“Sos muy joven, esto se hizo siempre”, le respondieron al cabo Carlos Ariel Alegre cuando se negó a hacer tareas de inteligencia política. El suboficial de la Armada, que denunció en marzo el espionaje ilegal por parte de sus camaradas en la Base Almirante Zar, ratificó ayer sus dichos ante el conjuez federal de Rawson, Luis López Salaberry, en un relato pormenorizado que duró cerca de nueve horas. En la primera de las catorce indagatorias previstas, Alegre sostuvo que el espionaje era conocido por los altos mandos de la zona: los capitanes de Navío Gustavo Ottogalli –actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada–, Jorge Janiot y Félix Medici. Los tres están imputados junto con el ex número tres de la Armada, el contraalmirante Eduardo Avilés y el ex director de Inteligencia Naval, contraalmirante Pablo Rossi. Avilés y Rossi fueron relevados de su cargo cuando se conoció el caso de espionaje ilegal.

La causa de espionaje estalló en marzo con la denuncia que llevó Alegre al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es un joven que no aceptó la orden de realizar tareas de inteligencia prohibidas por la ley, por lo que comenzó a sufrir sanciones arbitrarias”, explicó el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, al presentar la querella judicial. Entre las carpetas que se secuestraron en los allanamientos de la Base Almirante Zar y de Puerto Belgrano se encontraron seguimientos a la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al juez federal Jorge Pfleger, que estuvo a cargo de la causa. También se reveló el seguimiento a los actos en recuerdo a la Masacre de Trelew, que ocurrió en la misma Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.

A pesar de ser quien inició la causa, Alegre declaró ayer como imputado. “El juez no puede traerlo de otra manera, porque está sospechado de haber participado. No se puede determinar a priori su rol”, aclaró el fiscal Fernando Gelves. En cambio, el abogado defensor Guillermo Hervida intentó instalar la idea de que se trata de un “arrepentido” y el suboficial segundo Vicente Rossi lo querelló por violación de secretos militares. El juez López Salaberry desestimó ayer esa denuncia.

Alegre sostuvo que no participó en las tareas de espionaje. Hizo una pormenorizada descripción de su carrera, desde que empezó a estudiar hasta que llegó a la Base Almirante Zar. Afirmó que en varias oportunidades se negó a cumplir con las órdenes que le impartió el suboficial principal Alfredo Luis Andrade o el suboficial segundo Daniel Guantay, así como el capitán de Corbeta Gustavo Monzani, que estaba a cargo del área de inteligencia de la base. Alegre dejó en claro que todos los que participaron del espionaje eran conscientes de lo que hacían y señaló que les advirtió que eso era ilegal.

El cabo confirmó el circuito de la información: de Trelew iba a Puerto Belgrano, al Comando de Operaciones Navales y al Servicio de Inteligencia Naval. Fuentes judiciales señalaron que el testimonio de Alegre es concordante con la documentación secuestrada de las bases. También describió las sanciones que recibió por desobedecer las órdenes, que llegaron al punto de prohibirle hacer deportes. El cabo –que se encuentra con custodia policial– advirtió que tres días atrás lo amenazaron y que lo llaman constantemente de la base para pedirle que firme “sumarios”.

Las indagatorias continuarán la semana próxima con los suboficiales Andrade, Guantay y Rossi, a razón de uno por día. El jueves deberá declarar Monzani y el viernes, el contraalmirante Rossi. Por su parte, Avilés tendrá que asistir el lunes 12 de junio. Los marinos faltaron a una citación anterior como parte de la estrategia de la defensa. El juez López Salaberry dejó en claro en el llamado a indagatoria que si no asisten en esta oportunidad “se ordenará sus inmediatas detenciones”.