Sigue creciendo la ola de denuncias por los talleres textiles truchos y el agua salpica a las grandes firmas. “Una campera termosellada de Montagne, que en Bariloche se vende a más de 300 pesos, se hace en talleres tercerizados con mano de obra esclava y al costurero le pagan un peso con cincuenta por cada prenda.” La denuncia fue hecha, a Página/12, por Gustavo Vera, titular de la Unión de Trabajadores Costureros, quien aseguró que una diseñadora famosa como Graciela Naum, que viste a la princesa de Holanda, la argentina Máxima Zorreguieta, tiene “un taller en la calle Tilcara, donde hay costureros trabajando en las mismas condiciones de precariedad”. Por su parte, el ministro de Producción del gobierno porteño, Enrique Rodríguez, aseguró que algunos de los talleres inspeccionados en los últimos tiempos “pertenecen a empresarios que han realizado inversiones importantes”, al punto que en uno de los 30 locales clausurados encontraron “maquinaria valuada en 150 mil dólares”.

Ante la gravedad de la situación planteada, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que el gobierno nacional está en “alerta máxima” por las denuncias, del propio Vera, en el sentido de que la policía cobra coimas para pasar por alto esas irregularidades. “Di instrucciones para que se investiguen esas denuncias y si hay un policía que ha cobrado un solo centavo, tiene que ir preso.” En las últimas 48 horas, inspectores de la Nación y del gobierno porteño recorrieron 54 talleres que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Hubo 18 clausuras el lunes y otras 12 ayer. Durante el día de ayer se inspeccionaron 23 locales y, además de las doce clausuras, se labraron infracciones en otros siete. En dos de los lugares, las autoridades no pudieron entrar porque estaban cerrados.

Gustavo Vera, en diálogo con este diario, aseguró que el taller de Graciela Naum funciona “en la calle Tilcara 2143, timbre uno”, mientras que hay otros lugares importantes como “el local de Armenia 1565, donde se hace ropa para la marca Pamplinas, que vende en negocios del Patio Bullrich o en las Galerías Pacífico”. Según Vera, “la mayoría de las empresas líderes, como Lácar, Montagne, Rusty o Eagle, entre otras, tienen talleres truchos donde la gente trabaja por monedas y donde no se cumplen las normas vigentes en materia de higiene y seguridad”.

“Lo que más llama la atención es que no hay segundas marcas; la gran mayoría son firmas medianas o grandes. El año pasado, durante una reunión en la Subsecretaría de Seguridad del gobierno porteño, uno de los funcionarios presentes, delante de miembros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, admitió que la mayoría de los procedimientos se hacían en talleres que trabajaban con empresas chicas. Y en los operativos participaban abogados de las firmas líderes. El problema era intervenir en los locales donde estaban esas empresas grandes”, aseguró Vera, durante la entrevista con Página/12.

“La propia Cámara de la Industria del Vestido admite, en sus denuncias, que el 75 por ciento de la producción textil en la Argentina es ‘informal’”, puntualizó Vera. Según el dirigente, en los hechos “también están involucrados dos ciudadanos bolivianos y el cónsul Albaro Gonzáles Quin. Ellos están ‘entongados’ con la mafia y nosotros los venimos denunciando desde hace tiempo”. Vera sostuvo que “ellos fueron los que armaron la manifestación que se hizo en mi contra frente al centro comunitario La Alameda”, en Directorio y Lacarra, en el barrio de Parque Avellaneda. Insistió luego en que “la mayoría de las fábricas de primer nivel tienen una fachada en blanco con una cantidad de obreros que no se corresponde con la cantidad de producción que sacan al mercado. Es más que obvio que la tercerizan con los mercados truchos”.

El ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, corroboró que los empresarios de los locales clausurados en los últimos días “no son tan pobres, tienen inversiones relativamente importantes, pero las condiciones de trabajo en esos lugares son inadmisibles”. Rodríguez dijo entender por qué algunos de los trabajadores explotados defienden la continuidad de esos talleres: “Uno les plantea alternativas para su futuro, pero ellos temen tener que volver a su país, donde las posibilidades laborales pueden ser peores. Ellos temen quedarse sin empleo”. En ese sentido se manifestó Gabriel Juricich, de la Federación Argentina de Colectividades: “Los ciudadanos bolivianos ahora están peor que antes, porque antes tenían para comer y ahora no tienen ni qué comer”.

Como réplica, la ministra de Derechos Humanos de la ciudad, Gabriela Cerruti, afirmó que “se está poniendo toda la fuerza del Estado a disposición para cubrir las necesidades” del sector afectado por el cierre de fuentes de trabajo. “Les estamos dando la garantía de que el Estado los va a acompañar en este momento de tanto dolor.”