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La mujer que aparece en la foto central, sosteniendo al bebé del chupete blanco, es Gabriela del Carmen Mendoza. Tiene 38 años, nueve hijos (los que se ven en la imagen son los seis menores) y está separada. No tiene trabajo ni recibe otra asistencia que la que le dan, cuando pueden, los vecinos del barrio. Se inscribió en el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en los días inmediatos al lanzamiento de la megacampaña publicitaria, que vio por televisión. Su problema actual es que para el Estado no existe: su solicitud para cobrar el subsidio de 150 lecops no fue impugnada, ni tampoco rechazada, sino que no aparece en ninguna planilla, como si nunca hubiera realizado el trámite. Las veces que ha ido a reclamar le han dicho que espere.
La inscripción al Plan Jefes y Jefas de Hogar está cerrada. El martes pasado, la ministra de Trabajo Graciela Camaño explicó que “hubo que hacer un corte porque si no el presupuesto no alcanza”. Anticipó también que “no está prevista la reapertura de inscripción de beneficiarios”. El miércoles tuvo que corregirse en respuesta a las críticas, y sostuvo que en realidad la inscripción “no fue cerrada”, sino que sólo estaba “concluida una primera etapa”. Camaño no informó cuándo comenzará la segunda, ni nadie en el Gobierno lo sabe, con lo cual la situación real no cambió demasiado: los desocupados que no pudieron anotarse hasta ahora, los que quedaron sin trabajo en fecha reciente, o los que, como Mendoza, no aparecen en ninguna planilla, están fuera del programa.
Si la solicitud de Mendoza hubiera sido impugnada, o incluso rechazada por la ANSES, tal vez la mujer tendría alguna chance, ya que podría intentar enmendar el error. Pero lo que le dicen es otra cosa: “Su nombre no aparece en las planillas, vuelva la semana que viene”, o “no hay novedades, tiene que esperar”, o “no sabemos por qué no aparece”. Supongamos la peor de las posibilidades: que su solicitud se perdió. En esta situación también será tarde para volver a presentarla.
Datos adjuntos sobre la foto familiar: el bebé que aparece a la derecha es Tomás, a quien alza su hermana Romina. Tomás tiene tres años. Como consecuencia de la mala alimentación crónica, sufre un retraso en su desarrollo y recién ahora está aprendiendo a decir sus primeras palabras. Romina está en la escuela primaria, con dificultades porque no pueden comprarle los anteojos que necesita. A su derecha, el chico que está con la cuchara en la mano, mirando a cámara, nació con problemas del corazón, cuenta la madre. Los dos chicos de la izquierda todavía no están anotados en el Registro Civil. La comida en la mesa salió de la olla popular que los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) preparan en un descampado, sobre las antiguas vías del ferrocarril que llegaba a La Pampa. En la casa hay dos camas y una manta para los nueve chicos. A la noche la madre junta las camas, acuesta a los nueve y los tapa.
A nivel nacional, es muy difícil saber cuántas personas quedaron fuera del Plan, ya que la información que se está dando a publicidad es muy recortada. El Ministerio de Trabajo dio a conocer la cantidad de personas que van a cobrar el subsidio (un millón 378 mil en junio), pero en cambio no informa sobre la cantidad de solicitantes. “Sencillamente no lo sabemos”, dijo a Página/12 Eugenio Borrás, secretario ejecutivo del organismo encargado de ejecutar y controlar los planes, el Consejo Consultivo Nacional.
Las organizaciones de desocupados manejan sus propias estimaciones sobre la cantidad de personas que quedaron fuera del plan: Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete dicen que 20 mil integrantes de sus organizaciones (la CCC y la Federación de Tierra y Vivienda) no accedieron al subsidio. Ambos dirigentes integran el Consejo de ejecución y control de los planes.
En el Polo Obrero llevaron al Ministerio de Trabajo un reclamo por tres mil casos. “Como en los municipios nos encontrábamos con casos de personas que habían presentado planillas pero no aparecían en el sistema de computación, hicimos un gran listado juntando todos los reclamos. La súltimas 48 horas antes del cierre de la inscripción conseguimos que el ministerio nos habilitara una ventanilla y los presentamos. Todavía no tenemos novedades”, dijo a Página/12 Néstor Pitrola.
Los piqueteros de la Coordinadora Aníbal Verón (del sur del Conurbano) tomaron esta semana el Consejo de Desarrollo Humano de La Plata en reclamo por 450 solicitudes. En general, todos los sectores en que se dividió el movimiento están preparando acciones de protesta para los próximos días.
Un pequeño error de tipeo
El caballero que aparece en la foto más pequeña, con cara de pocas pulgas, es Mario Baeza Madruga, montevideano, bisnieto de esclavos. Dos siglos atrás, su bisabuela se escapó de una finca en Brasil, cruzó la frontera al Uruguay y se instaló en Cerro Largo. Consiguió trabajo en una estancia y allí transcurrió el resto de su vida. Cuando cumplió 115 años, dio un largo reportaje a una revista local con su historia, que apareció publicado, con un retrato para el que posó fumando un habano. “Todavía no me llegó el tiempo de usar lentes”, decía la bisabuela en la nota. Dos semanas más tarde, murió. La historia es un poco inverosímil, pero Mario Baeza Madruga la cuenta con tanta convicción que da gusto.
El hombre fue obrero naval durante más de dos décadas. Le enseñó el oficio un tío, capataz de estiba, que lo llevó al puerto de Montevideo. Allí aprendió a limpiar tanques, arenar cascos y a “librar de óxido los fondos de los barcos, con una máquina especial”. En el ‘74 se vino al puerto de Buenos Aires. El trabajo estable le duró “hasta el ‘82 o el ‘84, no sé muy bien, pierdo la noción del tiempo”, dice. Después fue obrero de la construcción, vendedor ambulante de flores y maquinitas de afeitar, buscavidas. Hoy vive en una casa tomada de la Boca junto a su mujer, que está embarazada, y almuerza todos los días en el comedor Los Pibes.
