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Al término de su asamblea plenaria celebrada en Pilar, los obispos dieron a conocer un documento “dirigido al Pueblo de Dios y a todos los hombres de buena voluntad”. Entre otros temas, la carta pastoral relativiza el valor de la propiedad privada, subraya el destino universal de los bienes, denuncia la situación de pobreza, reclama políticas de Estado para generar “trabajo digno y estable”, advierte sobre “la desigualdad en la distribución del ingreso”, sugiere la necesidad de una “sabia reforma agraria” y de leyes que reconozcan “el derecho de los aborígenes a la tierra productiva”.
El encargado de difundir el documento fue el titular saliente de la Comisión de Pastoral Social, el arzobispo emérito de Resistencia Carmelo Giaquinta. El obispo explicó que la pretensión de la Iglesia es “trabajando junto con todos los hombres de buena voluntad, encontrar caminos concretos que contribuyan a la reconstrucción del tejido social, afianzar el sentido de pertenencia a la Nación, y acrecentar la conciencia de los ciudadanos”. No participaron de la conferencia de prensa los nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio, aunque sí el arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, quien presentó la “Segunda campaña sobre el sostenimiento económico de la Iglesia”. El documento de veinte páginas titulado “La doctrina social de la Iglesia, una luz para reconstruir la Nación”, sostiene que la enseñanza social católica “es el Evangelio de Jesucristo aplicado a la vida social del hombre” y que la Iglesia “la anuncia a favor del hombre y la paz social, para el servicio de todos”. Sostienen los obispos que “la construcción del bien común se verifica en la promoción y defensa de los más débiles y desprotegidos” y ello implica que “educar en el respeto de los bienes públicos es uno de los grandes desafíos que han de enfrentar la familia, la escuela, la catequesis y los medios”.
Retomando un principio clásico de doctrina, los obispos rescatan “el destino universal de los bienes” traducido en la relativización de la propiedad privada y en que “todos los miembros de la comunidad, y no sólo algunos, tienen derecho a poseer lo necesario. La propiedad nunca es absoluta, sino que está subordinada siempre al bien común”. En ese marco señalan que después de la crisis del 2001 “en especial los empresarios y sindicalistas” no han percibido “suficientemente el empobrecimiento que se venía produciendo y que se aceleró en forma incontrolable”.
Se subrayan dos situaciones “graves” de pobreza que sólo pueden ser superadas con políticas de Estado. La primera es “la ausencia de un trabajo digno y estable” y la segunda “es el difícil acceso a la tierra”. Los obispos se preguntan si no sería necesario diseñar una política demográfica que revierta el éxodo hacia la grandes ciudades, fortalecer los municipios del interior, impulsar “una sabia reforma agraria”, “propiciar la concreción de las leyes que reconocen el derecho de los aborígenes a la tierra productiva y a la propiedad comunitaria”, así como medidas para defender y preservar el medio ambiente.
En otra parte del extenso documento los obispos señalan que la Argentina ha pasado del “estatismo” al “voraz liberalismo” y que “estamos ahora en la etapa de reconstrucción, aprendiendo de la dolorosa experiencia”. Se critica la “subcultura de la dádiva” vinculada a la actividad política pero se advierte también sobre la falta de participación ciudadana, aunque existan hechos positivos a través de centros vecinales, clubes, ONG de todo tipo. Al referirse a la solidaridad y reconociendo que aumentó en el país, afirman que “no obstante, la solidaridad necesita un crecimiento sustancial en orden a afianzar la conciencia ciudadana y la responsabilidad de todos por todos”. Denuncia el Episcopado que “hay una forma de insolidaridad preocupante” que “es el crecimiento escandaloso de la desigualdad en la distribución de los ingresos”. Advierte que ante “la reiteración de reclamos no atendidos y huelgas desproporcionadas” en “una sociedad donde crece la marginación no serían de extrañar manifestaciones violentas por parte de sectores excluidos del mundo del trabajo, que podrán degenerar en peligrosos enfrentamientos sociales”.
En un párrafo dedicado a la interpretación histórica de la dictadura militar se afirma que “a veintidós años de la restauración de la democracia conviene que los mayores nos preguntemos si transmitimos a los jóvenes toda la verdad sobre lo acaecido en la década de los ’70. O si estamos ofreciendo una visión sesgada de los hechos, que podría fomentar nuevos enconos entre los argentinos. Sería así si despreciásemos la gravedad del terrorismo de Estado, los métodos empleados y los crímenes de lesa humanidad que nunca lloraremos suficientemente. Pero podría suceder también lo contrario, que se callasen los crímenes de la guerrilla, o no se los abominase debidamente. Estos de ningún modo son comparables con el terror de Estado, pero ciertamente aterrorizaron a la población y contribuyeron a enlutar la Patria”.
Por último los obispos hacen una referencia a la libertad religiosa y, sin mencionarlo, aludir a lo que bien podría ser el “caso Baseotto” e incluso el entredicho sobre educación sexual. Dice el texto que “puede parecer extraño preguntarse hoy por la libertad religiosa en Occidente y en la Argentina. Pero sobran señales de una presión desmedida de muchos medios y de entes internacionales, que justifica preguntar si la libertad de la Iglesia católica a enseñar y practicar la propia doctrina es respetada”. Y agrega que “lo mismo cabe decir de resoluciones y gestos impropios de la autoridad civil cuando invaden un fuero que le es ajeno. Dado que el sujeto del Estado y de la Iglesia es siempre el hombre, el bien común exige que entre ambos exista autonomía y colaboración”.