registran en los servicios se deben a falta de mantenimiento o a problemas operativos”. Evidentemente, Jaime no leyó los últimos cuatro informes de la Auditoría General de la Nación sobre los flagrantes incumplimientos de contratos por parte de los concesionarios ferroviarios. Sobre TBA, un informe fechado el 19 de diciembre de 2003, calificaba a la concesionaria como “ineficaz”, denunciaba el “estado de deterioro de los trenes” y alertaba sobre que se veía comprometida la “seguridad operativa” del servicio por la falta de inversiones. Además, afirmaba que el órgano de control (la CNRT, dependiente de la Secretaría de Transporte) era “permisivo, al no ejercer sus facultades a fin de exigir el cumplimiento de los contratos”.
Con los últimos subsidios queda claro que el Gobierno está más preocupado por saldar cuentas con los concesionarios ferroviarios que en atender los reclamos de los usuarios por las penurias que padecen durante las travesías cotidianas.
A través de la decisión administrativa 611, firmada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a TBA se destinan 59 millones extra, con lo cual durante 2005 las transferencias del Estado a la compañía de los Cirigliano alcanza a los 130 millones de pesos.
Para Metrovías, con la última resolución, se transfieren 51 millones de pesos. Así, en lo que va del año, el concesionario de subtes y la línea Urquiza, controlado por el Grupo Roggio, ya recibió casi 90 millones de pesos.
Nadie sabe bien a dónde van a parar los subsidios que, con mano generosa, entrega el Estado. Primero, porque hasta ahora el Gobierno no transparentó en el Congreso cuáles son las verdaderas estructuras de costos de los concesionarios y sus márgenes operativos. Segundo, porque, como señala un comunicado emitido por la ASAP (Asociación de Presupuesto Público), los aportes estatales se entregan a sola firma de una decisión administrativa del jefe de Gabinete, en uso de sus “superpoderes” (facultades delegadas por el Congreso) y salteando normas de transparencia presupuestaria.
La Secretaría de Transporte emitió ayer un comunicado, similar al que circularon las empresas concesionarias, con la intención de aclarar el destino de los fondos. Allí se dice que de los 208 millones, 108 millones son para cancelar deudas con los concesionarios por “mayores costos de explotación en concepto de personal, reparación de coches y sistemas de señalamiento”, 50 millones para el pago de los “costos mensuales de explotación del período octubre-diciembre” y 50 millones al pago de inversiones ferroviarias”.