El Tribunal Arbitral del Mercosur inició ayer los contactos para definir el laudo que emitirá en la demanda que presentó Uruguay contra la Argentina por los bloqueos de rutas que generaron las protestas por la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos. Con la llegada a Montevideo del árbitro español que preside el Tribunal, Luis Martí Mingarro, y el representante argentino, Carlos Barreira, el cuerpo constituido ad hoc se encontró para analizar los argumentos jurídicos de la demanda y de la respuesta argentina, y tienen como plazo máximo el próximo jueves para dar a conocer su decisión. El fallo es vinculante, aunque no establecerá montos ni resarcimientos económicos, y podrá ser apelado por cualquiera de las partes.

Como durante las audiencias previas, el Tribunal –que integran Mingarro, Barreira y el uruguayo José María Gamio– inició ayer en Montevideo las primeras conversaciones para emitir un laudo sobre el conflicto en estricta reserva. La demanda que debe resolver el Tribunal se inició cuando el gobierno de Tabaré Vázquez acusó a la administración de Néstor Kirchner de haber incurrido en una “omisión” de acciones para impedir los cortes de ruta de los pasos binacionales, en los primeros meses del año.

La Argentina rechazó la acusación y planteó que tuvo un “rol activo” para “disuadir” con “éxito” la actitud de los asambleístas, y esgrimió que nunca estuvo cortada en forma total la comunicación por tierra entre ambos países, porque los cortes eran parciales o había caminos alternativos. Además de aclarar que los bloqueos de ruta fueron convocados por las asambleas ambientalistas de las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Salto para rechazar la instalación de las fábricas de pasta de celulosa de la empresa española Ence y la compañía finlandesa Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos, y advertir sobre los efectos contaminantes que tendrán sobre el río Uruguay. Un tema que la demanda uruguaya evitó mencionar a lo largo de todas las etapas del proceso.

El gobierno uruguayo llevó su reclamo ante el Tribunal del Mercosur con el objetivo de sacar el conflicto del ámbito estrictamente bilateral e insistir en que los cortes le ocasionaron un daño económico, que algunos de sus funcionarios estimaron en 400 millones de dólares. Como contrapartida, el Gobierno argentino mostró estadísticas que indican que el intercambio comercial y el flujo turístico entre ambos países no sólo no disminuyó sino que se incrementó aun durante los cortes de ruta. Si bien el Tribunal no puede expedirse sobre la cuestión económica, un fallo favorable a la postura uruguaya podría abrir las puertas de los tribunales argentinos a los resarcimientos económicos que pretenden empresarios orientales.

El Tribunal comunicará –como máximo el próximo jueves– lo que resuelva a la Secretaría del Mercosur que, a su vez, se contactará con cada representación diplomática, en cumplimiento de la reglamentación vigente, para comunicarles la decisión. Los países tendrán la posibilidad de apelar el laudo ante el Tribunal de Revisión con sede en Asunción del Paraguay, donde seguiría la controversia.