Lo escucharon sin mostrar signos de mayor preocupación. Los integrantes de la comisión bicameral encargada de fiscalizar el funcionamiento de los organismos de inteligencia no parecieron sorprenderse ante el comentario del diputado Oscar Rodríguez. Palabras más, palabras menos, el ex segundo de la SIDE en tiempos de Eduardo Duhalde recordaba que los archivos de la central de inteligencia habían sido digitalizados y nadie podía asegurar que no existieran copias de algunos legajos e investigaciones de los espías dando vueltas por ahí. Fue la primera reunión de comisión luego de que se conociera el pasado del bonaerense Juan José Alvarez como miembro del organismo de inteligencia durante la dictadura militar. La única resolución fue preguntar a la SIDE si había iniciado alguna investigación propia para saber el origen de la filtración.

Una medida elemental para una comisión que mantiene todas sus reuniones en secreto, cuyos integrantes no tienen inconvenientes para viajar a Europa y mantener entrevistas con expertos en inteligencia y que es sostenida con 3.600.000 pesos anuales que, al margen del presupuesto del Congreso, le llegan directamente del Estado nacional.

“Nos pidieron no hacer nada hasta que se reuniera la comisión bicameral”, responde uno de los legisladores del kirchnerismo más molestos con el pasado de Alvarez. Al interlocutor de Página/12 el pedido no le llegó desde la Rosada sino a través de la conducción de la bancada. Fueron ellos los que recibieron la señal de Kirchner. El pasado miércoles los duhaldistas habían amenazado con dar a conocer un listado de kirchneristas que ocuparon cargos en distintos niveles del Estado durante la última dictadura militar. El tema no llegó al recinto porque oficialistas y opositores acordaron una tregua. Eso no calmó por completo al bloque kirchnerista en Diputados. No faltan quienes pretenden mayor información sobre el pasado de Juan José Alvarez. “Queremos saber qué tareas cumplió Alvarez en la SIDE”, subraya el diputado que habla con este diario pidiendo reserva de su nombre. El parlamentario descree que el bonaerense haya sido un simple empleado administrativo de la central de inteligencia que por esos años regenteaba el campo de concentración Orletti.

Controlada claramente por el oficialismo y compuesta por siete senadores y siete diputados, la comisión se encripta en el cono de silencio. Más allá de eso, lo cierto es que la Justicia federal ya tiene una causa en la que hay una denuncia por sustracción de información de la SIDE. Es la causa número 18480/02, está radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide y se titula “Daidone Juan Carlos y otros, sobre violación de secretos”. El caso se remonta a los últimos días de Fernando de la Rúa y de los sushi en la SIDE. Se especula que fue mucha la información que faltó luego de que De la Rúa abandonara la Rosada en helicóptero. Daidone tuvo más suerte que el ex presidente y recaló en una gerencia de Canal 9. El titular del canal televisivo, Daniel Hadad, está lejos de ser considerado un enemigo de Juan José Alvarez. Ambos compartieron estudios en la Universidad Católica y hasta tuvieron una militancia política común en el peronismo de derecha.

Los aires privatistas en la SIDE fueron la impronta que le grabó Fernando de Santibañes. Cuando el ex banquero cesanteó a más de mil espías, recurrió a los servicios de la consultora que integraban Maika Palacios y el abogado Mario Bi- ssoni para asesorarlo. Con la venia de De Santibañes estos dos consultores tuvieron acceso a todos los legajos que se encuentran en la casa de los espías. No son inocentes los diputados del oficialismo cuando recuerdan estos hechos. Argumentos similares se emplearon cuando la oposición denunció que estaba siendo espiada. Lo cierto es que si alguien tiene que controlar a la SIDE, no se puede afirmar que eso lo haga la comisión bicameral.

“Las reuniones de comisión son secretas”, responde la radical Alicia Mastandrea cuando este diario pretende conocer el temario que el pasado jueves reunió a la bicameral. Opositores y oficialistas muestran en este caso la misma lógica. La comisión fue creada en el 2001 cuando se sancionó la ley de Inteligencia. Estuvo inactiva hasta el 2004, cuando se conformó con la presidencia del fueguino Mario Daniele. Cuando el radical independiente Rodolfo Terragno pidió que se auditen los fondos de la SIDE para detectar los dineros con los que denunció que se podrían haber pagado los sobornos en el Senado, la comisión rechazó el proyecto sin tratarlo. La comisión arrancó en el 2004 y lo pasado pisado. Al auditar los fondos de la SIDE del año 2004, Daniele había asegurado que “no se encontraron irregularidades”.

Actualmente la comisión es presidida por la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba. No accede a hablar del tema. Prima el secreto y la reserva en una comisión que se controla a sí misma y que está sujeta a la fiscalización de la Ley de Administración Financiera, recientemente modificada por el Gobierno para obtener de manera permanente delegaciones del legislativo. Para los propios diputados resulta complejo conocer la entretela de las discusiones de la comisión. Entre las cuestiones pendientes, la comisión no se expidió sobre un proyecto firmado por la senadora Marita Perceval, Miguel Angel Pichetto, Diana Conti y el propio Daniele en el 2005 con el que se buscaba legislar sobre la información secreta. “Buscamos un mecanismo consensuado con el Ejecutivo para llegar a una legislación que permita clasificar y difundir la información que pueda estar en los archivos de la SIDE”, dice Conti a este diario al defender el proyecto. Recuerda también que ése es un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos. Por eso no duda en afirmar que “es una deuda pendiente”. Por lo pronto se sumarán otras deudas. Al fin y al cabo, miembros del establishment político, los legisladores no parecen sorprendidos porque la información de la SIDE se trafique en el mercado privado. Más allá de algunas vestiduras rotas, tampoco se indignan porque algún colega suyo haya trabajado con los espías de la dictadura.