En medio de los duros ataques lanzados por el presidente Alan García contra el Congreso por haber rechazado su propuesta de implantar la pena de muerte, se han comenzado a escuchar voces que llaman al cierre del Parlamento. Primero fue la bancada parlamentaria del Partido Nacionalista (PN), que lidera Ollanta Humala, cuyo vocero, Juvenal Ordóñez, sorpresivamente propuso convocar una Asamblea Constituyente con facultades para cerrar el actual Congreso. Inmediatamente después llegó el turno del oficialismo, que aprovechó la propuesta humalista para lanzar su propia iniciativa de cierre del Congreso. El parlamentario oficialista Aurelio Pastor, presidente de la Comisión de Constitución, propuso el cierre del Congreso, en el cual el oficialismo no tiene mayoría, para convocar nuevas elecciones parlamentarias. El objetivo, confesó Pastor, era buscar una mejor correlación de fuerzas para el oficialismo, que actualmente tiene solamente 35 representantes en el Parlamento unicameral de 120 bancas.

Ordóñez lanzó su propuesta un día después de que el nuevo presidente ecuatoriano, Rafael Correa, convocara elecciones para una Asamblea Constituyente. Pero la iniciativa humalista fue rechazada inmediatamente por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluyendo a los miembros de Unión por el Perú (UPP), los ex socios del PN que apoyaron la candidatura presidencial de Humala. Humala quisiera una Asamblea Constituyente, como en Bolivia y Ecuador, pero el humalismo, que luego de sucesivas divisiones tiene solamente 21 representantes en el Congreso, no tiene posibilidades de sacar adelante esta propuesta en el Parlamento y tampoco tiene, en este momento, el apoyo popular como para impulsar esta iniciativa desde las calles.

“El humalismo ha querido imitar a Ecuador y aprovechar el desencuentro que hay en este momento entre el Congreso y la opinión pública por el tema de la pena de muerte, que la ciudadanía apoya mayoritariamente pero que el Congreso ha rechazado, para lanzar esta propuesta, que en este momento no tiene ningún sustento”, le declaró a Página 12 el analista político y columnista del diario La República Alberto Adrianzén. “La Constitución actual debe ser modificada porque, por ejemplo, impide que se revisen los contratos con las transnacionales, desprotege a los trabajadores, impone un Congreso unicameral muy pequeño, entre otras muchas razones. Siendo necesaria la Asamblea Constituyente, creo en este momento esa propuesta es políticamente inviable y eso lo sabe el humalismo, que, sin embargo, lanza la iniciativa como una forma de tapar su carencia de propuestas concretas en los temas que están en la agenda política y por su necesidad de tener presencia”, le dijo a este diario Carlos Reyna, politólogo y catedrático de la Universidad Católica.

Ha sido el oficialismo quien ha sacado provecho de la propuesta humalista para convocar una Asamblea Constituyente y cerrar el Congreso. El presidente García ha utilizado esta iniciativa para acusar a la oposición de buscar crear desorden y desestabilizar el país, y, acto seguido, su bancada parlamentaria ha propuesto cerrar el Congreso, argumentando que la oposición es irresponsable y traba la acción del gobierno, pero no para convocar una Asamblea Constituyente, sino nuevas elecciones parlamentarias, que el oficialismo espera le den una mayor presencia en el Congreso.

“Se debería pensar en disolver el actual Congreso para llamar a elecciones que estoy seguro nos darán un Parlamento que nos permita gobernar con mayor certidumbre”, señaló el congresista oficialista Aurelio Pastor, al momento de lanzar su controvertida propuesta. Para poder disolver el Congreso constitucionalmente, es necesario que previamente éste censure consecutivamente a dos gabinetes. Pastor adelantó que el presidente García podía forzar esta situación. Durante la campaña electoral García amenazó con cerrar el Congreso si éste no apoyaba sus propuestas fundamentales. Y hace unos días el Parlamento rechazó una propuesta que García considera fundamental para su gobierno: la reimplantación de la pena de muerte para los sentenciados por terrorismo. A partir de esa derrota en el Parlamento, García ha comenzado una ofensiva contra el Congreso, acusando a los parlamentarios de “estar de espaldas al pueblo” e insistiendo en reimplantar la pena de muerte a través de un referéndum, a pesar de que la Constitución prohíbe someter a referéndum la reducción de derechos fundamentales, algo que la oposición parlamentaria le ha recordado, para su disgusto.

“Con esta propuesta de cerrar el Congreso el gobierno ha mostrado por fin una carta que venía jugando de manera oculta desde hace un tiempo. Pero el tiro le puede salir por la culata”, asegura Reyna.