“No recuerdo”, fue la respuesta más usual de Alfredo Eduardo Ves Losada, el ex decano de la Facultad de Derecho de La Plata que ayer, durante el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, declaró desconocer la existencia de desaparecidos y listas negras en la última dictadura militar. Cuando la querella le preguntó, en forma irónica, si en su gestión había tenido un “decanato armonioso”, Losada contestó que “sí”, aunque explicó que se le puso custodia en su domicilio, luego de que el rector Guillermo Gallo sufriera un atentado.

El ex decano fue citado por haberse reunido con Mario Teruggi –padre de Diana Teruggi, asesinada en un operativo conjunto de fuerzas militares y policiales en noviembre de 1976–, quien le pidió a Losada que averiguara si su nieta, Clara Anahí, estaba viva. “Yo encargué a mi secretario Eduardo Penna que averiguara en Jefatura de Policía qué había pasado con la nena y me transmitió que le habían informado que ‘todos habían muerto’”, explicó Losada, cuya versión no concuerda con la de otros testigos oculares que, durante el juicio, declararon haberla visto con vida. Losada también fue consultado por el caso de Antonio Bettini, un profesor de su facultad con el que “había tenido una relación amistosa” y que fue declarado cesante por “faltas”; había sido detenido y aún permanece desaparecido. Tras recibir una carta de un familiar de Bettini, el ex decano comentó que se limitó a derivar el caso al rector.

Otro de los testigos que declararon ayer fue Carlos Alberto Cianco, ex director del cementerio platense, quien informó que desde la municipalidad se entregaban cajones pedidos por la policía para sepultar a personas sin identificar: “La mayoría, jóvenes que habían sido asesinados”. Cianco afirmó que había un registro y un sector especial para esas inhumaciones, “serían unos 100 o 150 los cuerpos de jóvenes allí sepultados”, precisó. Cuando los integrantes del Tribunal Federal Oral 1 de La Plata requirieron más detalles, el testigo contestó que las constancias administrativas fueron remitidas en su momento a los juzgados penales que las solicitaron y aseguró que, durante su gestión, los NN no estaban identificados de ninguna forma, pero “nosotros les pusimos cruces y un número de orden, de acuerdo a la fecha en la que fueron enterrados”. Cianco negó haber tenido noticias de inhumaciones clandestinas a cargo del personal de las fuerzas de seguridad y destacó: “En todas las actas de defunción que vi de las personas sin identificación, figuraba que habían muerto en enfrentamientos y llevaban la firma de un médico policial”.

El testimonio de Néstor Pedro De Tomás, quien durante esos años se desempeñó como médico policial en la Dirección de Sanidad, fue el más macabro de la jornada. El profesional admitió que “fueron numerosas las ocasiones” en las que tuvo que retirar cadáveres de la vía pública y de viviendas para llevarlos a la morgue policial, donde se confeccionaban las fichas médico-legales. “La mayoría de los cuerpos tenían destruida la masa encefálica por disparos, el daño corporal provocado por tantas balas en algunos cuerpos hacía innecesaria la autopsia, porque ya se sabía de lo que se trataba”, detalló De Tomás, quien fue sobreseído en una causa en la que la Justicia federal platense investigó su responsabilidad en la desaparición de 23 libros con registros médico-legales, confeccionados durante la dictadura. “Toda esa documentación la entregué en tiempo y en forma a mis superiores de la policía”, dijo De Tomás al respecto.