“No somos un club de amigos que nos reservamos el derecho de admisión, somos un poder del Estado que, según la Constitución, pusimos en marcha un proceso político en el cual la idoneidad es un requisito necesario para acceder a un cargo, y en el que no se frustran los votos de Pa-tti”, enfatizó el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión que ayer emitió un dictamen de mayoría que resolvió rechazar el diploma del diputado electo Luis Abelardo Patti y su incorporación como miembro de la Cámara de Diputados. Hubo otros cuatro dictámenes de las minorías, entre ellos uno de la UCR, a favor de la asunción del represor en la banca que ganó en octubre. La mayoría del radicalismo tendrá la misma actitud cuando se defina el destino de Patti en el recinto, el martes 23, aunque ayer trascendió que la posición de la diputada Silvana Giudici en contra del ex subcomisario está ganando adeptos (ver aparte). Cuando culminó la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento un grupo de seguidores de Pa-tti insultó a los gritos a los diputados impugnantes y a otros miembros de la comisión.

El argumento que con más fuerza esgrimen quienes defienden al ex subcomisario es el supuesto avasallamiento de la voluntad popular que se cometería al bloquearle el acceso a la Cámara. “La lista de Patti tiene suplentes que tienen su misma línea, de hecho fue acompañando a un sector del PJ bonaerense que se confundió un poco, y eso causa mucho dolor porque acá vimos cómo muchos militantes justicialistas fueron sus víctimas”, replicó Vargas Aignasse. “La excepcionalidad de este juicio político lleva a la necesidad de imponer un fuerte límite que evite que sea utilizado para controlar o impedir el acceso a cuerpos legislativos de circunstanciales minorías”, reza el dictamen de la mayoría impulsado por el kirchnerismo, con el apoyo del ARI y el socialismo. Estas limitaciones ya fueron aclaradas por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en el antecedente Bussi. Allí quedó claro que “las pruebas producidas en la impugnación de los títulos y derechos sólo serán suficientes para fundar la inhabilidad moral de un diputado electo cuando acrediten la participación en golpes de Estado o delitos de lesa humanidad”.

Precisamente, los fundamentos de los impugnantes giran en torno de la participación de Patti en crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de la dictadura. Las acusaciones “son indicativas de que carece de la idoneidad moral necesaria para ocupar un cargo público”, dice el dictamen de 43 páginas suscripto por una veintena de legisladores. Y se apoyan, principalmente, en la información proveniente de las causas judiciales por las cuales Patti está siendo juzgado en la actualidad. El presidente de la comisión aclaró que la Constitución establece dos instancias de análisis de la idoneidad de un diputado por parte de la cámara: la del artículo 64 para el momento previo a su asunción (antecedente del genocida Domingo Bussi) y la del artículo 66 para el momento en que ya se encuentra formando parte del cuerpo (caso del ex diputado Angel Luque). Y reiteró que aunque fueron tomadas en cuenta las causas judiciales, “esto no es un juicio judicial”.

Las pruebas determinantes en contra de Patti fueron:

- El asesinato de Osvaldo Cambiaso y de Eduardo Pereyra Rossi. Participó del secuestro de estos militantes montoneros y admitió haberlos matado, aunque en un presunto enfrentamiento. Tras enormes presiones al juez de la causa, obtuvo un sobreseimiento que se transformó en definitivo por el paso del tiempo. Documentos demuestran que hubo inteligencia previa en el caso. Y los papers desclasificados por Estados Unidos ratifican la presión política que sufrió la causa. Actualmente, la fiscalía pide la reapertura de este expediente que en 1983 llevó a Patti a la cárcel.

- El secuestro y asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barreto. Lo secuestró en Escobar y tres días después apareció muerto en un supuesto accidente. El secretario de Muñiz Barreto sobrevivió y declaró lo vivido en España. La esposa acudió a la Nunciatura y hay documentos en los que monseñor Ubaldo Calabresi pide informes por el ex diputado, secuestrado por “una comisión a cargo de un oficial que se identificó como Patti”.

- La desaparición y muerte de Gastón Gonçalves y sus compañeros. Varios testigos declararon sobre el accionar intimidante de Patti a este grupo de militantes, y sobre las amenazas al periodista Tilo Wenner.

- Las torturas a Luis Gerez. Albañil y ex militante de la JP, reconoció la voz de Patti cuando fue torturado en la comisaría de Escobar.

- El procesamiento por encubrimiento: el caso Granada. El represor prestó ayuda al teniente coronel Jorge Granada cuando éste se encontraba prófugo en la causa sobre la desaparición de los montoneros que protagonizaron la Contraofensiva. Fue procesado por encubrimiento y la Cámara Federal confirmó la resolución. El Registro Nacional de Reincidencia emitió el certificado a Patti sin tener este dato, porque el juez federal Claudio Bonadío no le informó al respecto.

- El allanamiento de la casa de María Isabel Chorobik de Mariani. La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo declaró que Pa- tti participó del allanamiento en su domicilio, pocos días después de la desaparición de su hijo, su nuera y su nieta.

- Las torturas de Mario Bárzola y Miguel Guerrero. En 1990 Patti estuvo prófugo y fue detenido cuando el juez Raúl Borrino lo encontró responsable de haber torturado a los detenidos Bárzola y Guerrero. El represor recusó al magistrado y la Corte provincial terminó determinando la prescripción del caso.

- Las declaraciones públicas del diputado electo impugnado. “La policía para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de cuatro o cinco hechos delictivos como privación ilegal de la libertad, apremios...”, entre otras.