El surgimiento de dificultades para la empresa finlandesa Botnia en los organismos internacionales de crédito (ver nota aparte) o en el sistema financiero es, para la actual estrategia del gobierno argentino, la mejor noticia imaginable. La negociación bilateral, el único medio para resolver el entuerto de forma no lamentable, está estancada. La crispación crece a ambas orillas del charco, especialmente entre sus elites de gobierno. Y el recurso a la Corte de La Haya, aunque se verbalicen otras cosas, funge más como un medio que como un fin. Un medio-carambola a dos bandas. Primero, fue la clave para inducir el levantamiento del bloqueo del puente internacional. Además, es un generador de incertidumbre que no imposibilita pero sí torna más incierta la inversión en las pasteras.

El acto de Gualeguaychú propaló un metamensaje voluntarista respecto de las reales chances de Argentina en La Haya, pero es insensato pensar que los funcionarios más avezados crean que hay buenas posibilidades de obtener un fallo favorable o la aceptación de la medida cautelar en tiempos razonables. Suponer que se tiene el matemático 50 por ciento de ganar ya sería un desborde de optimismo o de petulancia.

Un ejemplo cercano, al menos geográficamente, es ilustrativo acerca de los cansinos tiempos que se toma el tribunal. En diciembre de 2001, Nicaragua inició un reclamo contra Colombia referido a límites marítimos en el mar Caribe. Se fijó fecha de contestación de demanda para junio de 2004, un lapso casi eterno. Pero Colombia articuló “objeciones preliminares” en enero de 2004, “prosperaron” y hasta hoy no hay nueva fecha de contestación. El tribunal está sobrecargado de trabajo y suele dilatar sus encalmados términos procesales.

En cuanto a la medida cautelar, es inusual que La Haya las homologue. Los requisitos exigidos son, en apretada síntesis:

a) seria probabilidad de la existencia del derecho a proteger,

b) temor fundado de que se cause lesión grave a ese derecho,

c) falta de otra medida adecuada para evitar el daño y

d) que el perjuicio causado por la suspensión no cause más daño que el hecho que se busca evitar.

Los criterios utilizados por el Tribunal son muy restrictivos, los casos en que se admitió un pedido similar se cuentan con los dedos de una mano. Para colmo, es muy arduo dar por probado un daño que no se está produciendo. Si acreditar el daño es duro, es endemoniado determinar su magnitud, algo también imprescindible.

Por lo tanto, las expectativas de Cancillería y de la Rosada no se asientan en cuándo o cómo se resuelva el pleito internacional, sino en tornar imposible o muy peliagudo el financiamiento a Botnia. Se supone que esa asfixia a Botnia no persigue el fracaso total del emprendimiento, sino un forzamiento de la vía negocial entre los presidentes. Se supone.

Quizá sea un exceso de fantasía apostar a torcerle el brazo a una empresa europea, por falta de dinero, en lo que podría ser un leading case internacional. La evolución del entredicho lo dirá, en cualquier caso tal es el nodo de la actual táctica del Gobierno.

Una pregunta adicional, para nada superflua, es cómo impactaría en las futuras relaciones de los dos países hermanos el (ya se dijo muy virtual) éxito pleno de la estrategia de la asfixia. Todo sugiere un escenario desastroso: Uruguay privado de una de las inversiones más grandes de su historia. Un saldo tal derivaría en un odio perdurable del gobierno y una consistente mayoría del pueblo oriental hacia la Argentina. Los funcionarios argentinos replican ante esa objeción que su anhelo sigue siendo negociar y no terminar de asfixiar a Botnia. Así debería ser. Se supone que así es.