Un reclamo renovado de los organismos de derechos humanos es “cárcel efectiva” a los represores. Si prospera en la Cámara de Diputados el proyecto que presentó el diputado kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse, los militares procesados por delitos de lesa humanidad no podrán ampararse más en el beneficio del arresto domiciliario previsto en la Ley de Ejecución Penal. “Como miembro del Parlamento, no puedo ver que genocidas como Videla, Massera, Suárez Mason, Bussi, Menéndez y tantos otros pasen sus días en residencias con piscinas, recibiendo visitas y dando paseos en bicicleta, alegando 70 años de edad o enfermedad terminal y acogiéndose a beneficios de la ley 24.660 que en su espíritu no contempla delitos de lesa humanidad sino delitos comunes”, argumentó el legislador tucumano en los fundamentos de la iniciativa que presentó junto a la diputada Beatriz Alperovich.

El arresto domiciliario es una institución jurídica de carácter garantista, creada para beneficiar a los presos con sida, con enfermedades incurables en período terminal o mayores de 70 años, que viene siendo bastardeada por varios represores presos por violaciones a los derechos humanos, debido al escaso control en su cumplimiento. Además, la Justicia la aplica en forma automática cuando se trata de militares, pero lo hace de manera excepcional con los pocos presos comunes que sobreviven a las cárceles argentinas y llegan a esa edad.

Con las leyes de impunidad anuladas y los indultos que van hacia el mismo camino, la prisión efectiva sería la culminación de un proceso reparatorio de años de impunidad. Vargas Aignasse y Alperovich proponen modificar la ley 24.660 para agregar un artículo con este texto: “No será aplicable el beneficio (...) en los casos en que se tratare de ejecución de penas privativas de libertad por delitos configurados como de lesa humanidad o contra los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”. Los autores del proyecto, que será analizado en las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos, argumentaron que “estos delitos no son aquellos que integran los cuerpos de códigos penales sino son externos, son delitos de superior pena y de tratamiento diferenciado, ya que exceptúan reglas de derecho penal internacional tales como prescripción, extradición y otras”. Y manifestaron que no ven razón al otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria “a personas que cometieron delitos de lesa humanidad como el genocidio, la tortura, la segregación étnica, religiosa, política u otro tipo de delitos aberrantes”.

La polémica sobre el arresto domiciliario comenzó en 1998, cuando el dictador Jorge Rafael Videla fue procesado con prisión preventiva y se alzaron no pocas voces en contra de que la Cámara Federal de San Martín le concediera la posibilidad de estar detenido en su domicilio. A partir de entonces, en más de una oportunidad la prensa y los ciudadanos verificaron que estos militares salen de sus casas, violando el beneficio que obtuvieron. Y hasta ahora muy pocos jueces revocaron ese permiso. Salidas a misa, a nadar, a correr, a reuniones sociales son algunas de las actividades que se permiten, burlando la misma ley que invocan desesperados cuando se sientan frente a los magistrados.

Muy suelto de cuerpo, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, que cumple arresto domiciliario por apropiación sistemática de menores, le confesó a la periodista francesa Marie-Monique Robin: “Yo salgo todos los días”. El ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Alberto Roque Tepedino, procesado en la causa por la desaparición de militantes montoneros en 1980, fue fotografiado frente a su domicilio. “Te prometo que no salgo más”, le juró al periodista Diego Martínez que lo había descubierto. En ese caso, le revocaron el arresto domiciliario y lo enviaron a Campo de Mayo. A fines de 2002, se impuso el espíritu navideño para ablandar las normas y fue así que algunos represores pudieron pasar las fiestas en familia. Nueve militares que estaban presos en esa misma causa brindaron en sus casas y se quedaron allí hasta mediados de enero invocando “cuestiones de carácter humanitario”, con la autorización de dos jueces. Pero quizá la más elocuente de todas las imágenes haya sido la del ex almirante Emilio Massera, procesado por robo de bebés entre otras causas, paseando en medio de una arboleda, a cien metros de su quinta de Pacheco.