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En un solo episodio, los “desconocidos de siempre” han resucitado esta semana dos símbolos tenebrosos del terrorismo de Estado: la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) y la Noche de los Lápices. El brutal ataque contra un estudiante del secundario Mariano Moreno al que le tallaron en el pecho las letras de la Triple A, aunque por suerte no culminó en asesinato, evidencia la intención de ir amenazando con un regreso de las fuerzas oscuras para contener la protesta social. La ferocidad con la que actuaron los hombres de anteojos negros que secuestraron y tajearon al estudiante con un cutter nos recuerda que los asesinos no sólo “están entre nosotros”, sino que además cuentan con ciertos amparos para pasar a la acción. El año pasado este cronista denunció que Miguel Angel Rovira, uno de los principales asesinos de la Triple A, era jefe de seguridad de Metrovías. La empresa se hizo la desentendida y balbuceó que el ex policía ya se había jubilado. Ahora, la impunidad de la que hicieron gala los atacantes echa por tierra ese lugar común que circula en medios políticos y periodísticos: en el interinato de Eduardo Duhalde al menos no hay represión. El informe que sigue a continuación revela que, desde el primero de enero último, existe una represión en sordina que secuestra, golpea, amenaza y a veces mata, como respuesta a las protestas populares.
10 de enero: El desocupado Luis Salazar regresa a su casa tras una protesta en el Puente Pueyrredón. Lo interceptan dos desconocidos que le clavan una pistola en el estómago. Uno de ellos comenta con una sonrisa: “¿Viste qué fácil es? Si te la damos acá, nadie te ve”.
22 de enero: Un Peugeot 504 con los vidrios polarizados y sin patente se aproxima a Nicolás Lista, dirigente de la Coordinadora de Desocupados de Lanús. Por una de las ventanillas emerge una ametralladora. El portador del arma amenaza de muerte a Lista. Al día siguiente en un corte de ruta en el Puente Pueyrredón, un militar de civil que conduce un BMW esgrime una pistola 9 milímetros y les grita a los piqueteros: “Esto es lo que hay que darles a ustedes”.
24 de enero: Nina Peloso, dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), que conduce Raúl Castells, es perseguida en Hurlingham por pistoleros que se desplazan en seis autos sin identificación y hacen disparos al aire para amedrentar a los militantes del MIJP. Nina es secuestrada durante dos horas. Los patoteros amenazan “reventarla” si “sigue jodiendo”.
25 de enero: La Policía Federal reprime violentamente el primer gran cacerolazo contra Eduardo Duhalde. Hay 30 detenidos y decenas de heridos por palazos y balas de goma. Junto a la represión “por derecha”, existe una “por zurda” que no vacila en torturar a dos jóvenes manifestantes y llevarlos detenidos en un radiotaxi.
6 de febrero: Hugo Barrionuevo participa por primera vez en su vida en un piquete, junto a unos 50 desocupados de la “Aníbal Verón”. Es en la ruta 205, en Esteban Echeverría. En la madrugada, aparece en escena el Ford Falcon que conduce Jorge Bogado, un puntero del intendente justicialista de Ezeiza Alejandro Granados, a quien la Policía Bonaerense presenta asépticamente como “un comerciante”. Bogado saca por la ventanilla una pistola Taurus DT99 9 mm y mata al joven Barrionuevo con un disparo que entra por el cuello y sale por la nuca. El fiscal bonaerense Lorenzo Latorre deja en libertad a Bogado “porque no había testigos”. El puntero de Granados guarda una cómoda prisión domiciliaria.
7 de febrero: Vecinos de San Isidro son atacados por empleados municipales que responden al intendente radical y dinástico Gustavo Posse (hijo de Melchor Posse), quien culpa de los incidentes a “elementos de extrema izquierda”. Al vecino Miguel Angel Pesano le patean la cara en el suelo. En Villa Adelina florece el marcartismo y las agresiones. Los vecinos sonatacados cuando se solidarizan con trabajadores del hospital central de San Isidro. En esos días son “apretados” asambleístas de Boulogne Centro, Martínez y Tigre, que protestan contra “megaproyectos” de grandes grupos económicos que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
22 de febrero: Una patota compuesta por unos 150 individuos pertenecientes a distintas barras bravas agrede con palos y cadenas a los vecinos que protagonizan el primer cacerolazo contra el intendente Raúl Othacehé, un dirigente muy cercano al presidente Duhalde. La violenta golpiza se lleva a cabo en la plaza principal y del ataque no se salvan niños, mujeres ni ancianos. Ese mismo día en Ituzaingó hay una agresión similar contra la asamblea local. En ambos casos la Policía Bonaerense brilla por su ausencia.
25 de febrero: La maestra Alicia Rodríguez, directora de la Escuela Número 8 de Merlo, denuncia en Parque Centenario las agresiones a los asambleístas. Esa misma noche la amenazan por teléfono a su casa.
28 de febrero: La maestra Rodríguez recibe una carta-documento firmada por el intendente Raúl Othacehé, en la que se la intima a que “ratifique o rectifique términos injuriosos”. Los vecinos de Merlo protestan por lo que consideran un acto intimidatorio de Othacehé.
