“Ninguna empresa de indumentaria en la Argentina puede asegurar que su producción no incluya trabajo esclavo”, afirmó el coordinador de una investigación sobre el tema efectuada con auspicio internacional. El estudio destaca tres modalidades ilegales de actividad. La más grave es, desde luego, el trabajo próximo a la esclavitud, cuyas víctimas son en la mayoría de los casos personas de origen boliviano y paraguayo, pero también chicos argentinos de 12 a 17 años, entregados por sus madres para que trabajen y residan de lunes a viernes en estos talleres. La segunda modalidad es el trabajo a domicilio, en villas o barrios humildes, donde mujeres (que pueden ser las madres de esos chicos) pasan 12 a 16 horas diarias ante la máquina de coser, en pésimas condiciones de salubridad, cobrando sumas irrisorias y poniendo ellas mismas el capital de trabajo. La tercera modalidad son los pequeños talleres, cuyos empleados, que cobran en negro 1,50 o dos pesos la hora, están mejor que aquellas mujeres porque no tienen que poner ellos mismos el capital. La situación –según el estudio– salpicaría a todas las empresas porque éstas, en el mejor de los casos, reciben factura en regla de su proveedor inmediato, pero no saben (no quieren saber) en quiénes terceriza éste la producción. Y las prendas así confeccionadas pueden verse “en los shoppings más exclusivos”, según los investigadores. Ayer el gobierno porteño sumó otras 12 clausuras.

“El problema más crítico se encuentra en el trabajo a domicilio y en los talleres que operan en el marco de la economía informal”, advierte la investigación “El sector textil y de indumentaria desde la perspectiva de género”, que completó en marzo la Fundación El Otro –que integra la Red Puentes de Responsabilidad Social Empresaria– con el apoyo de la ONG Oxfam, de Holanda. La investigación incluyó a empresas, cámaras empresarias, organizaciones sindicales, trabajadoras y trabajadores.

El punto de partida es que “entre 1995 y 2001, el sector textil casi desapareció, con el cierre de 2500 unidades productivas y una pérdida de 180.000 puestos de trabajo”. Juan Carrera, coordinador del estudio, contó que “algunos de los que quedaron en la calle, principalmente mujeres, consiguieron máquinas, mediante créditos informales, gracias a cooperativas barriales o por algún subsidio estatal: instalaron estas máquinas de coser en sus casas, muchas veces en villas de emergencia”. La “overlock” cose en zig zag, la “recta” cose en línea recta y la “collareta” sirve para hacer cuellos.

“El trabajo lo ofrece un hombre que, en un auto o camioneta, les lleva las telas, generalmente ya cortadas: las mujeres no saben más que su nombre. El plazo de entrega es siempre perentorio, lo cual las lleva a trabajar 12 o 16 horas diarias; cobran a destajo; en marzo pasado, se llegó a ofrecer apenas diez centavos por confeccionar un pantalón, lo cual hace alrededor de un peso la hora. Una remuneración ‘alta’ llega a los dos pesos por hora. Pero la costurera debe hacerse cargo de los arreglos de las máquinas, el aceite, el hilo, las agujas”, observó Carrera.

La escena típica está compuesta por dos o tres mujeres, quizá madre e hija, frente a las máquinas, todo el tiempo: “Una señora contó que el hijito llegaba a desenchufarle la máquina para tratar de que estuviera un poco con él”, recordó Carrera.

“Son frecuentes los problemas de columna causados por la permanencia ante la máquina, en sillas que no son precisamente ergonómicas; los daños respiratorios por el polvillo que desprenden las telas; la fatiga visual, especialmente si deben coser prendas de color negro. Estas mujeres no tienen ningún beneficio social; si no trabajan, no cobran”. Rige, sin embargo, en la Argentina –“pero no se aplica”, puntualizó Carrera– la Ley 12713, de Trabajo a Domicilio, según la cual la responsabilidad de empresarios, talleristas y contratistas incluye el pago de salarios y beneficios sociales. Peor todavía es el trabajo esclavo. “Lo regentean personas que traen directamente a los trabajadores, en camiones, sobre todo desde Bolivia y también desde Paraguay. Los ponen en talleres como el que se incendió hace unos días: sesenta, cien personas en un galpón; ahí mismo están las grandes bolsas de fideos para que las familias cocinen.” Y, también, “hay chicos de 12 a 17 años, entregados por sus propias madres, especialmente en la zona del Bajo Flores, a explotadores que los llevan a trabajar en los talleres, donde viven de lunes a viernes”, contó Carrera.

En comparación, resultan casi benignas las condiciones de “muchos pequeños talleres, que suelen incluir también la venta al público, con 10 o 20 máquinas, donde trabajan empleados en negro; suelen ser jóvenes, hábiles para la costura: cobran 1,50 o dos pesos la hora pero no tienen que poner ellos el capital, y el trabajo no es tan insalubre”, explicó el coordinador de la investigación.

Estas distintas formas de explotación se enlazan en “una cadena de valor, porque la producción, aun la de la prenda cara que podemos ver en las vidrieras de la avenida Alvear, está atomizada: el botón se pegó en un taller, el cuello se hizo en otro, el estampado en otro. Los grandes minoristas de ropa compran a proveedores que les dan facturas en regla, pero éstos a su vez subcontratan en negro. Por eso, las prendas que se venden en los shoppings más importantes pueden incluir trabajo esclavo. Nadie en la industria textil tiene derecho a decir: ‘Yo no tengo nada que ver con esto que pasa’”, resumió el investigador.

Carrera afirmó que “la solución no es clausurar todos los talleres clandestinos, suponiendo que fuese posible, ya que esto dejaría a cien o doscientas mil personas sin trabajo”. Propuso, en cambio, “controlar a establecimientos medianos, que trabajan en negro, facilitar el blanqueo del personal otorgando créditos a cooperativas y acordar con las cámaras empresarias para que asuman su parte de responsabilidad y a su vez promuevan la concientización de los consumidores sobre el origen de las prendas”.

El caso argentino se enmarca en “una tendencia global hacia la reorganización de la producción, cada vez más flexibilizada y descentralizada mediante subcontrataciones. Para contrarrestar esta presión sobre las condiciones laborales se han creado entidades como Campañas Ropa Limpia (www.ropa limpia.org) y HomeNet, de trabajadores a domicilio”, señala la investigación.