La Cámara en lo Penal Económico reabrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Ramón Hernández. El ex secretario privado de Carlos Menem había sido beneficiado el año pasado por el juez Julio Speroni (que luego renunciaría a su cargo), quien lo sobreseyó con el argumento de que la existencia de cuentas bancarias en Suiza nunca podría ser probada por la falta de contestación de las autoridades helvéticas. Los camaristas dispusieron ahora que la causa se reimpulse, ya que “restan medidas probatorias por realizar” para establecer el estado patrimonial del ex funcionario.

En los hechos, la causa contra Ramón Hernández es prácticamente una carpeta vacía, dijeron a Página/12 fuentes con acceso al expediente. El caso se abrió como una rama de la investigación por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador: se planteó entonces si aquel negocio había implicado un enriquecimiento ilícito de Carlos Menem. Surgió la pregunta acerca de si Ramón Hernández actuó como su testaferro, y finalmente si el propio secretario se había enriquecido. Pero la pesquisa nunca avanzó más allá de los anuncios. Como tantas otras causas judiciales, tuvo un uso publicitario más que una sustancia real.

Luego del sobreseimiento, el director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Martín Montero, apeló el fallo de primera instancia. Montero enumeró así los baches de la investigación:

- La denuncia inicial señaló que Hernández tendría una cuenta bancaria con siete millones de dólares en Suiza, a nombre de una sociedad de fantasía, la Red Spark Fundation, en la que tendrían participación tanto él como Carlos Menem.

- El juez no inspeccionó las propiedades que Hernández admite tener y aceptó el valor que figura en las escrituras. Tampoco averiguó si tiene otras propiedades en La Rioja o en la provincia de Buenos Aires, lugares donde residió casi toda su vida.

- No tomó en cuenta el costo que supuso para el imputado el haberse alojado durante años en una suite del Hotel Alvear.

- No solicitó a la Anses y a la AFIP la información sobre sus ingresos legítimos, independientemente de los datos que Hernández aportó en su presentación.

- No investigó las sociedades en las que Hernández tuvo participación. “El manifestó que una de las sociedades explotaba locutorios en aeropuertos. ¿Puede alguien con doce mil pesos (el capital social declarado) lograr la concesión de un espacio en un aeropuerto, realizar la inversión para montar el locutorio, pagarle al personal? Imaginamos que no era Hernández quien atendía en el mostrador del escritorio”, señaló la OA.

- “Tampoco hay información del consumo de Hernández y su entorno. Vale aclarar que si bien aquí se investiga a Hernández como persona interpuesta en el enriquecimiento de Menem, averiguar sus consumos y los de su familia es trascendente porque implica ingresos.”

- Los camaristas que hicieron lugar al recurso de apelación y dispusieron la reapertura del expediente son Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, integrantes de la Sala B, quienes encomendaron al Juzgado de Primera Instancia que realice las medidas solicitadas por la parte querellante.

Hernández compartió durante tres décadas la intimidad de Menem, con quien comenzó a trabajar durante su primer mandato como gobernador. Así pasó de cajero del Banco de La Rioja a vivir en una suite de hotel y usar trajes Armani. En su declaración jurada, dijo haber adquirido una casa con terreno en Quilmes y otra en La Rioja. En el ítem efectivo apuntó 123 mil pesos, producto de la venta de un inmueble y de una Nissan Pathfinder. Y según él, nada más. A pesar de la ostentación de que hizo gala durante más de una década, en la que podía vérselo siempre en una cuatro x cuatro o en una Mercedes-Benz oscuro, del Hotel Alvear al Boating de San Isidro, el juez lo había encontrado inocente. En el sobreseimiento sostuvo que su fortuna, teniendo en cuenta los cargos que ocupó, “lejos está de ser considerada exorbitante o sobredimensionada”.

El caso quedará ahora en manos del juez subrogante Rafael Caputo y de la fiscal Alicia Sustaita. Caputo es el reemplazante de Speroni; ex secretario de la Sala B de la Cámara de Apelaciones, está postulado en el concurso para quedarse con el cargo vacante. Es un magistrado nuevo en el expediente; Sustaita, en cambio, fue la fiscal de la investigación desde que ésta recayó en el fuero Penal Económico y como tal ha recibido críticas por su inacción.

En el fallo conocido ayer, los camaristas Pizzatelli, Grabivker y Hornos manifestaron que dictar el sobreseimiento había sido “prematuro, toda vez que restan medidas tendientes a determinar la posible existencia del delito investigado y la eventual participación de Ramón Hernández en el mismo”.