El 5 de julio pasado, el defensor general de La Plata, Omar Ozafrain, presentó un pedido de hábeas corpus. No fue la primera vez ni será la última en que lo haga. La solicitud –a la que Página/12 tuvo acceso– fue realizada ante la Cámara de Apelaciones platense en favor de 18 presos, internados en la Unidad 10, uno de los dos neuropsiquiátricos penales de Melchor Romero. Lo curioso del caso es que el pedido se refería a un maltrato extra al que suelen ser sometidos los internos: estaban presos pero no debían estarlo porque ya había cesado la intervención penal sobre ellos. La respuesta de la Cámara de Apelaciones platense fue rápida y no dejó lugar a dudas: ordenó la libertad inmediata o la derivación al tribunal de familia en 16 de los 18 casos. Y en dos casos, inició una causa penal por privación ilegal de la libertad.

“Advertimos que había un número importante de personas internadas y que no estaban a disposición de jueces penales –señaló Ozafrain–. En el mejor de los casos habían sido puestos a disposición de tribunales de familia, pero las medidas penales habían cesado por lo que no debían permanecer un minuto más en prisión.” En pocas palabras, técnicamente eran 16 personas secuestradas.

La situación da la pauta de que en las prisiones lo que por definición debería ser totalmente irregular es de una regularidad asombrosa. Para el caso, la defensoría de Ozafrain no se enteró de semejante situación porque hubiera recibido ningún informe del SPB sino porque, de casualidad, descubrieron una anomalía en la situación de un preso que correspondía a su defensoría: el juez había dispuesto la cesación de la causa penal hacía casi un año y había pasado al ex interno a disposición de la justicia civil, que no disponía ninguna resolución. “Cuando comprobamos la situación pedí un informe en esa unidad para ver si nos encontrábamos con otros casos iguales”, señaló Ozafrain. La secretaria de ejecución Fabiana Ripani fue la encargada de recibir los datos. “Nos pasaron 17 casos más, de diferentes jurisdicciones, en las mismas condiciones –dijo Ripani a este diario–. Dos de ellos estaban mal pasados porque debían permanecer en un penal.” En total, 16 presos no debían serlo y lo seguían siendo.

Se presentó entonces el hábeas corpus en el que Ozafrain mencionaba dos tipos de casos: los que seguían presos “invocando decisiones del poder administrador”, que en términos legales “constituye un agravamiento ilegítimo de su privación de libertad”, y aquellos en los que pese a estar a disposición de tribunales de familia, éstos no tomaban decisión alguna y los “ciudadanos libres” seguían siendo ciudadanos presos en el olvido.

La respuesta de la Cámara de Apelaciones no se hizo esperar. Entre el 20 y 21 de julio, los camaristas respondieron por cada caso en particular y en 16 de los 18 casos (dos estaban mal informados por el SPB) ordenó la inmediata libertad. En un caso, el juez penal había cesado la causa el 5 de febrero de 2004 y había quedado a disposición de la justicia civil, que ordenó el traslado a la colonia Cabred de Open Door, pero al 28 de septiembre de ese año aún no había cama. Los psiquiatras decían, además, que no revestía peligrosidad. “Que en el hospital de Open Door no existan camas para efectivizar la medida judicial ordenada no resulta razón suficiente para mantener al causante ilegalmente privado de su libertad”, sostuvo la Cámara.

En otro caso, se descubrió que en julio de 2002 se había dispuesto el sobreseimiento total de un preso por inimputabilidad. El juez ordenó que fuera mantenido en una seccional pero no dispuso medidas de seguridad. La Cámara dedujo con buen criterio que si no había medidas de seguridad ordenadas su detención resultaba ilegal.

Y en otra causa, la medida penal había cesado en marzo de 2003 y dos años más tarde se pedía cama para internarlo en los hospitales Alejandro Korn y Neuropsiquiátrico de Necochea. Pero la cama nunca apareció. Con lo que, o bien los presos seguían siéndolo por desidia del SPB, o bien por una supuesta ausencia de cama (ambos casos están bien ejemplificados por la historia de Lali Vázquez, (ver nota aparte), o bien por desidia de la Justicia civil.

La gravedad de la situación llevó a Ozafrain a distribuir durante una reunión de todas las defensorías de la provincia un listado de los presos que no debían serlo. Los había de las más diversas jurisdicciones.

Una buena cantidad de los que deberían estar libres o internados pero jamás presos lo siguen estando por una razón bastante simple y poco exteriorizada por las autoridades: son presos que es lo mismo que sostener que nadie los quiere. “Si a los presos nadie los recibe cuando salen libres –señaló una fuente judicial–, imagínese a los que además vienen de un penal neuropsiquiátrico.”

Muchas veces, el juez hace cesar la pena, el SPB pide cama por orden de la Justicia civil y la cama no aparece. “La Dirección de Salud Mental del Servicio Penitenciario tiene los recursos humanos necesarios para determinar por sí misma una externación directa sin necesidad de derivarnos a los hospitales públicos para que lo hagamos nosotros”, dijo a este diario una fuente jerárquica de uno de los neuropsiquiátricos provinciales dependientes del Ministerio de Salud.

La misma fuente señaló que desde octubre se coordinó con la Dirección de Salud Mental del SPB la conformación de juntas que fueran determinando la internación o no de cada uno de los ex presos derivados. La junta se reúne y funciona pero tampoco da abasto. “En muchos casos mantienen su conducta carcelaria y se hace imposible internarlos. Si llegaron a matar a algún paciente...”, aseguró la fuente.

Las sospechas de Ozafrain dejan suponer que los de la U10 son apenas la punta de un iceberg. Más allá de burocracia, desidia o falta de camas, el estigma del ex preso está vigente.