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Los próximos 21 y 22 de junio, la cumbre de la Unión Europea en Sevilla decide qué hacer con los inmigrantes ilegales. Hay dos opciones: una preventiva, mediante un paquete de medidas comunes en la frontera, que podría incluir una Policía de Fronteras, y otra coercitiva, con sanciones a terceros países que no colaboren en la lucha contra flujos inmigratorios ilegales. Una reunión del jueves entre los 15 ministros de Interior en Luxemburgo preparó un borrador en la materia que adelantó una división de aguas en el asunto de las sanciones: hay un bloque “duro”, liderado por España y Gran Bretaña, Italia, Holanda, Luxemburgo y Alemania, y otro “blando”, compuesto por Francia, Irlanda, Suecia, Grecia y Bélgica. Por lo pronto, serán los cancilleres de la UE los que mañana deberán determinar las medidas concretas de cooperación con los países de origen de los “sin documentos” y allanar así el terreno a los líderes en Sevilla. Pero el objetivo podría obstaculizarse con la entrada en vigencia de las leyes antiinmigratorias recién propuestas unilateralmente en países como Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, España y Portugal. El interrogante es qué pasará con los derechos humanos.
A días de celebrarse el Consejo Europeo de Sevilla, los ministros de Interior de la Unión Europea ya han aprobado un plan para el control común de las fronteras exteriores, delineado en cinco puntos: la creación de un mecanismo común de cooperación y concertación, el análisis común de los riesgos, la preparación de personal y equipos de policía interoperativos, un cuerpo legislativo común y el “repartos de cargas” ligadas al control fronterizo entre los Estados miembros. El plan contempla la creación de un organismo común de expertos en fronteras exteriores y de una estructura de red constituida por 16 “centros operativos” para analizar problemas concretos (tráfico de seres humanos, control en los aeropuertos, vigilancia marítima, falsificación de documentos, etc.). Francia se mostró dispuesta a ser sede de dos de esos centros, que son similares a los que hay en Italia, donde la policía concentra a los irregulares para su expulsión rápida. Italia se quedó casi aislada defendiendo la instalación de una Policía de Fronteras, mientras el resto prefiere coordinar los agentes fronterizos.
Dentro del plan global contra la inmigración ilegal, los Quince estudian también una operación conjunta de repatriación. La iniciativa fue difundida por la Comisión el 15 de abril, pero ahora quedó registrada en el documento aprobado por los ministros. Los Quince explicitaron su temor a que la ampliación de la UE integre a países cuyo control fronterizo es muy débil. No es casual, entonces, que la UE haya emprendido la carrera contra los ilegales de modo de disponer de un plan cerrado antes de que en 2004 se incorporen 10 nuevos países.
La mano dura contra los indocumentados lanzada por el premier español, José María Aznar, y su homólogo británico, Tony Blair, ya presenta discrepancias en el seno de la UE, puestas en evidencia en la reunión de los ministros en torno de las amenazas de castigo a terceros países de donde proceden los inmigrantes ilegales. Francia y Suecia, a los que se sumaron Bélgica, Grecia, Irlanda y Finlandia se mostraron en contra. A favor, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Holanda y Luxemburgo. España incluso llegó a proponer que se puedan suspender los acuerdos de cooperación. “Desde nuestro punto de vista debe hacerse un esfuerzo de cooperación con estos países (las naciones de origen o tránsito de los inmigrantes), pero como ocurre en cualquier otra faceta de la vida también debemos imponerles obligaciones”, consideró el ministro español, Mariano Rajoy.
Al igual que su colega británico David Blunkett, el alemán Otto Schily y el austríaco Ernst Strasser, Rajoy aboga por un recorte de las ayudas al desarrollo a países que no combatan la inmigración ilegal. Por elcontrario, el primer ministro sueco Goran Persson y el comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, el danés Poul Nielson, creen que se trata de palabras fuertes con poca utilidad práctica. “No va a funcionar”, declaró Persson, que citó el caso de países como India, donde la ayuda al desarrollo apenas llega al uno por ciento del PBI. De la misma opinión son Francia y Bélgica.
No obstante, los ministros dieron su visto bueno al documento sobre inmigración ilegal y “medidas contra terceros países que se nieguen a cooperar con la UE” en el que se indica que la UE “dará una respuesta rápida contra países de embarque, salida o tránsito” de corrientes migratorias ilegales y que “hará una evaluación sistemática de las relaciones exteriores europeas con esos Estados”. El documento será analizado por los líderes europeos en la cumbre de Sevilla e indica que la política de inmigración debe incluirse en la política exterior y seguridad de la UE.
Semanas previas a la cumbre, muchos gobiernos europeos han tomado medidas unilaterales para restringir el afluente inmigratorio. “Iré a Sevilla para apoyar las propuestas de José María Aznar”, declaró en estos días el premier portugués Durao Barroso, cuyo Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley a presentarse al Parlamento que estipula que los inmigrantes no podrán ingresar sin un visado de trabajo –el pedido de visado europeo que planteó España–. Italia dio media sanción a una ley que restringe la llegada de inmigrantes, mientras que el gobierno británico ya anunció que no podrán permanecer en su país personas a quienes se niegue petición de asilo mientras dura la apelación. A todo esto, Dinamarca aprobó un texto legal que endurecen los requisitos para mantener asilo y en Austria los inmigrantes tendrán que aprender el alemán. Así, el endurecimiento de las leyes europeas “amenaza con abrir las puertas al nacionalismo, al racismo y a la intolerancia”, señaló Teresa de Sousa, una analista de temas europeos.
Los planes alcanzan para alarmar a organizaciones de derechos humanos como Amnesty International o Human Rights Watch, que hablan de “la fortaleza Europa” y critican el hecho de que los perseguidos políticos no tendrán la oportunidad ni siquiera de llegar a la UE. En la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) también se asegura que algunos políticos y medios manipulan las estadísticas de asilados.
Acnur subraya que las estadísticas de refugiados no llegan hoy a los niveles de hace 10 años, cuando a causa de la guerra de Bosnia llegaron a la UE 675.460 personas en busca de refugio. El año pasado hubo en la Unión 384.530 pedidos de asilo, es decir, un refugiado por cada 1000 habitantes de la UE. A su vez, el número de inmigrantes ilegales se estima en unos 500.000 al año, pero en esta cifra se engloba a algunos ex solicitantes de asilo.
El 11 de setiembre marcó un antes y un después en la agenda mundial. En este contexto quedó secundarizado cualquier estudio acerca de la inmigración legal y las estrategias generales de asilo y el bloque europeo centralizó el debate en la ilegal y a las vías de prevención contra terroristas disfrazados de turistas. Este es el nuevo mundo infeliz que nacerá en Sevilla.