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La lectura político-institucional de lo acontecido en la última semana en la asamblea de los obispos católicos ofrece una serie de elementos que pueden ayudar a prever cuál será el estilo y los lineamientos de la nueva conducción del Episcopado. Siguiendo el estilo propio de Bergoglio –más afecto a los contactos reservados y a los diálogos privados que a las declaraciones altisonantes, salvo en ocasiones muy especiales–, la nueva Comisión Ejecutiva no tomó contacto directo con la prensa. Está claro que no quieren poner ninguna piedra en el camino de un posible encuentro al más alto nivel del Gobierno, directamente con el Presidente. Como suele ser habitual, las nuevas autoridades buscarán ahora una reunión con Kirchner para presentarse formalmente, lo que podría servir en este caso para retomar un diálogo que está interrumpido desde hace tiempo. El Episcopado emitió un documento sobre cuestiones sociales que, en líneas generales, puede ser suscripto por la mayoría de los analistas del tema e incluso por muchos funcionarios del mismo gobierno. En el proceso de elaboración de ese documento se buscó evitar frases o expresiones que pudieran ser tomadas como acusaciones o señalamientos directos al Gobierno. Los retoques necesarios retrasaron un día la presentación del texto. Antes de que la declaración se hiciese pública, el secretario de prensa, el sacerdote Jorge Oesterheld, se encargó de señalar de manera explícita que el documento no tenía como destinatario al Gobierno sino a la sociedad en general. Está claro que la presencia en lo social será dominante en esta nueva gestión del Episcopado. Porque así lo siente Bergoglio y en eso lo acompañan sobre todo Agustín Radrizzani (vicepresidente segundo) y el secretario general Sergio Fenoy. Luis Villalba (vicepresidente primero) no es un hombre de convicciones muy firmes en esta materia, pero tiene perfil muy bajo y su discurso no será disonante del resto. Pero sobre todo porque en la reestructuración de la Conferencia Episcopal se ha potenciado el área social con Jorge Casaretto, obispo de San Isidro, a la cabeza de la Comisión de Pastoral Social, actuando como entidad coordinadora de todas las otras comisiones sociales que existen dentro de la estructura eclesiástica. Si además se observa que existe sintonía de pensamiento entre el propio Casaretto, Marcelo Melani (Pastoral Aborigen), Fernando Bargalló (Cáritas) y Fernando Maletti (Ayuda a las regiones más necesitadas) y que el obispo de San Isidro es además asesor de la Comisión de Justicia y Paz, no se puede sino concluir que hay una apuesta muy fuerte en este sentido. El documento episcopal se asemeja a un plan de acción. Es cierto también que el martes los obispos emitieron una breve declaración advirtiendo sobre el tratamiento legislativo de los proyectos sobre educación sexual y que el tema del aborto ronda en la agenda del Episcopado. Esta es una convicción doctrinal que incluye a la totalidad de los obispos, aunque el tono y las formas de expresarlo sean muy diferentes entre ellos. De hecho, la breve declaración colectiva difundida es absolutamente mesurada en relación con las beligerantes palabras de Antonio Baseotto, en su momento, de Héctor Aguer y Carmelo Giaquinta, después. Pero es indudable que allí hay un tema delicado en las relaciones con el poder político. Por propia convicción de los obispos y porque el Vaticano presiona permanentemente en aquellos países donde todavía el grado de secularización no ha llegado hasta el punto de que su opinión sea totalmente desoída. Por cierto que a la nueva conducción le queda también por resolver el “caso Baseotto”, pero tanto en el Gobierno como en la Iglesia existe hoy por hoy la convicción de que el tema funciona por los carriles institucionales y que pronto habrá una salida satisfactoria para todas las partes.