Con toda la diplomacia del caso, los delegados argentinos contuvieron la alegría mientras escuchaban el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Pero después de varias semanas de pesimismo oficial la sorpresa era innegable. El tribunal rechazó la medida cautelar que pedía Uruguay para poner fin a los cortes de ruta contra la instalación de la papelera Botnia. Catorce jueces contra uno evaluaron que el país vecino no pudo probar que la protesta cause un “riesgo inminente de perjuicio irreparable”. Después de conocerse el fallo, el presidente Néstor Kirchner salió a alentar una salida dialogada. “Siempre tenemos nuestros brazos abiertos para nuestros hermanos uruguayos, siempre estamos dispuestos al diálogo”, señaló, con un reproche subyacente al gobierno de Tabaré Vázquez, que cortó las conversaciones el año pasado. Bregó, además, por encontrar “una síntesis” para superar el diferendo (ver aparte). El canciller uruguayo Reinaldo Gargano se mostró asombrado por la resolución pero reiteró que no negociarán “con los puentes cortados”.

“La Corte nota que pese a los cortes, la construcción de la planta de Botnia continúa en forma significativa desde el verano de 2006”, leyó la presidenta del tribunal, la inglesa Rosalyn Higgins, cerca del minuto cuarenta, en el tramo final de la sentencia. Reiteró, a la vez, el llamado a los países en pugna a “continuar el diálogo en vistas a encontrar una solución al conflicto” y “evitar cualquier acción que pueda hacer más dificultosa la disputa”.

El gobierno uruguayo le había pedido a la Corte Internacional que ordene a la Argentina que tome “medidas razonables y apropiadas” para prevenir o frenar los bloqueos en Gualeguaychú, Colón y Concordia. Señalaba que desde el 20 de noviembre de 2006 “grupos organizados de ciudadanos argentinos” habían obstruido “un puente internacional vital sobre el río Uruguay” provocando un “daño económico enorme”. El gobierno argentino replicó que los cortes son “esporádicos”, “parciales” y “geográficamente localizables” y que no acarrean consecuencias económicas. Creía más factible, sin embargo, que el tribunal de Naciones Unidas se declarara incompetente.

La Corte señaló que “no está convencida de que los cortes de ruta lleven consigo el riesgo de daño irreparable a los derechos de Uruguay” ni “tampoco está demostrado que ese riesgo sea inminente”. A la vez se atribuyó “jurisdicción en el pedido de medidas provisionales” para “preservar los derechos de las partes” mientras continúa la discusión sobre la legalidad misma de la instalación de la planta de la pastera finlandesa en Fray Bentos.

“Estamos conformes”, dijo el canciller Jorge Taiana al conocer el fallo. “Los jueces han entendido cabalmente” la situación, analizó. En la línea del discurso de Kirchner remarcó que “la ventaja” de la decisión de La Haya es “quitar la cortina de humo que son las excusas para no dialogar por el tema de fondo”.

Los expertos argentinos que escucharon la sentencia en las butacas del Palacio de la Paz reaccionaron con alivio y mesura. A la salida, la jefa del grupo se autodefinió “muy satisfecha” y esquivó comentarios o gestos de victoria. “La cuestión de fondo continúa, ahora hemos despejado un aspecto que estaba distrayendo la atención”, advirtió la funcionaria, que al rato se tomó el avión de regreso.

Ruiz Cerutti –la experta oficial en los detalles técnicos– recordó que la primera denuncia en La Haya, y la única que sigue en pie, fue motorizada por la Argentina en mayo de 2006. Primero pidió una medida cautelar para frenar la construcción de las pasteras, que en julio fue rechazada. Entonces la votación también fue 14 a 1, pero en ese caso el “uno” fue el voto del juez ad hoc argentino, Raúl Vinuesa, mientras que ayer el “uno” correspondió al de Uruguay, Santiago Torres Bernárdez.

Pero más allá de aquel tropezón, el juicio principal sigue adelante: la acusación argentina dice que Uruguay violó el tratado del río compartido al decidir la instalación de las pasteras en forma unilateral y denuncia que habrá un daño ambiental irreversible. Estos argumentos fueron entregados en más de 2500 páginas la semana pasada ante los jueces de las togas negras y los pañuelos blancos. Ruiz Cerutti hizo notar ayer a los periodistas que cuando se estaba por vencer el plazo para elevar esa “memoria”, los uruguayos presentaron su demanda sobre los cortes, un gesto al que atribuyó una intención de complicar el proceso.

En la resolución sobre los bloqueos la Corte Internacional incluyó una alusión al Tratado del Río Uruguay: llamó a ambos estados parte a “implementar de buena fe los procedimientos de consultas y cooperación que determina el Estatuto de 1975”. La recomendación fue leída en el equipo de Ruiz Cerutti como un “poroto” a favor.

El fallo central de la Corte Internacional recién se conocería entre fines de este año y comienzos de 2008. Para entonces, la planta de Botnia ya estaría funcionando. En lo inmediato, la Casa Rosada resalta las expectativas en una negociación bilateral y en los intentos del facilitador español Juan Antonio Yáñez Barnuevo de acercar posiciones entre los países en conflicto (ver recuadro). El enviado del rey también viene manteniendo conversaciones con la empresa Botnia, un dato que cobra relevancia teniendo en cuenta que la Argentina pudo negociar meses atrás la relocalización de Ence.

Ruiz Cerutti explicó que el gobierno vecino tiene la chance de pedir una nueva medida cautelar siempre que sea por “hechos nuevos”. También alentó que se busque “una solución negociada”. Pese a su derrota, el jefe de la delegación uruguaya, Héctor Gros Espiell, sostuvo que después del nuevo fallo se “abre un camino de posible diálogo para la solución”. “Es de esperar que los gobiernos de ambos países lleguen a una solución amistosa”, vaticinó. “Un fallo es un fallo y hay que admitirlo”, se resignó. Igual aclaró que su país “sigue pensando que el bloqueo es algo ilícito y la Corte en ningún momento lo justificó”.

Las asambleas ambientalistas de Entre Ríos confesaron su sorpresa ante la resolución internacional y consideran que su protesta gana legitimidad.