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A la Legislatura pampeana la pasó el agua: desde hace dos semanas, el bloque justicialista no consigue quórum para sesionar. Una coalición opositora de ucerreístas, fregenes –Frepaso local– y ARI trata de impedir la derogación del Código de Aguas, que establece los cupos para los agricultores y el control parlamentario de las concesiones de gran envergadura. Sostienen que por detrás del intento oficialista de hacer caer la ley se mueven los intereses de Alto Valle del Río Colorado, un emprendimiento beneficiado con la promoción no industrial y controlado por una sociedad perteneciente a los hijos del ministro del Interior Jorge Matzkin.
Luego de ver frustrada la sesión durante dos jueves consecutivos, el PJ concluyó que la oposición había hecho abandono del parlamento. Lo cierto es que no fueron las sesiones las que se frustraron sino los tramos en que se intentó tratar la derogación del Código de Aguas, una normativa que tiene más de 30 años y dispone que el agua procedente de ríos y subsuelo es propiedad provincial. El Código, además, regula el manejo del agua de riego: establece un litro por hectárea y por segundo en fincas de no más de medio millar de hectáreas. En extensiones superiores deben ser los diputados pampeanos quienes autoricen los cupos. El oficialismo y su líder, Luis Galcerán, promueven la derogación de la ley bajo el argumento de que, en el fondo, constituye una traba burocrática a los proyectos de inversión. “Pero si no ha llegado nunca ningún proyecto”, se extraña Mario Cayre, diputado por el Fregen.
Con la inesperada iniciativa oficialista, las relaciones del arco parlamentario dieron una vuelta de campana: los 7 diputados radicales se unieron a los 3 fregenistas y a los 2 seguidores de Elisa Carrió para frenarla. Aun así el PJ tenía quórum propio. A último momento, llegó una adhesión salvadora: la del peronista Santiago Giuliano, resuelto a plegarse y conformar de aquí en más una corriente interna en el justicialismo. La rebelión de Giuliano fue un golpe duro. No sólo porque enflaquecía a la propia tropa del gobernador y su aritmética legislativa: Giuliano es, además, sobrino de Rubén Marín. La situación está empantanada. El bloque radical pampeano, afectado por el síndrome Isidori –la senadora radical de Río Negro que posibilitó la derogación de la ley de subversión económica– asegura a sus aliados coyunturales que, a diferencia de sus pares nacionales y pese a las presiones del partido, no sólo mantiene su decisión sino que tampoco habilitará el tratamiento que exige la bancada justicialista. Si la promesa se cumple, la cuestión puede derivar en un grave conflicto institucional: “El oficialismo aquí en La Pampa es soberbio y no va a bancarse tener que bajar el proyecto o aceptar que pase a comisión”, se comenta en los alrededores de la Cámara.
Las razones invocadas por el PJ no alcanzan a diluir lo que la oposición tiene como una certeza y ya ha llegado a la instancia judicial mediante una denuncia presentada por Oscar Santamarina, uno de los dos diputados del ARI: que detrás de la excusa de una sobreabundancia de trabas burocráticas se levantan los intereses de Alto Valle del Río Colorado, una sociedad agroindustrial que tiene como accionista mayoritaria a Pampaalfa SRL, propiedad de Jorge David y Miguel Guillermo Matzkin, hijos del ministro del Interior del duhaldismo. Por el decreto 1074 de 1998, el ministerio de Economía de la nación concedió a La Pampa beneficios de promoción no industrial por 5.498.930 pesos. Un mes antes, Jorge Matzkin padre había cedido a sus hijos la titularidad de Pampaalfa, a su vez accionista de Alto Valle del Río Colorado, beneficiaria de la promoción que la exime del pago del IVA y de ganancias. “Ningún otro agricultor de la provincia conocía la existencia de este beneficio. Es el resultado de la relación Matzkin-Marín. Matzkin gestionó en la Capital el acuerdo para hacer el acueducto, que ahora está parado. Esto que está ocurriendo y lo que se pretende aprobar es la otra cara de ese favor”, asegura Cayre. Las de 25 de Mayo, un pueblo volcado sobre el Río Colorado, no son tierras valiosas, dicen los pampeanos. Allí lo valioso es el acceso al agua. La empresa liderada por los Matzkin tiene 3000 hectáreas y exige un volumen de agua de riego mucho mayor de lo que el Código de Aguas permite otorgar vía Poder Ejecutivo Provincial. La demanda de Alto Valle del Río Colorado, con sus planes de producción de trigo, alfalfa y girasol con utilización intensiva de los recursos hídricos, debe ser aprobada por el parlamento. La cámara debería para ello someter a revisión la totalidad del proyecto. “Para evitar esa escala, el PJ propone lisa y llanamente derogar la ley”, infiere la oposición y agrega: “A menos que lo que no se quiera es tener que exponer a los ojos de los legisladores el monto de la inversión, porque después hay que justificar de dónde sale el dinero”.