Se inscribió en el Plan Jefes de Hogar en abril, con todos los requisitos. Su desgracia es que ingresaron mal su apellido al sistema de computación: Madruga Baeza en lugar de Baeza Madruga. Presentó la corrección y con una copia del DNI, pero desde entonces va y viene del banco al CGP y del CGP a una oficina de Balcarce al 300, sin novedades.
–Ya ni sé qué pensar, me queda la esperanza de que sí, de que al final corrijan el apellido y me den el plan. Pero es muy complejo. Los del Gobierno dijeron por televisión que no alcanza el dinero para todos.
–¿A quién del Gobierno vio diciendo eso? El Gobierno dice que va a pagar a todos los inscriptos que llenen los requisitos.
–¿De verdad? Qué raro, ¿no? Porque yo hubiera jurado que los vi explicando que no alcanza.
Universal y con control social
El Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados tiene dos claves. La primera es que se apoya en un criterio de asignación universal (“todos los jefes/as de hogar desocupados gozarán del Derecho Familiar de Inclusión Social”, plantea su decreto de creación). Al apoyarse en un criterio universal, por primera vez anulaba el clientelismo político. Para recibir un subsidio, el desocupado ya no necesitaba de favores de punteros, sino reunir las tres características exigidas: no tener trabajo, tener hijos menores de 18 años y ser sostén de familia. Con el cierre de la inscripción, tal universalidad de asignación desaparece y se vuelve al sistema de cupos: hay que repartir una cantidad de subsidios limitada entre una demanda creciente de solicitantes. ¿Quién va decidir, y en base a qué criterios, cuál desocupado va a cobrar un plan y cuál no?
Una segunda cuestión clave en el diseño del programa era que sería controlado y ejecutado por la sociedad civil. Se anunció así la inminente creación masiva de consejos consultivos, integrados por representantes de la Iglesia, los desocupados, el agro, la industria, los municipios, las ONGs, los bancos en todos los municipios. Sin embargo, el Gobierno inscribió, adjudicó y dio por cerrado todo el proceso de selección debeneficiarios (o su “primera etapa”, según Camaño) sin que se hayan integrado siquiera la mitad de los organismos previstos. El ejemplo más claro es del Consejo Nacional, instancia máxima de responsabilidad del plan: se formó de apuro dos días antes de que empezaran a pagar los subsidios y desde entonces a hoy se reunió en tres oportunidades. ¿Cuántos Consejos Consultivos existen en el país, a nivel municipal?, preguntó este diario a la ministra de Trabajo. La respuesta fue que el ministerio no tiene datos al respecto. Lo mismo en el Consejo Consultivo Nacional. La única instancia de control real donde se decide quién cobra y quién no ha sido hasta ahora la ANSES.
El largo viaje
La historia de los cuatro chaqueños que se largaron solos a reclamar a Buenos Aires tiene esa mezcla de reacción vital sobre un fondo amargo, tan característica de la época. Vienen de Quitilipi, donde solicitaron el plan 2800 personas y lo van a cobrar 1600. El primer mes fue peor: aparecieron solo 400 beneficiarios, “casi todos ellos cercanos al intendente”, dice Manuel Gregorio Gómez. Los desocupados tomaron la municipalidad. El intendente, con el despacho copado, adujo que no era su culpa, sino una cuestión del sistema: la carga por internet era lenta, el problema estaba en la Capital Federal, él solo podía ingresar dos personas por día.
Los desocupados se enteraron de que Chiche Duhalde viajaría al Chaco y se organizaron para esperarla. Lograron hablarle en el aeropuerto de Roque Sáenz Peña, el 24 de mayo, le dejaron sus denuncias. Chiche les prometió que la ministra Camaño iría a la provincia a ocuparse del tema. Nunca llegó. Días más tarde, relata Gómez, viajó a Buenos Aires el gobernador Angel Rozas, “pero no trajo a nadie de Quitilipi”. Los desocupados pidieron ayuda a los comerciantes y consiguieron dinero para cuatro pasajes. Desembarcaron en Retiro hace una semana, con una carta de recomendación para un diputado que no los recibió. Entonces fueron al Ministerio de Trabajo, donde Camaño tampoco. Llegó la noche, no tenían dónde dormir, decidieron acomodarse en la Plaza del Congreso. Se encontraron con un grupo de personas discutiendo en el césped: la asamblea del barrio. Los chaqueños terminaron durmiendo repartidos en las casas de cuatro asambleístas. Después se acomodaron en Brukman, donde las trabajadoras que mantienen tomada la textil les hicieron un lugar.
Visitaron varios canales de televisión, despachos de legisladores, diarios y radios con suerte diversa. Todavía siguen esperando que la ministra les otorgue una audiencia. Consiguieron al menos ver a un secretario. Cuando escuchó que el reclamo era por mil doscientas personas, el funcionario les dijo que necesitaba tener los números de CUIL de cada una “para poder hacer algo”. La asamblea del Congreso se puso en campaña y consiguió los números. Los chaqueños pretenden conocer por qué motivo la gente de Quitilipi no ha sido aprobada, para poder subsanar los eventuales errores que se hubieran cometido al llenar las planillas. El viernes llevaron al secretario los números pedidos. La cita estaba acordada para las 11.30, pero los atendieron después de las cuatro de la tarde. El secretario les dijo que, lamentablemente, sólo está autorizado a dar tal información al intendente.