La resolución del juez Luis Nitti produjo un verdadero alivio en una multitud de fiscales de la provincia de Buenos Aires que, desde diciembre, viven una especie de comedia de enredos con la nueva legislación que hizo recaer en los fiscales bonaerenses la investigación sobre casos de personas que, por ejemplo, son sorprendidas consumiendo algún cigarrillo de marihuana o algún gramo de cocaína. Los fiscales también están obligados a actuar contra quien consume la droga conocida como “paco”, pero según los testimonios recogidos entre los funcionarios judiciales por Página/12, casi no se registran casos de detenidos por consumo de lo que se considera el estupefaciente más barato y, por su baja calidad, a la vez más destructivo.

Este es un resumen de las peripecias que los fiscales le contaron a este diario:

- En general, los detenidos por consumir algún cigarrillo de marihuana o un gramo de cocaína son personas de clase media. La persona llega ante el fiscal traído por la Policía Bonaerense y el funcionario judicial se encuentra con un dilema de máxima importancia. Si lo deja detenido demasiadas horas, o sea una noche y toda la mañana del día siguiente, la persona pierde su trabajo, con lo que la situación del apresado se agravaría todavía más. Mirado desde el punto de vista de la supuesta adicción, la peor variante es que pierda su trabajo. La otra variante es dejarlo rápidamente libre, pero ahí el problema es que tomarle declaración y hacer todos los trámites del caso lleva su tiempo, especialmente si se considera que un fiscal tiene que atender, en tres días de turno, 100 casos de robo, homicidio, lesiones y otros delitos, a lo que se han sumado ahora unos 50 casos por consumo chico de marihuana y cocaína.

- Para que la causa esté completa, hay que hacer un análisis químico del cigarrillo de marihuana o el gramo de cocaína. Los laboratorios oficiales que deben hacer ese trabajo ya están más que sobrepasados, de manera que no se consigue turno.

- También es imprescindible hacerle análisis de sangre y orina al detenido. Lo que sucede es exactamente lo mismo. Los laboratorios oficiales están sobrecargados y en la mayoría de los casos no dan turnos o los dan para dentro de muchos meses o un año.

- En la mayoría de los casos, los detenidos fueron supuestamente sorprendidos en una plaza, en la playa o en alguna esquina fumando el cigarrillo de marihuana o aspirando el gramo de cocaína. Para corroborar esa situación, la Policía requiere de testigos, los que en general son reticentes o directamente terminan diciendo que no vieron nada.

- El expediente, sin los análisis, sin testigos categóricos, llega a manos de los jueces de garantías que en numerosísimos casos directamente anulan las causas por pruebas mal tomadas o inconsistentes.

- Uno de los objetivos de la iniciativa era combatir el “paco”, consumido mayormente en los barrios más humildes. Según los fiscales, son ínfimos los casos en que les llega un consumidor de “paco” porque lo habitual es que los policías no se metan en esos barrios o villas. El resultado es que los chicos, que son los mayores consumidores de esa sustancia, terminan destruidos y en muchos casos muertos.

- Tampoco ha crecido la investigación sobre los quioscos, es decir los vendedores de drogas de la cuadra o de una zona de un barrio. Es conocido que esos quioscos pagan un peaje semanal a cambio de impunidad.

- De igual manera, tampoco se registra un aumento en las detenciones de narcos, los mayoristas que les distribuyen la droga a los quioscos.

- Los fiscales que dialogaron con este diario sostienen que cuando se resolvió desfederalizar los casos chicos de drogas, es decir pasarlos de los jueces federales a la Justicia ordinaria provincial, se prometióagregar más personal a las fiscalías y realizar un entrenamiento. Todos coinciden en que a lo sumo se agregó una persona a cada fiscalía, la mayoría de las veces muy jóvenes, y el entrenamiento fue breve y superficial.

“En un turno de tres días, yo suelo tener no menos de cinco homicidios o hechos muy graves –le dijo a este diario un fiscal de Lomas de Zamora–. A eso tiene que agregarle una cantidad importante de robos, porque la realidad es que si bien bajaron notoriamente los robos de autos, aunque ahora hay un pequeño rebrote, se mantiene la cantidad de robos de casas o de personas y encima tenemos el drama de los ataques a las personas de edad. Súmele las peleas, las golpizas, alguna violación, casos de abuso sexual, y la cantidad de delitos que se producen, por ejemplo, en un partido de fútbol de la AFA y en una fiesta barrial. Sólo eso produce que tengamos una cantidad de causas de difícil manejo. Ahora se suman decenas de nuevos expedientes en los que no tratamos con narcotraficantes, sino con personas que trabajan en un comercio, un banco o una oficina, ni siquiera entienden por qué los tenemos detenidos, no hay forma de que se hagan los análisis como corresponde y los jueces terminan anulando las causas. Todo es de dudosa legalidad y ninguna eficiencia”, concluyó el fiscal.

El fallo del juez Nitti plantea la cuestión casi teórico-filosófico-legal sobre si es delito o no el consumo personal, pero la realidad es que en la vida concreta de la Justicia el costo en tiempo y dinero es muy alto y los resultados, más que magros. Por lo menos eso es lo que opinan buena parte de los fiscales bonaerenses.