Por distintas razones, las condiciones de trabajo que padecen los inmigrantes ocupados en talleres textiles venían siendo denunciadas desde hace años por los gremios vinculados a la producción de indumentaria y las cámaras del sector. El propio Estado daba cuenta del fenómeno con una cifra aportada por el Ministerio de Trabajo: en agosto de 2005, el 74 por ciento de los operarios del sector eran trabajadores informales.

Para Héctor Kolodny, de la Cámara Argentina de Industrias de la Indumentaria, todo empezó en 1989, cuando el propio Estado autorizó la venta en negro de ropa en el Mercado Central. “Eso se fue multiplicando a nivel nacional y hoy, sobre 110 mil trabajadores del sector, 84 mil no están registrados”, agregó. El fenómeno tuvo su auge en la década del ’90, cuando “ante la invasión de productos importados de países asiáticos, se asiatizó el mercado de trabajo local”, dice Ignacio de Mendiguren, titular de la Federación de Cámaras de Industrias de Indumentaria. El neologismo asiatizar debería leerse como superexplotar. “El Estado tiene atribuciones para detectarlo, si no lo hace es porque hay connivencia de los inspectores o pago de coimas”, agrega Heraldo Mage, del gremio Unión de Cortadores de la Indumentaria. Tampoco faltan propuestas.

“No hay que ir a China, Africa o Brasil para ver la precarización extrema de la fuerza de trabajo”, advierte Mage, del sindicato de cortadores. Aunque en los últimos años aumentó la cantidad de afiliados de 1500 a 3200, el gremio sigue denunciando la “competencia desleal” de los talleres clandestinos.

Kolodny rastrea el origen en la “vista gorda del Estado” al fenómeno que se inició en el Mercado Central y continuó en “ferias como La Salada, donde se venden marcas falsificadas en mercadería en negro”. Esos puestos son abastecidos casi exclusivamente por los ahora cuestionados talleres clandestinos.

Otro fenómeno en este sector es el de la tercerización del trabajo, que muchas veces se convierte en trabajo en negro. “Ya no existen las empresas como Dos Muñecos o Sudamtex, que eran plantas con mucha cantidad de personal. Las fábricas les fueron vendiendo las máquinas a sus operarios, que pagaban con su trabajo, y tercerizaban la producción. Soho y Mango, por ejemplo, trabajan de esta manera”, denuncia Mage. Los empresarios no descartan que entre sus asociados pueda existir alguno que compre la producción en talleres ilegales y sugieren que deben ser investigados y sancionados.

Los empresarios aclaran que no son partidarios de las soluciones drásticas. “Le propusimos al Gobierno facilidades para regularizar la situación tomando la contribución patronal como pago a cuenta del IVA”, explica Kolodny. “O reglamentar la ley de trabajo a domicilio, que fue sancionada, pero no está vigente y permitiría regular la actividad”, agrega De Mendiguren.