“Repudiamos y desmentimos las declaraciones mentirosas de la ministra”, dicen los vecinos de lo que fue Villa Cartón y ahora es un barrio de carpas alineadas, en un sector del Parque Roca, en el sur de la ciudad. La ministra es Gabriela Cerruti, titular de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad, quien el miércoles había disparado duro contra uno de los dirigentes del barrio, el ex diputado Tomás Devoto, a quien de alguna manera responsabilizó por lo ocurrido. La frase es parte de un texto, resultado de la asamblea de vecinos, y resume bien lo que dice cada habitante que se cruzó ayer por la tarde con Página/12, en una recorrida por el lugar. Allí esperan la construcción de las viviendas transitorias, de madera y fibrocemento, que se levantan a 200 metros de las carpas, sobre la avenida costanera del Riachuelo.

“Se nos quemaron hasta los documentos, ¿cómo vamos a hacer eso?”, dice Gabriela Romano, de 27 años, con tres hijos (la mayor de 11, el más chico, de 2), para rechazar la teoría de que fueron habitantes de la villa los que iniciaron el fuego que destruyó casi todo el caserío, hace dos semanas. “Es todo mentira, para que nos dejen tirados acá”, agrega otra vecina.

Cerruti había sugerido alguna complicidad de los habitantes del barrio con quien encendió el fuego, al afirmar que “nadie resultó herido, ninguno muerto, los caballos habían sido sacados; esto habla de organización previa”. También dijo que muchos habían sacado sus cosas. Y sembró sospechas serias sobre los dirigentes del barrio: “Esto no puede hacerse sin que estén informados”, conjeturó. La ministra llevó el jueves a la Justicia elementos que apoyarían esta hipótesis.

“Los que llevaron los caballos al barrio Ramón Carrillo era gente que había llegado a la villa hace dos o tres meses. El resto dejó sus caballos en el barrio”, relata Juan Carlos Peralta. Muchos vecinos que trabajan como cartoneros usan los animales para trasladar sus carros. Peralta cuenta que incluso su propia esposa y su hijo de 16 años se salvaron por milagro, “porque habían quedado encerrados por el fuego y pudieron saltar el paredón que da al Parque de la Ciudad. Ella se lastimó una mano y tuvo que ir al hospital”.

Miriam Aquino, una de las delegadas del barrio, dijo a este diario que las acusaciones de Cerruti son “para esconder su responsabilidad”. “Las cosas que se pudieron salvar del fuego son las de la gente de las manzanas 1 y 4, adonde no alcanzó a llegar el fuego”, dijo, para rechazar acusaciones.

Los vecinos mantienen lo que dijeron desde el primer día: coinciden en que el incendio fue provocado, pero que se inició por un ataque desde afuera. “Habíamos recibido amenazas de que nos iban a quemar como a ratas. El 28 de diciembre lo denunciamos ante el ministro del Interior y al Gobierno de la Ciudad, y no hicieron nada”, comenta Marcela González, de 27 años, madre de dos niños.

Los vecinos aprovechan la presencia del cronista para mostrar su condición de evacuados. Son más de 1200, que se distribuyen en 57 carpas, algunas más chicas, que albergan a dos o tres familias, y otras multitudinarias, con espacio para unos treinta grupos familiares. Un equipo de soldados prepara la cena en un camión-cocina de campaña, mientras los evacuados esperan, dentro o fuera de las carpas, bajo un sol que castiga. “Nos entregan agua, pero a veces no es suficiente para todo el día y hay momentos en que de las canillas no sale nada”, se quejan algunos.

“No queremos que nos den de comer”, aclara Marcela. “Pero estamos aislados, como a quince cuadras de la entrada (del parque), en una zona donde no hay ni un almacén.”

Ya no están todos los que eran al principio: algunas familias –se estima que unas 50– aceptaron un subsidio de entre 15 y 25 mil pesos para volver a su país o provincia de origen. El resto sigue esperando.

Las viviendas transitorias son construidas por la Cooperativa de Trabajo Carlos Mujica. Se estima que para la semana próxima estarán terminadas las primeras treinta, sobre un total de 300. Como las manos no dan abasto, ayer, la cooperativa comenzó a reclutar trabajadores entre los propios habitantes de la villa.

Cada familia tiene su drama, en cada carpa se respira la emergencia. Como el caso de Balvina López (24), que tiene la guarda de sus tres hermanos menores y aparece en un censo de principios de 2006, pero no en el último, de diciembre, y no le reconocen el derecho a la vivienda definitiva.

“Hay que ver caso por caso”, dice Miriam, la delegada. “Hubo quien vendió su casilla y ahora viene a reclamar. Tuvimos 300 familias infiltradas”, explica. El sol cae detrás de las carpas y las delegadas siguen reunidas con las autoridades porteñas.