El ex comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Isaac Anaya, integró la Junta Militar que decidió, en 1982, el desembarco en Malvinas. Libre hasta ayer, el juez federal Sergio Torres acaba de ordenar su detención junto a doce marinos, en el marco de la megacausa de la ESMA. Les tomará indagatoria –al igual que a otros 21 represores ya detenidos– por 266 hechos desprendidos de la investigación principal. Los 34 marinos serán indagados entre mañana y el lunes próximo.

Torres tomará las declaraciones en el marco de la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ese expediente, reabierto tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, concentra las investigaciones por los delitos de lesa humanidad cometidos en el emblemático centro clandestino organizado por el ex almirante Emilio Eduardo Massera.

Los imputados son parte de los 295 nombres que integraron el listado que elevó el fiscal Eduardo Taiano a fines del año pasado en el marco de la investigación. Para Taiano, los represores “organizaron, plantearon o ejecutaron las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, el sometimiento a condiciones inhumanas de vida, la muerte, el robo, la apropiación extorsiva y/o fraudulenta de bienes, la apropiación de niños y la intervención en los traslados”.

En esos términos será indagado Anaya, ex comandante en jefe de la Armada del 12 de septiembre de 1981 al 1º de octubre de 1982, ex director de Personal Naval, entre diciembre de 1977 y febrero de 1980. Anaya fue absuelto y goza de libertad por la conocida causa 13 del juicio a los ex comandantes. La declaración de un testigo permitió ubicarlo en el traslado de un grupo de detenidos en avión, desde Ezeiza a Bahía Blanca.

Los otros pedidos de detención alcanzaron a Antonio Vañek, comandante de Operaciones Navales, de enero de 1977 a septiembre de 1978, y jefe del Estado Mayor de la Armada de septiembre de 1978 a febrero de 1980. Los testimonios lo ubican en la ESMA en 1979; Eugenio Batista Vilardo, capitán de corbeta, jefe de prensa de Cancillería e integrante de la ESMA entre 1977 y 1978; Roberto Pérez Fiorio, ex director general de Prensa y Difusión de Cancillería y miembro de la ESMA entre 1977 y 1978; Oscar Rubén Lanzón, alias Horacio Gurati, quien se desempeñó como jefe de Inteligencia del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA) y hasta 1982 estuvo en la ESMA.

La lista incluyó a otros siete represores: Aníbal José Mazzola, alias “Mayor”, era suboficial de Logística del Grupo de Tareas de la ESMA, hombre de confianza de Jorge “El Tigre” Acosta. Entre 1977 y 1979 estuvo en la ESMA. Miguel Angel Benazzi Berisso, alias Manuel, era otro de los pesos pesado, oficial de Secretaría de Inteligencia en 1976, jefe de Operaciones en el exterior con actividades de agregado naval en Bolivia, compartió la Jefatura de Inteligencia con Rodolfo Donda Tigel cuando ambos eran tenientes de navío. Hugo Enrique Damerio, alias “Jirafa” o “Carlos”, era teniente de navío y estuvo en la ESMA entre 1978 y 1979.

En la nómina figura también el caso del marino y dermatólogo Rogelio José Martínez Pizarro, un cordobés que se desempeñó con una cobertura legal en el consultorio Número 3 de la ESMA, donde se lo vio entre 1977 y 1978 y se lo conoció como “Tomy”. Además, el juez pidió la detención de Carlos José Pazo, capitán de corbeta en 1977 y operativo en los secuestros. De Carlos Jaime Fragio, director de Personal Naval entre febrero y septiembre de 1976. Y de Julio Antonio Torti, jefe del Estado Mayor Conjunto entre el 19 de diciembre de 1977 y el 21 de septiembre de 1978, comandante de Operaciones Navales entre el 22 de septiembre de 1978 y el 5 de febrero de 1980, indultado.

Finalmente, el juez incluyó en la lista a Carlos Guillermo Caros Mason hijo, alias “el hijo de Sam”, que en 1977 permanecía como rotativo y en 1999 ascendió a capitán de navío a pesar de la objeción de los organismos de derechos humanos y querellantes que impulsan las causas por delitos de lesa humanidad.

“Entonces con el objeto de concretar las audiencias dispuestas –dijo el juez en el escrito– toda vez que se trata de personal de la Armada Argentina ofíciese” al “ministro de Defensa” y al “jefe de la Armada Argentina” “a los fines de que constituya en detención”.

El resto de los indagados están detenidos por otras causas, pero también quedarán técnicamente presos en el marco de esta nueva orden. Entre ellos están el Tigre Acosta, Alfredo Astiz y Antonio Pernías. En todos los casos, serán sometidos a las primeras indagatorias de esta nueva causa que tramitará como un desprendimiento de la principal. Entre otros casos, deberán rendir cuenta por las violaciones cometidas contra Graciela Daleo, Juan y Susana Beatriz Pegoraro, Juan Gasparini y Raúl Alberto Mattarolo. Y una vez finalizadas las audiencias, el magistrado tendrá diez días para resolver sus situaciones procesales. Deberá optar entre sus procesamientos con o sin prisión preventiva, los sobreseimientos o la intermedia “falta de mérito”.