3 de marzo: Los “desconocidos de siempre” incendian parcialmente la vivienda de Gladys Quinteros, otra integrante activa de la asamblea popular de Merlo.
8 de marzo: Hay un intento de copamiento de la municipalidad de Morón, de la que es titular el dirigente progresista Martín Sabatella. Intervienen varios elementos que eran “ñoquis” con el ex intendente menemista Juan Carlos Rousselot. Entre los que destaca el barrrabrava de Deportivo Morón Máximo Manuel Zurita, alias “Cadena”, sospechado de un asesinato en Uruguay.
18 de marzo: Tres balazos impactan en el frente de la casa de Susana Bordalotta, dirigente de Suteba y miembro de la asamblea de Ciudad Jardín, Palomar. Bordalotta ha recibido antes numerosas “advertencias”. En esos días el ex secretario de Seguridad de Carlos Menem Miguel Angel Toma sugiere que algunas agrupaciones piqueteras y de izquierda podrían estar financiadas por el narcotráfico. Eduardo Duhalde coincide con el ahora diputado Toma.
24 de marzo: Desde un vehículo sin identificación hacen un disparo que sobrevuela las cabezas de los vecinos que integran la “Mesa de difusión” de la asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba.
8 de abril: La Guardia de Infantería de la Policía Federal carga con brutalidad sobre ahorristas que caceroleaban frente al Banco de Boston. A una mujer de edad madura le patean la cara y le rompen un diente. Debe ser hospitalizada en el Argerich. Cuatro ahorristas son detenidos en la comisaría 1ª bajo los cargos de daños, violación a la propiedad privada y resistencia a la autoridad. La acusación de “violar la propiedad privada” contra los que tienen sus ahorros embargados en el corralito parece un chiste de mal gusto.
12 de abril: Periodistas de LT8 de Rosario que protestaban por el atraso en el pago de salarios son embestidos por un Renault 18 blanco que levanta por el aire a uno de los manifestantes, David Narciso, que se salva al aferrarse al capot del coche. La emisora pertenece al multimedio Uno, “gestionado entre otros por el ex ministro de Carlos Menem, José Luis Manzano”.
13 de abril: La Asamblea Vecinal de Quilmes Centro denuncia el “secuestro de la compañera Micaela” de 20 años de edad. La joven es encapuchada con una bolsa de basura y retenida durante dos horas. Se la interroga especialmente acerca de un tema que discute la asamblea: la rezonificación de la costa del río, un proyecto en el que intervienen “interesesinmobiliarios de particulares vinculados a las representaciones políticas corruptas que repudiamos”.
15 de abril: Piqueteros que manifiestan frente a la Municipalidad de Lanús, que conduce desde hace muchos años el veterano dirigente justicialista Manuel Quindimil, son atacados sorpresivamente por un motociclista armado. Uno de los manifestantes (del que se preserva su identidad) es herido de bala en un pulmón. Unos días más tarde se comprueba que el agresor pertenece al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
29 de abril: Dos personas de civil que se presentan como policías presionan a Viviana Di Salvatore, consejera estudiantil de la UBA y militante de la juventud de la CTA, para que les proporcione información acerca de su novio, Federico Banegas, militante en la villa de emergencia conocida como La Cava. Siete trabajadores de El diario de bolsillo que reclaman haberes atrasados frente a la sede de la empresa en Puerto Madero son detenidos por efectivos de la Prefectura.
1º de mayo: En Comodoro Rivadavia se encuentra el cadáver degollado de Néstor Herrera, miembro de la comisión de docentes que dirige la huelga por tiempo indeterminado en Chubut. La familia relaciona el asesinato con su papel en el conflicto laboral.
11 de mayo: Los trabajadores de la fábrica de cerámica Zanon, que la ocupan en defensa de su fuente de trabajo, denuncian “un operativo típico de la mafia y los servicios de inteligencia” en perjuicio de dos de los obreros a los que secuestran y roban.
21 de mayo: Grupos comando, encapuchados y munidos de armamento pesado, ingresan en 47 viviendas de los barrios Illia y Villa 1, 11 y 14 del bajo Flores. Golpean a niños, adultos, ancianos y discapacitados. Se llevan dinero y objetos de las humildes viviendas de la conocida villa de emergencia. Detrás de los comandos sin identificación llegan efectivos uniformados de la Policía Federal que proceden a la detención de adultos y menores de edad. Episodios similares ocurrieron en otros asentamientos populares como los de Soldati y Barrio Mitre de Saavedra.
29 de mayo: Docentes de Guernica que reclaman por recortes salariales son brutalmente golpeados por la policía en la municipalidad local. Uno de ellos, Roberto Braco, es pateado en la cara y termina hospitalizado.
13 de junio: Vecinos de José León Suárez denunciaron ayer a Página/12 que .una patota de delincuentes, que se dedican a desarmar autos robados, atacaron violentamente a una delegada de una organización piquetera (Claudia Ríos) e hirieron de un escopetazo en la pierna a Ernesto Rojas, un vecino del asentamiento. Rojas está internado en el hospital Eva Perón de San Martín, con riesgo de perder la pierna. “Esta patota –dice el abogado del asentamiento– habría recibido el aval de funcionarios del municipio de San Martín”.