Desde Córdoba

Los restos de Guillermo Daniel Bártoli, que habría sido asesinado el 25 de mayo de 1976 por fuerzas del Ejército e inhumado en forma clandestina el 22 de julio del mismo año en la gran fosa común del cementerio San Vicente de esta capital, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el laboratorio Lidmo. Las presunciones de los antropólogos se confirmaron luego del análisis de ADN practicado a la hermana de éste, María del Carmen, que ofreció una probabilidad de parentesco del 99,9 por ciento. Ya son doce los cuerpos que recuperan su identidad en el marco de las causas que se tramitan en el Juzgado Federal Número 3, que investiga los crímenes ocurridos bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército. En Catamarca, querellantes solicitaron la detención del ex comandante de esta jurisdicción militar, el general Luciano Benjamín Menéndez, y de otros militares.

La última noticia que los amigos y familiares de Guillermo Daniel Bártoli tuvieron de él fue el 25 de mayo de 1976. Sin saber lo que le había pasado y ante el silencio de las autoridades militares y policiales, la familia realizó la denuncia para averiguar su paradero. Pero nada supieron de él hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense y el laboratorio Lidmo confirmaron que uno de los noventa y dos cuerpos exhumados de la fosa común del cementerio San Vicente, que están siendo analizados desde 2003, correspondía a Bártoli.

A punto de cumplir los veintiséis años el 14 de junio, hijo de Mario Argentino y de Irene Pabla Gauna, nacido en La Carlota, una ciudad del sureste cordobés, Daniel Bártoli fue asesinado el 25 de mayo del ’76 de cuatro balazos que impactaron en el cráneo y en el tórax, según se desprende de la autopsia realizada por los antropólogos. Con pocos datos todavía sobre los autores y el lugar preciso del crimen, lo único que se sabe de Bártoli es el derrotero que su cuerpo masacrado sufrió a manos de la burocracia dictatorial.

El libro de la morgue judicial registra que el 27 de mayo, a las 22.30, ingresó un cadáver NN adulto masculino, que fue remitido por la seccional 2 de policía, que a su vez había recibido la orden del juez militar Número 70. En el escrito se informaba la muerte de una persona “producto de una herida de bala, luego de un enfrentamiento policial, habiendo sido el mismo retirado por Sanidad Policial el 28 de mayo”. Casi dos meses después, en el acta fechada el 21 de julio de 1976, suscripta por el juez de Instrucción Militar de turno de la Guarnición Militar Córdoba, teniente coronel Angel René Médici, se desprende la “inhumación en la fosa común del cementerio San Vicente de esta ciudad, de cinco cadáveres identificados como de Guillermo Bártoli, Rubén Casas, José Osatinsky, Jorge Sánchez y José María Villegas, los cuales se encontraban con sus correspondientes certificados de defunción, y de otros cinco cuerpos sin identificar”. En el libro de entradas y salidas de la morgue se registra el traslado de esos cuerpos a San Vicente durante las primeras horas de la noche del 22 de julio, fuera del horario de funcionamiento del cementerio. Una vez ahí, “fueron arrojados desnudos y apilados en el cuadro C de la fosa común de esta necrópolis”, dice la resolución judicial.

Con esa información oficial los antropólogos chequearon los datos que ellos tenían sobre los cuerpos exhumados en esa fosa y le solicitaron la extracción de sangre a María del Carmen, la hermana de Daniel. El resultado del examen de ese ADN arrojó una probabilidad de parentesco del 99,9 por ciento. “Sólo falta que nos entreguen del Registro Civil el certificado de defunción de Daniel Bártoli, para que le entreguemos a la familia sus restos”, dijeron a Página/12 desde el juzgado de Garzón de Lascano. Hecho que probablemente ocurra la semana que viene.

En tanto, en Catamarca, la querella de familiares de desaparecidos solicitó al juez federal Ricardo Moreno la detención de los generales retirados Carlos Alberto Lucena, Luciano Benjamín Menéndez y del oficial en actividad Raúl Gallardo, a quienes acusan de “crímenes de lesa humanidad”. El abogado Guillermo Díaz Martínez pidió esta medida por las desapariciones de Griselda del Huerto Ponce, Francisco Ponce y su sobrino Julio Genaro Burgos, secuestrados y asesinados por fuerzas militares durante el gobierno militar entre abril y diciembre de 1976.