Tres de los dieciséis hijos de María Vargas llegan a las apuradas a la casa de su madre. Son Claudia, Marta y Roxana, de apellido Hueche, y los nervios se les notan en la cara. La policía está allanando la vivienda de su madre, que pasa los setenta años y es muy conocida en el barrio –se llama Primero de Mayo y tiene mayoría de residentes chilenos– porque es evangelista y levantó un templo al lado. En la misma vivienda que María viven dos hijos varones, de los más chicos de su numerosa descendencia. La policía está buscando “explosivos tipo casero, armas de fuego y elementos de protección de la policía” relacionados con el homicidio de Jorge Sayago. El operativo termina dos horas después. Los policías secuestran una carabina calibre 22, dos cajas de cincuenta cartuchos y una campera para caza con manchas de sangre de guanaco. Antes de irse dejan dos efectivos de consigna para custodiar un coche que pertenece a la familia. Los familiares temen que les puedan “sembrar” un elemento de prueba: colocan fajas –hechas con cintas scotch y de embalaje– en las puertas del vehículo. Luego las firman.

El allanamiento fue ordenado por la jueza de Instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone. Es el tercero del día. A las tres de la tarde, los policías entraron a la casa de José “Quico” Barría, un joven aficionado a la caza de liebres que había sido detenido el 24 de febrero por “averiguación de antecedentes”. Lo soltaron a las pocas horas; su familia denuncia que sufrió golpes y malos tratos. De la vivienda de Barría los policías se llevaron una carabina calibre 22 y balas, elementos muy usados en la caza menor. El tercer allanamiento se hizo en Puerto Santa Cruz, 500 kilómetros al sur, en el camino a Río Gallegos. Allí secuestraron balas calibre 32 y 22. Todas las armas quedaron bajo estudio de los peritos en criminalística de la policía provincial. “La jueza extendió por diez días el secreto de sumario”, dice el comisario Marcial Gallegos, jefe de la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia, para excusarse de dar más información.

La escena en la casa de María Vargas revela la desconfianza que algunos vecinos tienen por la policía. Las hijas de la señora temen que, tras el allanamiento, aparezca algún elemento que incrimine a alguno de sus hermanos. Cuentan que uno de ellos, Germán Hueche, es delegado de la empresa Argentina 2000. “Mi hermano Germán nos avisó que un auto celeste andaba dando vueltas cerca de su casa”, dice Marta. “Es ese que está ahí”, señala. Su dedo apunta a un Wolkswagen Polo celeste metalizado que adelante no lleva chapa pero atrás sí: la patente es ERP 889. Es uno de los vehículos que usa la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia que comanda el comisario Gallegos.

Esos policías están a cargo de la investigación en el terreno. En Las Heras nadie los conoce, visten ropa informal, algunos llevan pelo largo. Hace una semana fueron denunciados por Héctor Cabana, delegado de la empresa El Cóndor. Cabana dijo que lo habían llevado a la Dirección Provincial de Vialidad –allí se aloja la Brigada– y que habían intentado que incriminara a una persona en el homicidio de Sayago. La jueza recibió la denuncia pero, según cuentan sus colaboradores, sigue confiando en la labor de los hombres de Caleta Olivia. En Las Heras algunos no piensan lo mismo. “Yo estuve en el allanamiento que le hicieron a mi concuñado, Franco Catrihuala (propietario de una gomería que fue detenido por error cuando buscaban a su hermano Darío). Vi cómo lo patearon, porque estuve allí. Y él está en tratamiento porque tiene hernia de disco”, dice Marta Hueche.

Los familiares de María Vargas están acompañados por dos abogados que llegaron desde Buenos Aires: Raquel Coronel, vinculada con el MovimientoSocialista de los Trabajadores, y Carlos Lucero Paz. También se acercaron Sandra Izaguirre, miembro del comité de mujeres y esposa de un delegado de la empresa Indus, y el dirigente Héctor Heberling, del Movimiento al Socialismo. La llegada de los abogados es una de las decisiones que se tomó el lunes en el Hotel Bauen, en Buenos Aires, donde un grupo de dirigentes de izquierda recibió a tres miembros del cuerpo de delegados del sindicato de petroleros. “Necesitamos abogados de derechos humanos con matrícula federal”, dijo Izaguirre.

Izaguirre forma parte del comité de mujeres, veinte esposas de delegados que publicaron una carta contra “la caza de brujas”. También pidieron que el crimen de Sayago no desencadene una ola de detenciones arbitrarias. Claudia Hueche no pertenece a ese grupo. Tiene 28 años y trabaja en el Departamento de Tránsito de la municipalidad. Todavía recuerda la muerte de otro de sus hermanos, Rubén, de 17 años, que fue atropellado a propósito por el chofer de un camión con tanque atmosférico. “Lo mató Alejandro Azúa, un tipo que pasó por la policía. Los policías nos dijeron que no lo podían ir a buscar a Comodoro porque no tenían gente”, se queja. Claudia llegó hace poco de vacaciones de Bariloche. Dice que se encontró con Las Heras muy cambiada. “Ojalá que encuentren enseguida al culpable, porque esto nos perjudica a todos. Pasar de una ciudad tan tranquila a esto es terrible.”