El único recurso con que cuentan los pueblos para financiar con independencia su desarrollo son sus riquezas naturales. Entre ellas, la más requerida por ser no renovable, están los hidrocarburos. Todos los países los han defendido y si no los tienen, deben salir a buscarlos. Desde su descubrimiento en nuestro país en 1907, cuando el presidente conservador Figueroa Alcorta protegió los territorios con petróleo, se fue construyendo una inteligente política de Estado que durante más de 80 años fue desarrollada por gobiernos de distinto signo. Esa política definía los combustibles como un servicio público y un bien social. YPF y Gas del Estado eran empresas sociales construidas con la inversión y el ahorro nacional; y allí donde se instalaban hacían caminos, hospitales y escuelas, mientras los gasoductos se trazaban para llevar combustible barato a productores y usuarios.

Esos beneficios se perdieron en 1989 con la salvaje privatización de Carlos Menem y a pesar de ser repudiada en estos años por millones de votos, ha sido mantenida hasta hoy por los sucesivos gobiernos. De bien social, los combustibles pasaron a ser un negocio y un comodity, haciéndolo pagar como si fueran importados cuando son producidos en el país a bajos costos: el colmo del abuso es el escandaloso precio de la garrafa de gas. Además, la privatización demostró su fracaso: después de quince años fue incapaz de mantener el autoabastecimiento logrado y será necesario volver a importar; las reservas bajaron de 25 años a 7 y las petroleras no cumplieron con su obligación de perforar nuevos pozos a fin de reponer los caudales extraídos; no se construyó ni un metro de gasoducto para abastecer a la mitad de la población que carece de gas natural; el tesoro nacional perdió una renta aproximada de más de 10.000 millones de dólares anuales que le permitían financiar la industria y las políticas sociales.

¿Pueden nacionalizarse el petróleo y el gas? La experiencia boliviana demuestra que es posible sin el caos económico anunciado ni el retiro de las petroleras. Hoy las encuestas señalan que el 75% del pueblo argentino aprueba la estatización mientras el gobierno nacional profundiza la política del menemismo al intentar transferir a las provincias las concesiones que mantenía la Nación. En la Reforma Constitucional de 1994, la provincialización del petróleo y gas fue canjeada por la reelección de Menem, dejando el recurso en manos de las diez provincias que tienen petróleo. Pero ellas suman apenas el 15% de los habitantes del país, mientras el 85% restante vive en las 14 provincias sin petróleo –entre otras Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán– y financiaron su exploración, extracción e industrialización durante 80 años. Con un barril internacional a 75 dólares, un costo de producción nacional inferior a 5 dólares, y recibiendo las más bajas regalías del continente –el 10%–, no hay mayor negocio para las provincias petroleras que asociarse a la Nación para recuperar el 100% de los hidrocarburos para repartirlos equitativamente: no solo para beneficio de ellas, sino del conjunto del país.

Por estas razones, ciudadanos y organizaciones de distintas ideas y sectores, de la ciudad y el campo, del trabajo, el comercio, la producción y la cultura, hoy se suman a la gran patriada de superar el millón de firmas por la argentinización del petróleo y el gas y la modificación del artículo 124 de la Constitución que otorga su dominio a las provincias. Parafraseando al doctor Alejandro Olmos: o se está por el país y la nacionalización de los hidrocarburos o se está con las petroleras contra los intereses del pueblo argentino

*Presidente del M.O.R.E.N.O. Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora.