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La Corte Suprema resolvió derogar una resolución de los tiempos de Julio Nazareno que hacía prácticamente imposible conocer el patrimonio de sus integrantes. Aquel régimen, dispusieron los supremos, será reemplazado por otro que diseñó el Consejo de la Magistratura para los jueces inferiores y que está a mitad de camino: permite a los ciudadanos consultar las declaraciones juradas de Sus Señorías, pero, para eso, tienen que atravesar un camino engorroso, en el que se les exige que justifiquen su pedido e incluso se le avisa al propio autor de la declaración.
La discusión sobre las reglas para la presentación y consulta pública de las declaraciones juradas de los jueces se prolongó durante casi dos años en el Consejo de la Magistratura, hasta que quedó saldada a fin de noviembre último. Allí, el sector que representa a los jueces opuso una fuerte resistencia a dar a publicidad su patrimonio, pese a que los obliga la Ley de Etica Pública. Los argumentos se basaban, ante todo, en supuesto temor a los robos, secuestros y extorsiones.
Hasta que el Consejo de la Magistratura aprobó el nuevo reglamento para todos los jueces, regía la vieja acordada de la Corte Suprema, del año 2000, que imponía múltiples restricciones para conocer los bienes de los magistrados. El nuevo esquema que estableció el organismo es apenas menos laberíntico que el anterior: el pedido de consulta llega a la administración, el administrador notifica al juez, el juez puede aceptar o negarse a mostrar su patrimonio; luego el administrador dicta una resolución (a favor o en contra) y se pueden abrir varias instancias de apelación que terminan en el plenario del Consejo. Como mínimo, el trámite puede prolongarse un mes.
Este mismo modelo es el que decidió adoptar la Corte ayer, en un plenario relajado con clima findeañero (ver aparte). La diferencia es que el que recibirá las declaraciones juradas y dispondrá si alguien puede verlas o no es el administrador general de la Corte, Nicolás Reyes, un viejo aliado de Nazareno que supo amoldarse a todos los tiempos y sobrevivió a todas las tempestades.
“Este tribunal concuerda con los fundamentos invocados por dicho cuerpo (el Consejo de la Magistratura) para establecer el régimen aprobado, al que corresponde adherir”, dice la acordada firmada por todos los jueces de la Corte más Reyes.
El nuevo sistema, que ahora rige para todo el Poder Judicial, fue cuestionado por varias organizaciones no gubernamentales del ámbito jurídico, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Poder Ciudadano, que dudan de que el nuevo procedimiento garantice transparencia, aunque intente un avance para ajustarse a la ley.