Los abogados de Luis Gerez aseguran que el “hostigamiento” de las fiscales de Escobar al albañil llegó al punto de denunciarlo por “instigar” a su esposa a que no declare en la investigación. La acusación se basa, dicen, en la escucha de una conversación telefónica que la pareja mantuvo el 13 de enero último. La fiscalía ya les imputó falso testimonio a varios testigos del entorno de Gerez y parece cerrar así un círculo de sospechas que no avanza, al menos claramente, en otra dirección. “Un testigo es una fuente de prueba, acá da la sensación de que los fiscales no dan tregua. Que han dicho: ‘salimos a matar a los testigos’ en lugar de ocuparse de lo que pueden llegar a aportar”, dijo César Sivo, un hombre de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, experto en derecho penal, que desde ayer representa al militante kirchnerista secuestrado.

Gerez probablemente no imaginó que aquella charla telefónica que tuvo dos semanas después del secuestro con su compañera, Mirta Praino, se convertiría en un boomerang.

–Tenés una citación para las 13 en la fiscalía –le dijo a su mujer–. El tipo tiene orden de esperarte acá, así que no vengas hasta las cinco. El diálogo quedó volcado en la causa del secuestro de Gerez como parte de las escuchas telefónicas dispuestas por las investigadoras. Al final se trasformó en la base de una denuncia penal contra el propio albañil por “instigación a testigo renuente”, según informó Sivo a este diario.

Hasta ahora, fiscales e investigadores siempre sostuvieron lo mismo: que lo que le falta al expediente son pruebas que permitan confirmar alguna de las hipótesis en danza. A grandes rasgos, una de las líneas sostiene la relación del secuestro con el entorno del ex subcomisario Luis Patti o las huestes de los grupos parapoliciales o paramilitares de la provincia. Y la otra línea pone el eje de la sospecha en el entorno de Gerez.

En esa última dirección parecieron avanzar principalmente los fiscales en las últimas semanas, pero lo que hasta ahora no habían hecho era centrar el eje de la investigación en el propio Gerez. La denuncia de “instigación” no deposita en él todas las sospechas, pero lo sugiere.

“Una instigación significa que existe dolo, interés de parte de una de las partes para que otra no haga algo, como en este caso, comparecer”, dice Sivo. “Pero lo que ocurrió en ese diálogo entre Gerez y Praino no es una instigación a que su mujer no comparezca nunca, que es lo que ellas tendrían que ver”, añade.

Lo cierto es que más allá de las razones por las que Gerez le dijo lo que le dijo a su mujer, no es lo más habitual en las investigaciones penales que la Justicia disponga escuchas telefónicas sobre la víctima.

Hasta el momento, la fiscalía dijo que adoptó esa medida para evitar que los testigos les “tomen el pelo”.

Hasta ahora las denuncias de los fiscales contra los testigos son por lo menos cuatro, y dos de ellos ya fueron notificados.

Una de esas personas es Jorge Altamirano, el dueño de la casa del barrio Lambertucci desde donde fue secuestrado Gerez. Según el relato de los querellantes, que tienen acceso al expediente, la fiscalía lo denunció por falso testimonio. Altamirano declaró en la causa el 28 de diciembre y el 9 de enero. Siempre dijo que él permaneció todo el tiempo en Escobar mientras Gerez estuvo secuestrado. La última vez que fue a declarar, “cuando dijo eso, las fiscales le mostraron las comunicaciones de donde surge que él operó su celular desde la localidad de Matheu a la 0.30 del 28 de diciembre y desde Garín a las 3.10 de la mañana”, explica Sivo.

La lista de denunciados siguió con Martín Capandengui, un abogado colaborador de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que se ofreció a conseguirle a un testigo un certificado médico como para que no se presente a declarar. Los fiscales lo acusaron de “obstrucción de la justicia”. Según la querella, uno de los problemas de esta denuncia es la decisión de las intervenciones telefónicas arbitrarias, que llegaron en este caso a un abogado amigo personal de Altamirano. Otro de los denunciados se llama Rivadeneira, y es un albañil conocido de Gerez.

La pregunta que sigue pendiente es sobre el secuestro de Gerez y sobre los responsables. Desde el inicio, las fiscales parecieron dejar en claro que dan por válida la hipótesis del secuestro a partir dos pericias médicas, una de un clínico y otra de un psiquiatra que confirman que el shock y las lesiones coinciden con las que él denunció. Luego, comenzaron a poner en duda la veracidad de los testigos. Y aunque nunca descartaron completamente la hipótesis que vincula al entorno de Luis Patti o grupos de policías relacionados con la comisaría de Escobar, no dispusieron medidas para esclarecerlo.