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Las amenazas recibidas por el abogado Claudio Pandolfi, que representa a las víctimas de la masacre de Avellaneda, fueron hechas desde una línea telefónica que pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Ya sabemos en qué cuevita te escondés. Te vamos a matar como a un perro, como a Santillán”, fue el mensaje que una voz dejó en el contestador automático de su estudio en Lanús, el 1º de julio cerca de las 13. Pandolfi detectó que la llamada fue realizada desde el número 0221-429 5500 y Página/12 pudo comprobar que discándolo se establece comunicación con el conmutador de la Torre II donde funcionan algunas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. El descubrimiento fue incorporado a la causa en la que el fiscal Juan José Vaello investiga las amenazas recibidas por el letrado y algunos testigos de los homicidios del 26 de junio. El letrado, en representación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se encuentra en Guatemala participando de un encuentro convocado por las Naciones Unidas sobre la situación de riesgo que corren los militantes. Esa organización tiene el triste record de haber motivado desde su creación cinco “acciones urgentes” de Amnistía Internacional (ver aparte). La última (AU 201/02) se refiere a la intimidación hacia Pandolfi.
A pedido del fiscal Vaello, Telefónica envió a su fiscalía un listado de números de los que salieron llamadas hacia su teléfono el 1º de julio entre las 12 y las 13, pero cuyo abonado la empresa no pudo detectar. Pandolfi identificó algunos como pertenecientes a personas conocidas y otros a medios de comunicación. Pero uno le llamó la atención, el 0221 429 5500. El letrado y su colega María del Carmen Verdú escribieron ese número en el buscador de Internet de las Páginas Doradas. Se sorprendieron al ver que figuraba como correspondiente a la Dirección de Comunicaciones de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al ingresar en el organigrama oficial aparece como el número de la Secretaría de Ingresos Públicos. Una vez más, apretaron el mouse y fueron a la página web de ese organismo pero el número telefónico era otro. Cansados por la confusa navegación, cortaron por lo sano: discaron el número y volvieron al principio. “Guardia policial, torre 2, buenos días”, escucharon sorprendidos del otro lado de la línea. Concluyeron que se trata de un “número operativo”, es decir, disponible para usos no convencionales.
Este diario discó ayer a la tarde el mismo número. Quien atendió lo hizo diciendo “funcionarios”. Ante la consulta para obtener alguna precisión el interlocutor respondió: “Esto es un organismo oficial, ¿con quién quiere hablar?”. En la guía Directory figura como el número del conmutador de la torre II del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ubicada en las calles 12 y 53 de La Plata. Allí funcionan algunas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, como la Subsecretaría de Justicia y la Subsecretaría de Política y Readaptación Social.
Aunque la llamada fue realizada durante la gestión de Luis Genoud al frente de ese ministerio, el fiscal debería pedir explicaciones al actual ministro del aérea, Juan Pablo Cafiero. La abogada Verdú se preguntó “por qué el fiscal no pudo hacer lo mismo que nosotros, que no usamos un Excalibur”. Y expresó que “esto sólo ratifica que hay que establecer las responsabilidades políticas del caso, no sólo de las amenazas sino de la masacre porque si no van a volver a argumentar que la llamada fue un hecho aislado de un funcionario que se dedica a hacer cargadas”.
Los abogados de la Correpi tienen pocas esperanzas de que la Justicia determine el origen de las amenazas, a pesar del particular descubrimiento. En su momento, Pandolfi había recibido la intimidación sin inquietarse y explicaba que están acostumbrados a este tipo de hechos. Desde 1995 recibieron sucesivas amenazas de muerte e intimidaciones, al punto que Amnistía Internacional emitió cinco “acciones urgentes” para alertar sobre el temor por la integridad física de los integrantes de esaagrupación. Esas acciones instan a que se envíen llamamientos al Ministerio del Interior y al de Relaciones Exteriores pidiendo investigaciones exhaustivas de los hechos y garantías para los defensores de derechos humanos.