En uno de los expedientes históricos de los juicios por la represión de la última dictadura militar, el fiscal federal Federico Delgado acaba de dar por probado que durante aquel período se instrumentó un “plan global de aniquilamiento” en el marco del cual se estableció el robo de recién nacidos para cortarles “sus lazos de sangre”. Así, en línea con la denuncia original promovida en diciembre del ’96 por las Abuelas de Plaza de Mayo, Delgado decidió pedir la elevación a juicio oral de siete ex jerarcas de la última dictadura, entre los que se encuentra Reynaldo Bignone y Jorge “Tigre” Acosta. La elevación era uno de los temas pendientes de la Justicia: su demora permitió el año pasado que todos los acusados consiguieran la excarcelación en la causa, aunque no la libertad.

La causa se inició originalmente en el ’96 contra el ex jefe de la Junta, Jorge Rafael Videla. Aunque fue la que promovió y permitió su primera detención, su caso quedó finalmente en un expediente aparte. Hoy, la llamada megacausa del Plan Sistemático de robo de menores investiga la responsabilidad de otros siete represores por la apropiación de recién nacidos durante la última dictadura.

En el requerimiento y a lo largo de 65 carillas, el fiscal Delgado dio por probado que en la dictadura se instrumentó un “plan global de aniquilamiento” en el marco del cual a los recién nacidos “había que cortarles sus lazos de sangre para que ‘sean’ conforme al imaginario social que subyacía al régimen político”. En ese sentido, consideró la “sustracción de menores” como una dimensión de ese plan criminal “que ingresó a la ‘agenda’ del gobierno militar” que debía afrontar la “cuestión de los niños” nacidos con sus madres en “ilegal cautiverio”.

“Nosotros lo consideramos así desde el inicio”, explicó a pedido de este diario Ramón Torres Molina. Abogado de Abuelas y querellante en el expediente, Torres Molina señaló que la fiscalía basó el pedido de juicio oral en una innumerable cantidad de pruebas que permitió a las Abuelas hablar desde el comienzo de sistematicidad y de la existencia de un plan. Hoy el expediente nuclea 22 casos del ’76 al ’79 que lo demuestran: “Existió un plan sistemático de apropiación de menores”, continuó el abogado. “A la mayor parte de los chicos detenidos con sus padres se los quedaba una familia que normalmente los inscribía como propios, excepcionalmente a través de un seudo trámite de adopción”. Los que nacieron en cautiverio, en cambio, “siempre los inscribieron como propios; se los quedaban ellos o alguien ligado indirectamente”.

En ese sentido, el fiscal fue bastante gráfico en su elevación a juicio. En distintos centros clandestinos, señaló, “se utilizaron obras de infraestructura necesaria (cruelmente llamados “maternidades”) para que nacieran los niños que luego eran separados de sus padres y asignados a terceros”. El procedimiento se hizo en la mayoría de los campos de detención. En la causa se probó el funcionamiento de “maternidades” en la Escuela de Mecánica de la Armada, el Pozo de Banfield, Campo de Mayo, La Cacha, comisaría quinta de La Plata, Orletti, El Vesubio y Olimpo, entre otros. De acuerdo con su hipótesis, el robo de bebés halló un marco perfecto en ese plan de aniquilamiento social pensado por los jerarcas: “Buscaban a) destrucción física de los sectores movilizados; b) disciplinamiento de la sociedad en su conjunto”.

Con Bignone y el Tigre Acosta, Delgado incluyó en el pedido de elevación a juicio al ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el vicealmirante retirado Antonio Vañek, el prefecto mayor (r) Héctor Febres, el ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y el ex integrante de las Juntas Rubén Franco. Para el fiscal, Franco, Bignone y Nicolaides “desde sus estratégicas posiciones de mando, no se privaron de ‘congelar’ la historia, de no condenar a los culpables, autoabsolverse y, así, pretender agotar un lapso temporal que bien se ajusta a aquella afirmación hegeliana que la historia avanza por el lado malo”.

Desde octubre del año pasado cada uno de ellos logró el beneficio de la excarcelación por una disposición de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que tuvo en cuenta la cantidad de tiempo que llevan presos sin condena firme. Esa decisión que disparó críticas y un largo debate sobre el devenir de las causas entre los organismos (ver aparte) benefició en los hechos sólo a Bignone y a Franco, los únicos en libertad. El resto sigue detenido en el marco de otras causas.

“Hace dos, tres años o más que esta causa debía haber ido a juicio oral”, indica Torres Molina. “El error fue que por querer ampliar el objeto de las causas y, como consecuencia, la cantidad de pruebas de los casos el proceso se extendió, cuando podría haber ido a juicio parte por parte, como sucede con otros expedientes”, agrega el abogado sobre un criterio que prima en otras causas y logró llevar a las puertas del juicio oral a expedientes iniciados más tarde.

Si el juez federal Guillermo Montenegro avanza con el requerimiento, los siete acusados serán los primeros represores juzgados por robo de bebés nacidos en centros clandestinos. De momento, la decisión de la elevación a juicio no abrevia los plazos ni vuelve atrás la excarcelación: “No modifica la situación de los acusados, lo único que lo altera es la condena”, dice el abogado.