Los familiares de las víctimas de Cromañón y los que resultaron heridos tienen que presentar su reclamo por una indemnización antes de cumplirse los dos años de la tragedia. Es decir, antes del sábado. Está cantado que la Justicia va a conceder las indemnizaciones por la destrucción de las vidas, por los efectos en las familiares y en los heridos. Los familiares reclaman montos altísimos, pero Página/12 recabó la semana pasada la opinión de numerosos abogados y jueces que, señalando que cada caso es distinto, diagnosticaron que la indemnización por cada fallecido rondará los 300.000 pesos, que los heridos pueden cobrar entre 30.000 y 50.000 y que el proceso será muy lento. De acuerdo con ese cálculo, el total de las indemnizaciones puede estar en los 220 millones de pesos. El juicio civil por la muerte del actor Adrián Ghío, atropellado por un patrullero en mayo de 1991, aún no tiene fallo definitivo. Las causas civiles iniciadas por el atentado contra la AMIA, en 1994, tampoco. Los abogados y jueces consultados por este diario vaticinaron una demora que parte de los cinco años, pero hay quienes opinan que tardarían más de diez.

José Iglesias cree que los montos indemnizatorios pueden ser muy distintos si la causa queda en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires o si se radica en el fuero federal o el civil. “Ultimamente, la Corte Interamericana ha convalidado indemnizaciones por daño psicológico o daño a la familia que van mucho más allá de la indemnización por una muerte. Hemos tenido algún caso en que se evaluó sólo el daño psicológico en 300.000 pesos. Es cierto que si las cosas quedan en el fuero federal o el civil ordinario, los montos rondarán las cifras que usted menciona. De todas manera existen tribunales que manejan el concepto de sanción ejemplificadora, por lo cual podrían fijar indemnizaciones más altas, que se correspondan con un castigo a quienes fueron responsables de las muertes y las heridas.”

Los consultados por este diario coinciden en que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes tienen el juicio ganado porque existe una responsabilidad objetiva de la ciudad, que no controló como correspondía y que dio una habilitación irregular, en tanto que también está en la mira el Estado nacional, por el fallido accionar de los policías federales. Por supuesto que las demandas irán igualmente contra Omar Chabán, Callejeros y los dueños del predio donde está el boliche, pero ninguno tendrá fondos para responder a esas demandas.

En el caso del ataque contra las Torres Gemelas, el Estado norteamericano designó a un funcionario que debió evaluar cada una de las indemnizaciones. A cinco años de la tragedia, el 97 por ciento de los casos está cerrado y se pagaron los montos correspondientes en función del llamado lucro cesante: la familia de un piloto de American Airways cobró muchísimo más que el empleado de mantenimiento de una torre. El total de la cifra fue pagado por el tesoro de Estados Unidos.

Desde el punto de vista legal, la base de las indemnizaciones en la Argentina es parecida: el lucro cesante. Por ejemplo, en el caso del actor Adrián Ghío, un fallo de primera instancia fijó el monto en un millón de pesos, porque se evaluó que en virtud de los contratos que tenía firmados como actor, en aquel momento con Canal 9, podía lograr ingresos durante su vida por esa cifra. A ello se sumaron los intereses. De todas maneras, esa decisión está apelada por las hijas.

En el caso AMIA, la Justicia no se terminó de expedir sobre las demandas iniciadas, pese a que transcurrieron 12 años y medio del atentado. Algún tribunal fijó una cifra, también en base al lucro cesante, pero esa decisión está apelada. En el marco de la denuncia que Memoria Activa le hizo al Estado argentino, el gobierno nacional firmó un acuerdo que, entre muchos otros temas, establecía la obligación estatal de pagar indemnizaciones. El criterio sería el mismo, el lucro cesante, y la indemnización les corresponderá a los familiares de todas las víctimas, no sólo a las de Memoria Activa.

Sin embargo, hasta el momento en este tema no se avanzó. Tal vez los familiares de las víctimas de Cromañón también podrían buscar una solución amistosa con la ciudad y la Nación, fijando los montos en un acuerdo.

Después del sábado se sabrá cuántos damnificados hicieron el reclamo civil, porque el plazo para iniciar el proceso vence a los dos años del hecho que originó el daño. Hay muchísimas víctimas que no se presentaron como querellantes en la causa penal y 1523 heridos sí pasaron por el proceso de asistencia al sobreviviente. Sin embargo, aquella noche los asistentes al recital eran 4000, por lo que habrá que ver qué cantidad total de demandas se presentan.

Un caso muy similar al de Cromañón se produjo en Rhode Island, en Estados Unidos, cuando murieron cien asistentes a un recital en el boliche The Station, celebrado en febrero de 2003. Las demandas civiles están iniciadas y se centran en el municipio que no controló la instalación de paneles de aislamiento que fueron los que provocaron la muerte por asfixia de los espectadores. Aunque los juicios se van a demorar, el municipio de Rhode Island decidió hacer todos los años una reserva de dinero para cuando tenga que afrontar el pago.