La Justicia uruguaya comunicó a seis militares y un policía que actuaron durante la dictadura las imputaciones presentadas por Argentina para solicitar su extradición, acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. El juez Daniel Tapié informó a los militares y a la policía sobre los pedidos de extradición de los jueces argentinos Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide, quienes investigan delitos y violaciones de los derechos humanos, entre ellos el secuestro y asesinato de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.

Los militares uruguayos están acusados de haber participado en interrogatorios y torturas de prisioneros en el campo de concentración Automotores Orletti, en la década del ’80, en el marco del plan represivo de las dictaduras de la región. Estos represores uruguayos se encuentran presos en la Cárcel Central en Montevideo mientras se tramita la extradición a pedido de jueces de Argentina. Las imputaciones corresponden a los oficiales retirados del Ejército José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, y al ex policía Ricardo Medina, según la agencia Ansa. Los detenidos están procesados por la desaparición en 1976 de opositores políticos uruguayos que se habían refugiado en Argentina.

Durante el operativo por el cual fueron informados, un vallado de seguridad impidió que integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos se aproximaran a los detenidos. Ricardo Arab, al salir del juzgado, levantó los brazos mostrando sus manos esposadas y gritó a los manifestantes: “¿Esto es lo que querían?”. Según el sitio web del diario El País, los uniformados respondieron negativamente cuando Tapié les preguntó si estaban dispuestos a ser extraditados a la Argentina. El mismo diario recordó el sábado que el juez uruguayo Juan Fernández Lecchini decidirá en los próximos diez días si aprueba el pedido de extradición del juez argentino Guillermo Montenegro contra los militares uruguayos que participaron del Plan Cóndor. Este magistrado acusa a los mismos militares de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad.