El represor Luis María Mendía, ex comandante de Operaciones Navales, admitió haber impartido órdenes a los marinos “en la guerra contra las organizaciones subversivas y terroristas”, que fueron cumplidas –según dijo– “cabalmente y sin excederse”. Mencionó que los marinos, que secuestraron, torturaron y arrojaron miles de personas vivas al mar, “combatieron con abnegación, valor, valentía, subordinación y heroísmo” en base al “Plan de Capacidades” (Placintara) que llevaba su firma. La alusión a aquel Plan no es casual: se trata de un documento elaborado a partir de los decretos que durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón ordenaban “aniquilar a la subversión”. El marino solicitó que sean citados la viuda de Perón, Italo Argentino Luder y los ex ministros Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero.

Mendía llegó ayer a los tribunales federales de Comodoro Py acompañado por su abogado, Juan María Aberg Cobo. De 82 años, entró al juzgado de Sergio Torres en muletas decidido a hacer su descargo. Su declaración fue en realidad una exposición, ya que no contestó preguntas del juez ni del fiscal Eduardo Taiano. Y apuntó en varias direcciones: por un lado se hizo cargo de haber impartido órdenes e hizo una defensa de quienes cumplieron lo que llamó “actos de servicio” pero, a la vez, buscó responsabilizar de esas mismas directivas al gobierno de Isabelita. Además, se refirió a la supuesta participación de los servicios secretos franceses en los crímenes de la dictadura. Así, Mendía, que comparte abogado con Alfredo Astiz, compartió también el juego del represor condenado en ausencia en Francia, quien la semana pasada buscó incriminar a agentes de ese país en el asesinato de las religiosas Alice Domon y Léonie Duquet y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

“Para que quede claro: la ley (20.840) y los decretos parecieron haber servido como legalización del accionar que hasta la sanción de los mismos se venían desarrollando desde ya mucho tiempo en el gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón en materia de seguridad, de lucha y de represión contra la subversión y el terrorismo armado. Las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales nada inventaron el día 24 de marzo de 1976 ni con posterioridad a esa fecha”, afirmó Mendía en la declaración a la que tuvo acceso Página/12.

Ante la Justicia, Mendía no hizo alusión a los “vuelos de la muerte”. Su relación con esa metodología criminal surge de la confesión del ex marino Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky. “Con respecto a los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminarlos comentó que iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino”, relató sobre Mendía el represor condenado en Madrid a 640 años de prisión (ver aparte).

Ayer, Mendía, que luego de desempeñarse como comandante de Operaciones Navales fue jefe de la delegación argentina ante la Junta Interamericana de Defensa en los Estados Unidos, repitió el discurso que ya había usado cuando declaró como testigo en el juicio contra los ex comandantes. En esa oportunidad también habló del Placintara.

Esa disposición, de noviembre de 1975, establecía, por ejemplo, el “traslado de los detenidos al lugar que se utilice para su guarda transitoria y para efectuar la investigación militar hasta la entrega, a disposición del tribunal militar o penal correspondiente” y señalaba que “la detención no podrá prolongarse por más de 48 horas, limitándose al tiempo necesario para recibir las declaraciones o informes”. En el punto 2.7 del apéndice 3 al anexo C, Operaciones Psicológicas, se afirmaba que “para el éxito de las operaciones es necesario lograr el apoyo y no el rechazo de la población, a tal efecto es importante emitir, al iniciarse la misma, comunicados por los medios disponibles explicando el propósito y requiriendo comprensión por las molestias que se puedan ocasionar; asimismo, al finalizar la operación se dará normalmente un nuevo comunicado dando los resultados, personas detenidas, situación procesal y de ser conveniente material secuestrado y antecedentes de los inculpados”.

Cosas muy diferentes ocurrieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en otros centros clandestinos regenteados por la Marina. Las personas secuestradas eran mantenidas en el lugar mucho más que dos días y eran sometidas a todo tipo de torturas. Su paradero era ocultado a quienes preguntaban. Y en ese estado se mantenían aún luego de que hubieran sido arrojadas al mar o asesinadas a través de otra metodología. Además, niños nacidos en esos sitios durante el cautiverio de sus madres fueron apropiados y su identidad fue falseada. Nada de eso mencionó Mendía ayer en el juzgado. Pero sin hablar de los crímenes, buscó la forma de reivindicarlos. Lo hizo al elogiar, en varias oportunidades, a sus subordinados, que cumplieron “cabalmente” sus órdenes.

También repitió la estrategia de los ex comandantes en el Juicio a las Juntas al buscar responsabilizar a la viuda de Perón y a Luder por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura. El argumento ya fue rechazado por la Cámara Federal porteña al juzgar a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y compañía. Pero Mendía insistió y mencionó dos casos de desapariciones anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sugestivamente fueron las de Héctor Aldo Fagetti Gallego y la de Maurice Jeaguer. La primera está siendo investigada por el juez de Mendoza, Raúl Acosta, quien, por ese hecho, pidió la detención de Isabel Perón. La segunda es la de un ciudadano de origen francés.

Como Astiz, Mendía intentó involucrar a los agentes franceses a partir del documental Los Escuadrones de la Muerte. La escuela francesa, que narra las enseñanzas que los veteranos de la guerra de Argelia le daban a los argentinos. En esta línea solicitó que sea citada la periodista Marie Monique Robin, además del ex primer ministro Pierre Messmer, el ex presidente de Francia Valery Giscard D’Estaing, el ex embajador Françoise de la Gosse y el diputado del Partido Verde Noël Mamere. Por supuesto, también reclamó el testimonio de la viuda de Perón y de Luder, Ruckauf y Cafiero por los decretos que ordenaban en 1975 el “aniquilamiento del accionar de la subversión” y facultaban a las Fuerzas Armadas a realizar esa tarea.