El próximo envío del proyecto de ley de 12 años como tope a las condenas a menores de 18 años al Congreso desató un vendaval de críticas de parte de organismos de DD.HH. y especialistas. “Legitima un decreto de la dictadura (el 22.278)”, dijo Laura Musa, ex diputada del ARI y titular de la Fundación Sur. “El tope no resuelve nada. Si es una cuestión de urgencia y de casos puntuales, el Ejecutivo tiene a su disposición el indulto”, sostuvo el diputado del ARI y ex consultor de la Unicef, Emilio García Méndez. “Entendemos que una reforma de este tipo es parcial porque no es sólo un tope lo que propone la Convención por los Derechos del Niño, sino algo mucho más complejo”, aseguró Gimol Pintos, oficial de Reforma Legal de Unicef Argentina. “En el Congreso hay cuatro o cinco proyectos que proponen un tratamiento específico para jóvenes –describió el asesor de un senador–, que aplican sanciones que no superan los 5 años, que proponen la pérdida de la libertad como último caso, que ya tienen estado parlamentario y que cuentan con un apoyo amplio en las dos cámaras.”

El proyecto de ley de tope a las condenas que propone el Ejecutivo tiene un solo artículo y en él se establece el máximo de 12 años para sancionar a un menor de 18 años. En sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que imponer condenas por la misma cantidad de años a menores que a mayores coloca al país “a la retaguardia del conjunto de los países latinoamericanos y europeos”. Y reconoce que el tope de 12 años “si bien no resuelve el problema de fondo, que sólo podrá abordarse mediante la reforma integral del régimen de Justicia penal juvenil, significará no sólo paliar los casos individuales que hoy ponen a nuestro país en riesgo de sufrir una sanción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además evitará que se sigan aplicando este tipo de condenas violatorias de la normativa nacional e internacional”.

Pero el reconocimiento del decreto-ley 22.278, sancionado el 20 de agosto del ’80, la aplicación de un tope en lugar de un régimen propio de la minoridad, según marca la Convención, y el olvido de proyectos con estado parlamentario y en línea con la Convención son las críticas que levanta el polémico proyecto.

“Como Unicef, entendemos que una propuesta de reforma de este tipo es parcial –dijo a Página/12 Gimol Pintos–. Después de la sanción de la Ley de Protección Integral a la Niñez el año pasado, están dadas las condiciones para comenzar a discutir un sistema de responsabilidad penal para adolescentes respetuoso de los estándares internacionales de los derechos humanos, que no son sólo un tope.”

“Es un gravísimo retroceso en el campo de los derechos humanos y en el de la infancia y adolescencia –aseguró Laura Musa–. Hasta ahora, los que trabajamos con casos de menores nos presentábamos ante la Justicia con un escrito en el que considerábamos la 22.278 como inconstitucional y derogada de hecho por la Convención del Niño, que tiene rango constitucional. Pero ahora le dan plena vigencia. Es la primera vez en una norma de la democracia que en lugar de derogar un decreto-ley de la dictadura se lo legitima como ley modificando un artículo y dejando el resto tal cual. Es increíble que una Secretaría de Derechos Humanos la plantee como alternativa a la inconstitucionalidad.”

“El primer crítico es el propio (Rodolfo) Mattarollo cuando dice que el proyecto de la ley de topes no resuelve el problema –sostuvo Emilio García Méndez–. Además, deja intacta la 22.278, y no soluciona nada, porque el tope que propone termina siendo más alto que todos los proyectos que ya tienen tratamiento parlamentario.” En Diputados, el proyecto de García Méndez (ARI), el de (Jorge) Vanossi (PRO), y el de (Paola) Spatola (Guardia Peronista), y en Senado el de Vilma Ibarra (de la Victoria) coinciden por completo con las exigencias de la Convención, y ponen condenas no superiores a 3 años para la franja de 14 y 15 años, y 5 para la de 16 y 17, todos estipulan la edad de responsabilidad penal entre 14 y 18, un debido proceso acusatorio, todos restringen la privación delibertad como último recurso. “Si lo que pretende resolver el Gobierno es la situación personal de algunos de los menores, tiene el indulto, que es más rápido. Que proponga una ley de topes, con la mayoría del Congreso, es incomprensible.”