En medio de una sorprendente interna oficial, el gobierno nacional puso en marcha tres puntos reclamados por los familiares de las víctimas de la AMIA agrupados en Memoria Activa, con quienes se encontrarán el miércoles próximo, en Washington, en el marco del proceso de conciliación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hay un decreto por el que se habilita al secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, a actuar como querellante en el expediente en el que se investigan las irregularidades en la causa AMIA, hay un proyecto de ley sobre indemnizaciones a familiares y un decreto por el cual el Estado paga las costas del proceso judicial. La interna oficial estalló cuando el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, le inició una querella judicial a otro funcionario del Gobierno, Alejandro Rúa, hasta hace unos días titular de la Unidad AMIA del mismo ministerio.

Rúa había dicho en una entrevista publicada en febrero en el diario La Nación que en los últimos tiempos “hubo una disminución en el avance de la tarea que realizábamos” respecto de la causa AMIA y sus consecuencias. Los familiares de las víctimas efectivamente percibían esa desaceleración en varios temas, en especial en una cuestión clave, el juicio político al juez Claudio Bonadío, que el Gobierno tácitamente frenó.

Rúa expresó que “hubo un cambio de impulso con la gestión del actual ministro de Justicia, Alberto Iribarne. No un cambio de rumbo, sino una disminución en el avance del proceso que realizábamos”. Esta frase provocó la ira del ministro. Ya es inusual que haya internas públicas en la gestión Kir-chner, pero más inusual es lo que sucedió de inmediato: Iribarne le inició a Rúa una querella penal por calumnias e injurias. Es más, la opinión de Rúa está generando cierta presión para que sea desplazado incluso de su cargo. En un breve diálogo con Página/12, comentó: “Hubo una confusión, una mala interpretación. Ya estamos encaminando las cosas”. Y no quiso dar más precisiones.

Rúa fue uno de los funcionarios que más trabajó en el caso AMIA, no sólo recolectando pruebas para la investigación del atentado, sino también la que sirvió para destituir al juez Juan José Galeano y elementos que están en la causa que se les sigue a los funcionarios menemistas que, según afirmó el tribunal oral, participaron en el armado de una pista falsa “al servicio de políticos inescrupulosos”, como señala el fallo. En las últimas semanas fue convocado a trabajar al Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré, quien también jugó un papel importante en momentos álgidos de la investigación del atentado, cuando fue titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. A raíz de esa convocatoria, Rúa pidió una licencia para trabajar junto a Garré en la flamante Dirección de Derechos Humanos de Defensa.

Con la querella presentada y ya citado Iribarne para ratificarla (lo que hará pasado mañana), el Ministerio de Justicia salió ayer a la cancha a enumerar los avances producidos en la causa AMIA. Se trata de un documento que se presentará el miércoles próximo en Washington en la audiencia con Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización que acompaña a los familiares. El texto menciona tres nuevos pasos dados esta semana, más concretamente el jueves, tal vez apurados por presentar algo concreto en Washington la semana próxima.

- Se presentó el decreto que autoriza al secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, a intervenir como querellante en la causa por las irregularidades y las pistas falsas del caso AMIA. Ese expediente está ahora en manos del juez Ariel Lijo, después de que Bonadío –que fue en su momento segundo de Carlos Corach– resultara desplazado de la causa por un grupo de jueces que actuaron como subrogantes de la Cámara Federal.

- Se publicó en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos el proyecto de ley de reparaciones a los familiares de las víctimas. Las indemnizaciones serán similares a las que correspondieron a los familiares de víctimas de la dictadura.

- Se presentará en la CIDH un dictamen del procurador del Tesoro favorable al reconocimiento de las costas que reclaman, a nivel nacional e internacional, los abogados de las organizaciones de familiares.

- Se transcribe el informe presentado por el fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nissman, quien reconoce “el esfuerzo del Ejecutivo y la provisión de recursos humanos y materiales indispensables para la sistematización y el análisis de la causa”. También menciona los aportes de la SIDE en la pesquisa.

Como se sabe, la administración Kirchner dio un paso histórico al firmar un decreto de reconocimiento de que el Estado argentino incumplió con su deber de investigar el atentado. Los familiares de Memoria Activa seguramente reconocerán en Washington los avances realizados desde entonces, pero reclamarán una serie de puntos: cambios en el Estado que, entre otras cosas, implican mayor control sobre los servicios de inteligencia, una real profundización de la pesquisa, el juicio político al juez Claudio Bonadío, que a lo largo de cinco años no movió la causa en la que se investigaban las irregularidades de la investigación, y el enjuiciamiento de los funcionarios que en su momento armaron las pistas falsas. Estos puntos ya figuraban hace un año en el acta de inicio de la solución amistosa que se tramita en la Comisión Interamericana.