“Argentina ganó terreno en el Banco Mundial y la posición uruguaya no fue tenida en cuenta”, les dijo Tabaré Vázquez a sus ministros, al regreso de su gira por los Estados Unidos y México. Así lo consignaron ayer los diarios uruguayos, en una versión que, horas más tarde, pareció ser confirmada por el propio organismo de crédito: la Corporación Financiera Internacional (CFI) –perteneciente al Banco Mundial– dio a conocer el listado de información que las papeleras Botnia y Ence deberán completar si quieren acceder a los créditos pendientes para la construcción de sus plantas. En el listado se solicita a las empresas mayores datos sobre la tecnología que van a usar. La CF admite, además, la necesidad de analizar los efectos que las fábricas tendrán sobre el turismo de la zona. La entidad se puso un plazo aproximado de tres meses para terminar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es decir que coincidirá en el tiempo con la respuesta de la Corte de La Haya al pedido argentino de paralizar las obras.

El Banco Mundial debe decidir, en base a los resultados del EIA, si otorga a Botnia y Ence 400 millones de dólares. Se trata del último tramo de un préstamo mayor, cuyo desembolso fue frenado por las quejas argentinas. A principios de abril, la CFI dio a conocer un borrador del estudio de impacto ambiental en el que advertía la carencia de datos para liberar los préstamos, motivo por el cual postergó su aprobación.

Más allá del peso que esos 400 millones pueden tener para las compañías, lo que el organismo de crédito internacional decida incidirá sobre los bancos privados, que cubrirán un porcentaje de la financiación. Por otra parte, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), también del Grupo del Banco Mundial, tiene pendiente el otorgamiento de un seguro contra riesgos políticos para la planta de Botnia.

La entrega de la información y su posterior análisis se realizará mediante un “Plan de acción” que la CFI acordó con las dos empresas. Los datos que Botnia y Ence deberán brindar, o los técnicos evaluar con mayor profundidad son:

- Tecnología de las plantas: Las compañías deben presentar los “diseños de sus plantas en suficiente detalle como para permitir la verificación” de que cumplen con las normas ambientales.

- Se analizarán “mejoras tecnológicas” para reducir la contaminación, como el uso de oxígeno en lugar de cloro para blanquear la pasta de celulosa.

- Se realizarán “análisis del vertido (al río) de las aguas residuales estimando, en particular, los niveles de dioxinas y furanos” y otros elementos tóxicos.

- Localización: La CFI pidió información adicional sobre por qué se eligió la costa de Fray Bentos, ubicada frente a Gualeguaychú, para instalar las fábricas.

- Turismo: Los técnicos estudiarán “la industria del turismo dentro del área de influencia de las dos plantas”, incluyendo “un análisis comparativo del turismo en y alrededor de las plantas de celulosa existentes en otras partes del mundo”.

- Planes de emergencia: Las firmas deberán dar “detalles adicionales” sobre sus programas de respuesta frente a accidentes.

Una vez reunida la información, informó la CFI, un grupo de “consultores independientes” revisará el borrador que dio a conocer en abril, ahora sumado a los nuevos elementos. Este proceso llevará, anticipó la entidad, de sesenta a noventa días luego de que los consultores sean designados.

El Plan de acción difundido ayer le pone coto a la postergación en el otorgamiento de los créditos, lo que beneficia a Botnia y Ence. Pero a la vez fija mayores condiciones para que los préstamos puedan ser finalmente aprobados. Este cambio, que es sin duda producto de la presión argentina, no hace olvidar en la Cancillería el carácter intrínsecamente parcial del estudio de la CFI, perteneciente a un organismo de crédito que financió nosólo el tramo inicial de la construcción de las papeleras sino la forestación del Uruguay.